Un sector de los 21 integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defenderá este jueves, en el Pleno en el que se analizará la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que su vinculación con el Gobierno de Pedro Sánchez compromete la percepción sobre su "imparcialidad", según informan las fuentes consultadas por Vozpópuli.
No obstante, los vocales consultados por este diario sostienen que ningún integrante del Poder Judicial pondrá en duda que la exministra de Justicia, que es fiscal de carrera, reúne los requisitos objetivos para ejercer el cargo.
Sin embargo, sí sopesan la posibilidad de incluir en el informe sobre la idoneidad de Dolores Delgado las dudas sobre su neutralidad. Si estos vocales no lograran reunir una mayoría en el CGPJ alrededor de sus opiniones, aseguran que sus reticencias sobre el nombramiento de Delgado serán plasmadas en un voto particular.
La Constitución
Este jueves por la tarde el Pleno del Consejo se pronunciará sobre la propuesta de nombramiento de Delgado aprobada por el Consejo de Ministros. Así, el órgano de gobierno de los jueces cumplirá el trámite de audiencia establecido en la Constitución española y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Pleno del Poder Judicial se llevará a cabo después de que la Comisión Permanente del CGPJ emitiera este miércoles una declaración institucional en la que reclamaba "moderación, prudencia y mesura" al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien instó a abstenerse de hacer una "utilización política de la Justicia o cuestionar su independencia".
Las reticencias de algunos vocales sobre la imparcialidad de Delgado adquiere mayor trascendencia después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara el 27 de mayo de 2019 una sentencia por la que se impedía a la Fiscalía alemana dictar órdenes de detención por "no ofrecer suficientes garantías de independencia frente al poder ejecutivo".
Detenciones de la Fiscalía
La decisión sobre Alemania se adoptó en contraposición a la actuación de la Fiscalía de Lituania, que según el parecer de los magistrados sí es independiente de su Gobierno, por lo que sí está legitimada para ordenar detenciones al margen de los jueces de este país.
El caso sobre la Fiscalía alemana llegó a la Justicia europea después de que los abogados de dos ciudadanos lituanos y un rumano, arrestados por homicidio voluntario, denunciaran que las fiscalías alemanas y el fiscal general de Lituania no eran competentes para emitir órdenes europeas de detención, porque no se les podía considerar "autoridades judiciales", tal y como exige la normativa europea.
En su sentencia, los magistrados de Luxemburgo dieron la razón en parte a los recurrentes y establecieron que el concepto de "autoridad judicial emisora" que figura en la Decisión Marco de la UE "no comprende las fiscalías de un Estado miembro, como las de Alemania, expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del Poder Ejecutivo, como un ministro de Justicia, en el marco de la adopción de una decisión relativa a la emisión de una orden de detención europea".
Apariencia de imparcialidad
El punto anterior de la sentencia preocupa entre algunos de los vocales del Poder Judicial español, que creen que el nombramiento como fiscal general de Dolores Delgado, justo tras abandonar el Ministerio de Justicia, podría socavar la apariencia de imparcialidad del ministerio público de cara a Europa.
Otras fuentes consultadas por este diario restan importancia a la sentencia de Luxemburgo, habida cuenta de que la propia Constitución española incluye al Ministerio Fiscal entre los órganos judiciales, por lo que ya goza de la necesaria independencia de los poderes ejecutivo y legislativo. Además, aluden al precedente de Javier Moscoso, que fue ministro de Justicia en uno de los Gobiernos de Felipe González, y que tras cesar en su cargo fue nombrado fiscal general del Estado.
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