El contrato de las mascarillas se tramitó por la vía de urgencia en el Ayuntamiento de Madrid y contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. El consejo de la empresa municipal que negoció en nombre del consistorio votó a favor de la transacción con la que se pretendía suministrar material sanitario en uno de los peores momentos de la pandemia. El sumario de la causa abierta contra los empresarios que mediaron en este pelotazo recoge las actas de las sesiones del 24 y 25 de marzo de ese 2020 en las que se acordó el respaldo unánime a la operación.
Hasta un total de once consejeros de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid tomaron dos decisiones cruciales en aquel momento: por un lado ratificar el convenio con el Ayuntamiento para suministrar mascarillas, guantes y otro material imprescindible y, por otro, autorizar la compra de una remesa de un millón de mascarillas por importe total de 6,68 millones de dólares.
Aunque las actas no recogen el nombre de la empresa china que suministró el material, las partidas de mascarillas, guantes y test recogidas en el documento son idénticas a las comprometidas por Alberto Luceño. Este comisionista, imputado en el procedimiento junto con Luis Medina por repartirse seis millones de dólares con este pelotazo, pactó el envío de 1 millón de mascarillas por 6,68 millones de dólares; 250.000 test rápidos por 4,2 millones de dólares y 2,5 millones de guantes por 5 millones de dólares, según consta en el sumario de la causa al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Búsqueda desesperada de mascarillas
Estas remesas se aprobaron por la vía de urgencia debido a la gravedad de la pandemia y contaron con el apoyo de concejales del PP, del PSOE, de Mas Madrid, Ciudadanos, Vox y de altos cargos de la Administración como la Directora General de Política Financiera del Área de Hacienda, Aurora Masedo, o el coordinador general de Contratación de este área, Jose Canal Muñoz. El acta dejó claro, además, que esta empresa pública por su condición de prestataria de servicios funerarios, estaba habituada a la adquisición de "materiales y suministros sanitarios como el requerido".
El convenio preveía que el área de Hacienda se comprometía a aportar los créditos necesarios para financiar esta operación que se cerró por poco más de 11 millones de dólares. De este monto total, los dos comisionistas se repartieron seis millones, aunque el grueso de ellos (hasta cinco millones de dólares) fueron a parar a Luceño. El hijo de Naty Abascal, por su parte, percibió un millón por intermediar entre Luceño y el consistorio para suministrar mascarillas en un momento muy crítico de la pandemia.
Factura previa a la llamada de Almeida
La documental que obra en el procedimiento demuestra como el contrato con la empresa china Leno (cuyo contenido también se estudió en el Consejo) se fechó el mismo 24 de marzo. Antes de que acabase el mes de marzo el dinero ya se había transferido a las cuentas de esta compañía china que tenía abiertas en un banco de Malasia. Mismo país donde, curiosamente, Luceño y Medina canalizaron sus comisiones antes de retornarlas a España e invertirlas en bienes de lujo.
Ese mismo día, y en paralelo a esta gestión, Luceño y su interlocutora en el Ayuntamiento, Elena Collado, ya estaban trabajando en el cierre del acuerdo. Los Whatsapps recogidos en el sumario demuestran cómo el alto cargo del departamento de Hacienda se lo transmitía. "En tus sabias manos estamos", le dijo. Dos días después, el 26 de marzo, Luceño se refirió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Perfecto. Gracias. Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida". Para entonces el contrato estaba aprobado por el Consejo de la empresa municipal y los comisionistas en marcha para traer el material.
El propio Martínez-Almeida ha reconocido el contacto con Luis Medina, si bien ha dicho que se limitó a agradecerle la actuación. En la querella interpuesta contra Medina y Luceño por delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, Anticorrupción dejó claro que ambos actuaron "de común acuerdo" para obtener un "exagerado e injustificado" beneficio económico. La intención altruista con la que se presentaron al consistorio, reza el Ministerio Público, no fue real.
Luceño: de medio millón a 5 en 2020
Las diligencias impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción desde noviembre de 2020 supusieron también recabar información bancaria de los dos empresarios. En lo que respecta a Luceño, la entidad en la que tiene sus ingresos acreditó que en 2020 pasó de registrar unos ahorros de 560.000 euros a 5 millones de euros. Se da la circunstancia de que esta cifra coincide con la que amasó por el pelotazo de las mascarillas, si bien la información bancaria refleja que poco tiempo mantuvo esos fondos. A cierre del ejercicio solo le quedaba un saldo de 19.000 euros.
Algo muy similar ocurrió con Medina. Las cuentas analizadas apenas llegaban a los 5.300 euros en 2019, si bien en 2020 su fortuna superó ligeramente los dos millones de euros. Estos fondos no terminaron el año en la cuenta. Al cierre del ejercicio el saldo que dejó fue de 24.000 euros. La documental demuestra además que, apenas días después de recibir estas comisiones, el 31 de marzo, movió un total de 281.082 euros a Países Bajos.
La Fiscalía acreditó al respecto que los dos socios habrían blanqueado estas cuantías en tiempo récord. Medina comprando un yate que registró en Gibraltar y bonos por importe de 400.000 euros y Luceño mediante la adquisición de doce coches de lujo, tres relojes marca Rolex, unas vacaciones en Marbella y la compra de una vivienda por un millón de euros y tres garajes en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Por ello se solicitó al magistrado al frente de las pesquisas, Adolfo Carretero, que acordase el embargo preventivo de todos estos bienes para el aseguramiento de responsabilidades civiles. El instructor acordó la medida pero se ha topado con que Medina solo tiene a día de hoy 247 euros en su cuenta bancaria. En función de cuándo retiró el dinero se podría abrir la puerta a investigarle por posible delito de alzamiento de bienes. En cualquier caso el juez ya ha pedido a las partes personadas que propongan medidas cautelares "de carácter económico" para garantizar que responden con su patrimonio en caso de una eventual condena.
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