Sí o no, he ahí la cuestión. El núcleo duro del PSOE y de Moncloa discrepa sobre la convenencia de que Pedro Sánchez se haga una foto con el expresidente catalán y líder de Junts prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. Según ha sabido este diario, la amenaza de este lunes en forma de exigencia de moción de confianza, ha reactivado el debate. Moncloa, en cualquier caso, achaca la declaración de Puigdemont a la necesidad de su partido de ganar protagonismo de cara a la negociación de los presupuestos, pero las fuentes consultadas admiten que toca hacer algún gesto para frenar los "fuegos de artificio" de Junts. El Gobierno descarta esa moción, que es prerrogativa del propio jefe del Ejecutivo.
Hace justo un año que Sánchez dijo que estaba dispuesto a verse con Puigdemont. Lo cierto es que un encuentro entre ambos sería una victoria política para Junts, que vería a su líder mesiánico -fue quien proclamó la independencia en 2017 durante ocho segundos- rehabilitado públicamente. Y eso, según el independentismo, constituiría “una bajada de pantalones” por parte del Gobierno español a la que no se pueden resistir. Ya durante las negociaciones de investidura, el PSOE acordó esa cita para la "rehabilitación total y definitiva" del prófugo de la Justicia. Ferraz siempre sostuvo que cuando se produzca, habría "contenido político" más allá de la foto que solo busca alimentar la retórica del expresidente catalán, ahora visiblemente cabreado por la situación política en la que se encuentra.
Hasta el momento, solo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha reunido con luz y taquígrafos con Puigdemont. Aquella foto, que se hizo el verano de 2023, molestó en Moncloa, porque dio al traste con la estrategia electoral del PSOE. Entonces, Ferraz comenzaba a contemplar la posibilidad de sentarse con el expresidente catalán. Y Díaz, necesitada de foco mediático, acudió a la llamada de Puigdemont. Pero ha llovido mucho desde entonces.
Puigdemont se siente excluido
Puigdemont se siente excluido (y goleado). No ha digerido bien que la presidencia de la Generalitat la ostente el socialista Salvador Illa, a quien señala por beneficiarse de su política en Madrid. Ni tan siquiera el juego de la huida el día de la investidura de Illa parece haberle levantado el ánimo, porque ve intolerable que aún no se le haya aplicado la amnistía. Ni a él ni a otros tantos independentistas. El expresidente, reelegido líder de Junts, no está dispuesto a rendirse. Y cada día que pasa sin ser amnistiado es más factible que deje caer a Sánchez. Aunque en el Gobierno le advierten de que "no le interesa jugar con fuego".
En cualquier caso, hace semanas que Puigdemont está empezando a enseñar el camino a Sánchez: cada vez más sintonía con el PP en las votaciones en el Congreso y dos bofetones con la senda de déficit. Y, aunque queda muy lejos que se forme una mayoría absoluta alternativa a la que llevó a al líder socialista a Moncloa, el presidente del Gobierno debería tomar nota. Lo impepinable es que en la decisión de Puigdemont sobre la el futuro de la política española influirá, inevitablemente, el devenir de la amnistía, que no tiene asegurada, ya que será el Tribunal Constitucional el que termine dirimiendo sin fecha en el horizonte. Mientras, todo son quejas: Sánchez "no es de fiar", porque un año después del acuerdo de investidura no ha cumplido.
Puigdemont lamenta que ni la amnistía se aplica en su totalidad, ni el catalán es oficial en UE, ni hay un pacto bilateral real sobre financiación, etc. En juego están los presupuestos. Moncloa insiste en que los podrá sacar adelante y que las negociaciones con Junts necesitan discreción. "Se está trabajando en un acurdo sobre migraciones con Junts. Pero no está cerrado. Hay reuniones", explican fuentes del núcleo duro del Gobierno. Pese a todo, Puigdemont no hace más que poner precio a cada paso de Moncloa.
No hay que olvidar que Puigdemont ya pidió a Sánchez un emisario de mayor categoría que Santos Cerdán para hacer público el acuerdo de investidura con el PSOE, especialmente tras el encuentro que tuvo con Yolanda Díaz. El líder independentista quería entrevistarse, al menos, con un ministro socialista. Pero Ferraz, entonces, no cedió y, finalmente, le "tocó" a Cerdán. El PSOE pasó entonces un "mal trago" por aquella estampa con la urna del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Aunque en Ferraz ya se trabaja con el convencimiento de que ninguna imagen puede perjudicarle lo suficiente.
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