Las familias de alumnos con dislexia e hiperactividad se han rebelado contra el nuevo real decreto de becas y ayudas al estudio que prepara el Gobierno para el curso 2021-2022.
El borrador del Ejecutivo se encuentra abierto a exposición pública en la página del Ministerio de Educación que lidera Isabel Celaá y, en las últimas 48 horas, ha recibido un aluvión de cerca de 11.000 enmiendas por "limitar" las ayudas a cinco grupos concretos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAEs) y dejar fuera a otros como el colectivo de estudiantes con dislexia.
En el Capítulo III del documento, el departamento de Educación señala que los subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo están dirigidos a personas con: discapacidad; trastorno grave de conducta; trastorno grave de la comunicación y del lenguaje; trastorno del espectro autista y también a quienes presentan alta capacidad intelectual.
No se puede lanzar una convocatoria para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y excluir a varios grupos
Iñaki Muñoz, secretario general de la Federación Española de Dislexia (FEDIS), denuncia que el colectivo de estudiantes con dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), además de los estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDA-H), quedan fuera del decreto. Por ello, las asociaciones que integran y atienden a estas personas han lanzado una campaña para recabar firmas y enmiendas al decreto por parte de las familias.
"No se puede lanzar una convocatoria para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y excluir a varios de los grupos que lo integran. Nosotros creamos una plataforma llamada DiversiAE en la que todos estábamos representados y transmitimos al Ministerio de Educación que no nos importaba recibir una cuantía menor, pero que nadie debería quedar fuera. Es una cuestión de solidaridad. Si no hay dinero para todos y hay que establecer umbrales, lo lógico es que esos umbrales atiendan a un criterio de renta, pero no al tipo de discapacidad o trastorno que se tiene", considera Muñoz.
Él mismo padece TDA. Se lo detectaron tarde, a los 14 años. Su hermano tiene dislexia severa. "Mi madre es maestra y se dio cuenta de que no aprendíamos al mismo ritmo que el resto de nuestros compañeros de clase", recuerda. Casi nadie hablaba de este tema -continúa- y no había forma de encontrar una asociación o alguien que ayudara a las personas con dislexia.
La dislexia, un tema silenciado
Ella misma la creó en 2006, poco después de que lográsemos que la LOE incluyese dos artículos (71 y 72) refiriéndose a ella. Y recibió llamadas desde todos los rincones de España. Su madre, Araceli Salas, es la fundadora y portavoz de la Asociación de Dislexia y Familia (Disfam) y acaba de fichar a la ex portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso Marta Martín para ejercer de coordinadora de relaciones con la administración.
"La inclusión empieza por atender de verdad a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, no por desmontar los centros especializados. Hace falta homogeneizar el sistema de diagnóstico, reforzar la orientación, diseñar intervenciones eficaces y apoyar a las familias. No meter la cabeza cual avestruz bajo tierra y moverse con el eslogan electoral de la educación inclusiva. La inclusión se hace y se paga: no se 'dice'", lanza Martín.
Educación explica que "a medida que la situación presupuestaria lo permite, se van incluyendo más grupos"
Fuentes del Ministerio de Educación explican a Vozpópuli que "a medida que la situación presupuestaria lo permite, se van incluyendo más grupos en estas ayudas". "En la convocatoria de 20-21 se incluyó a los TEA y en la próxima se incluirá a los alumnos con trastornos graves de la comunicación y el lenguaje. Del mismo modo, en siguientes convocatorias, y siempre que sea viable presupuestariamente, se incluirán nuevos colectivos".
Para Muñoz, secretario general de FEDIS, el Gobierno se "escuda" en que el presupuesto no alcanza a todos, pero no se pueden establecer "guetos" dentro de las NEAEs. "Hay que luchar para que España se convierta en un país más inclusivo con las personas que padecen dislexia", dice.
Desde las asociaciones reconocen que la Ley Orgánica de Educación (LOE) fue la primera norma que, en 2006, desveló en un papel oficial la existencia de esta dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura.
Pero, a pesar del avance, Muñoz y Martín denuncian que miles de niños no encuentran el apoyo necesario en el sistema educativo y acaban marginados. Además, cada comunidad autónoma desarrolla sus propios decretos adaptándolos a la ley nacional, lo que, a su juicio, también genera "desigualdades" entre los alumnos.
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