El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha observado que la anulación de la doctrina Parot ha afectado a un porcentaje reducido de presos de ETA, de los cuales gran parte ha cumplido "de forma efectiva un importante periodo de condena" como 26, 27 o 29 años de prisión de un máximo posible de 30 años.
En una entrevista con Efe, Zaragoza ha relatado que el fin de la Parot se vivió en la Fiscalía con "preocupación" y "cierta tensión, sobre todo por la insatisfacción que la sentencia (de Estrasburgo) ha producido en el mundo de las víctimas". Sin embargo, no tiene dudas de que no había más remedio que aplicar esa sentencia y no solo en el caso de Inés del Río "sino en todos los casos en los que concurrían circunstancias similares o idénticas", porque lo que ha hecho el Tribunal de Derechos Humanos "ha sido cuestionar el tema de la pena y del cumplimiento de la pena".
Además, el fiscal jefe resta importancia en cierto modo a sus efectos, al observar que ha afectado "a un porcentaje muy reducido de presos de ETA", ya que los 61 etarras hasta ahora excarcelados "representan el 10 por ciento de todos los presos de ETA en las cárceles españolas" y muchos de ellos han salido habiendo cumplido de forma efectiva un importante periodo de condena.
No había más remedio que aplicar esa sentencia y no solo en el caso de Inés del Río "sino en todos los casos en los que concurrían circunstancias similares o idénticas
"Estamos hablando de periodos de prisión de 26, 27, 28 e incluso 29 años" cuando "la pena máxima resultante era de 30 años, porque estaba claro que no se podía transgredir ese límite y muchos de lo que han salido han cumplido casi esa pena". Sobre si la sentencia de Estrasburgo puede servir como revulsivo para acabar con ETA, Zaragoza entiende que sí porque uno de los argumentos que siempre ha utilizado el mundo de ETA para cuestionar la política penitenciaria "ha sido precisamente la aplicación de la doctrina Parot".
"Una vez anulada por el Tribunal Europeo es evidente que un argumento fundamental de la críticas ha desaparecido y eso en cierto modo les puede deslegitimar desde la perspectiva internacional".
Recibimiento a etarras
También considera "una buena noticia" que de esas más de sesenta excarcelaciones solo se hayan denunciado por las autoridades administrativas cuatro recibimientos a miembros de ETA puestos en libertad.
Además, la Fiscalía solo ha judicializado uno de ellos y los otros ha optado por su archivo porque "una cosa es recibir en principio y otra cosa es que en ese recibimiento haya actos de enaltecimiento del terrorismo perseguibles penalmente". En el que ha sido denunciado por la Fiscalía, el recibimiento en Galdákano (Vizcaya) a Javier Martínez Izaguirre, "Jabi de Usansolo", el 27 de noviembre, "había pancartas, leyendas, claramente enaltecedoras".
Zaragoza sostiene que Bolinaga "ni estaba terminal entonces, como los hechos nos están demostrando porque ha pasado un año y 4 meses, y sigue sin estar terminal"
Por contra, en los otros tres casos, "hemos pedido informe a la Ertzaintza, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y no nos han aportado datos objetivos suficientes para entender que hay actos de enaltecimiento.
Sobre el caso del preso etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, que fue puesto en libertad condicional con el informe en contra de la Fiscalía, Zaragoza sostiene que "ni estaba terminal entonces, como los hechos nos están demostrando porque ha pasado un año y 4 meses, y sigue sin estar terminal".
"Por lo tanto el presupuesto de partida de la concesión de la libertad condicional no responde mucho a la realidad" porque "ni hay ni había peligro patente para la vida", tal y como exige el artículo 92 del Código Penal para conceder este tipo de libertad condicional, insiste.
En cuanto a la posibilidad de que exista un nuevo caso similar, como podría ser el del etarra Gogorza que ha alegado una enfermedad mental para obtener la libertad condicional, Zaragoza indica que si concurren "los presupuestos necesarios que establece la ley informaremos favorablemente y si consideramos que no hay peligro para su vida informaremos en contra". "Actuaremos igual que hicimos en el caso Bolinaga, aunque sea un informe que pueda discrepar de la resolución final de las autoridades judiciales o de las autoridades políticas. La fiscalía tiene su propio criterio y lo mantendremos".
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