El expresidente de Escal UGS y su ex consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, acusados en el juicio por los seísmos provocados por la inyección de gas en el proyecto Castor en septiembre de 2013, han declarado este lunes que durante ese proceso "nadie percibió el más leve temblor".
Según han señalado en el juicio que se sigue desde hoy contra ellos en la Audiencia Provincial de Castellón, la actividad que realizó la empresa en 2013 "no ha alterado" la peligrosidad en la falla de Amposta, que según defienden sigue siendo la más baja de España, y durante el proceso se cumplieron todos los protocolos de seguridad.
Durante once sesiones, la Audiencia Provincial de Castellón acoge el juicio del conocido como "caso Castor", donde están acusados los dos directivos de Escal UGS y que tratará de determinar su responsabilidad en más de 500 seísmos causados por la inyección de gas en la plataforma Castor, situada en un antiguo yacimiento petrolífero marino de Amposta, a más de 1.700 metros de profundidad y a unos 22 kilómetros de la costa castellonense de Vinaròs, y que se clausuró definitivamente en 2017.
La acusación popular, ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, pide siete años de prisión para los dos directivos de la exconcesionaria por los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente "con riesgo grave de perjuicio para la salud de las personas y grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico".
En la primera sesión del juicio, Del Potro ha explicado, a preguntas de la fiscal, que se conocía la existencia de microsismicidad en la zona, pero que se daba la misma en dos ejemplos en plantas que todavía funcionan, y que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había determinado que lo mayor que podía producirse en la zona de inyección (frente a las costas de Vinaròs) era un seísmo de 4,7 grados, una cifra "lejos de suponer un riesgo real".
Ha indicado que un informe del Instituto Francés del Petróleo sobre la falla de Amposta fue "sumamente satisfactorio" e indicaba que no había riesgo en la inyección hasta los 49 bares de presión.
Según Del Potro, Escal UGS inyectó gas frente a las costas de Vinaròs a 7 u 8 bares máximo, y el almacén "se comportó incluso mejor de lo esperado" durante las pruebas. Asimismo ha indicado que el 10 de septiembre de 2013 se produjeron los primeros microseísmos y para estabilizar la zona se redujo a la mitad el caudal de gas. Esos pequeños temblores se repitieron en días posteriores, ha agregado.
El Observatorio del Ebro, entidad que monitorizaba los trabajos a nivel sísmico, indicó a Escal el día 13 que aconsejaba "reducir la inyección", algo que, según ambos acusados, ya se había hecho por precaución.
Ambos han indicado que en todo momento se trasladó la información a las administraciones competentes y que a las 48 horas se trasladó al Ministerio de Industria un informe con los datos recabados tras los primeros microseísmos, y que se renunció a la concesión porque después de que se ordenara la paralización de la actividad, el 26 de septiembre, se desconocía cuándo se iba a autorizar de nuevo trabajar y "eso afectaba a la viabilidad del proyecto".
"Mientras inyectamos nadie sintió nada", ha declarado Del Potro. Los seísmos que se registraron fueron de 2,5 de magnitud, ha añadido, y esa intensidad (es decir, cómo se percibe), "fue menor de dos", por lo que "nadie percibió el más leve temblor durante la inyección".
Además, ha indicado, "los primeros temblores se situaron por el IGN y por el Observatorio del Ebro a 20 y 15 kilómetros de distancia del punto de inyección, una distancia que no estaba claro que pudiera estar relacionada con el Castor", aunque ha señalado que "fue semanas después cuando se precisó la zona, pero no en tiempo real".
También ha hecho referencia al estudio del IGN sobre la falla de Amposta, que según ambos directivos sitúa al área frente a las costas de Vinaròs como la de más baja sismicidad desde Francia a Gibraltar, y ha asegurado que la actividad del Castor "no alteró la peligrosidad de la zona".
Martínez Dalmau, por su parte, ha señalado que se analizaron y barajaron todos los riesgos por "los mejores especialistas que definieron el proyecto", el cual estaba "completamente auditado" de manera "tremendamente exhaustiva", en referencia a lo dos procesos de financiación del mismo que se llevaron a cabo.
El ex consejero delegado ha negado que la actividad haya causado "daño o peligro" al medio ambiente, ya que "se dio una intensidad de 3, en una escala del 1 al 12 en la que el grado para que se produzcan daños es el 6".
Ambos han indicado que, de no haberse decretado la paralización de la actividad, el plan del proyecto habría continuado con nuevas inyecciones.
Durante la sesión han declarado además cinco testigos, tres de ellos miembros del consejo de administración de Escal UGS, que han indicado que la tramitación fue "exquisitamente correcta".
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