La Policía Nacional encontró en los registros practicados en las propiedades del excomisario José Manuel Villarejo un documento llamado “Patrimonio” en el que se detalla un listado de hasta 50 inmuebles del polémico mando repartidos entre España y América que los investigadores calculan en un valor de 16,7 millones de euros. Entre ellos, hay dos palacetes en Uruguay valorados en más de un millón de euros y tres apartamentos en el Caribe.
Cuando Villarejo se reunió con la examiga del rey Juan Carlos en Londres, Corinna zu Sayn-Wittgenstein se jactó de que no le habían encontrado “ni el 10 por ciento” de su fortuna. “Son muy tontos”, decía. Era el año 2015 y el diario El País acababa de hacer público que contaba con 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros. Cinco años después, los investigadores siguen completando el puzzle de un emporio difícilmente alcanzable para un funcionario policial.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional elaboró el 30 de noviembre de 2018 un informe en el marco de una pieza separada sobre sus pertenencias en el extranjero. Según los investigadores, “la valoración estimada para los inmuebles ‘ocupados por la familia’ asciende a 6.450.000 euros, para los ‘alquilados’ asciende a 6.727.000 euros, para ‘otros’ a 615.000 euros y para los ubicados en el extranjero (‘fuera’), 2.950.000 euros (en total, una valoración estimada de 16.742.000 euros)”.
El documento “Patrimonio” es una tabla de Excel que refleja el cuadro patrimonial inmobiliario a fecha de septiembre de 2016 atribuido a una sociedad llamada CPD Real Estate cuyo titular es Villarejo. La tabla contiene datos como el valor de compra de cada inmueble, la hipoteca, valor sin hipoteca... Entre las casas ocupadas por la familia hay un piso en Alcobendas (Madrid), un ático y dos pisos en Estepona (Málaga) y la Finca El Montecillo en Boadilla del Monte (Madrid).
Entre los bienes alquilados hay una clínica, varios garajes y más casas, muchas de ellas en Estepona y Benalmádena. En estas localidades malagueñas figuran hasta 14 viviendas a lo largo de dos calles. Además hay varias fincas en Málaga y Córdoba, una cochera y un terreno con permiso para hacer tres viviendas en un municipio de la sierra madrileña llamado Bustarviejo.
El palacete de un presidente
En cuanto a las propiedades en el extranjero, el documento incluye un palacete en Montevideo (Uruguay) llamado Castillo Idiarte Borda y valorado en 700.000 euros. En el mismo país sudamericano figura otro edificio llamado la Casa Ellauri (Petit Chateu en Pocitos) valorado en 400.000 euros. El Castillo Idiarte es una mansión del siglo XIX muy conocida en el país porque fue construida para que sirviera de residencia al presidente de la República entre 1894 y 1897, Juan Idiarte Borda.
El edificio fue construido con materiales llevados desde Europa y fue declarada hace años como Monumento Histórico Nacional y el gobierno de Uruguay tiene cedido el "usufructo por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación”. El edificio sigue incluido en los catálogos de Patrimonio Nacional de Uruguay consultados por este periódico. Existe incluso un club de amigos del castillo que promociona los eventos y actividades que organiza.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con un portavoz del Ministerio de Cultura uruguayo. Confirma que las autoridades locales tienen la cesión de uso de la mansión Idiarte desde el año 2012. El pasado 1 de marzo se prolongó el acuerdo hasta el 4 de octubre de 2020. Se renovó solo por dos años para no atar de manos al nuevo Gobierno surgido de las urnas el pasado noviembre.
Participaciones Maravilla S.A.
El acuerdo consiste en que Uruguay no paga nada al dueño del palacete por su alquiler, pero a cambio cualquier obra de mantenimiento o reparación corre a cuenta del Estado. Se trata de un lugar con un gran terreno alrededor muy querido por los vecinos del barrio de Colón en el que se ubica. Esta misma fuente gubernamental asegura que las autoridades uruguayas mantienen el acuerdo de usufructo con una sociedad llamada Participaciones Maravilla S.A. Su representante legal es un abogado llamado Federico Pérez del Castillo, con despacho en la Plaza de la Independencia de Montevideo.
Participaciones Maravilla S.A. es una sociedad panameña incluida en la extensa documentación internacional remitida a la Audiencia Nacional en el marco de la investigación en torno a las actividades de Villarejo y su patrimonio en diversos países, incluidos Panamá y Uruguay. Por su parte, el nombre del abogado "Federico María Pérez del Castillo Chiaparra" aparece en numerosas operaciones como representante legal de la familia Villarejo.
En el documento Patrimonio también figura el Hotel Don Pepe en Uruguay (actualmente con el nombre de Saint Pierre). Los bienes en el extranjero que recoge el documento se completan con tres viviendas en la República Dominicana. Uno de ellos está en Playa Bávaro y tiene un valor de 450.000 euros.
Real State, en la red de empresas
Además, en la casa del principal socio de Villarejo, Rafael Redondo, los investigadores encontraron un documento power point llamado “PPT Organigrama Grupo 1”. En el que se recoge un esquema de todo el entramado societario del excomisario, acusado de un carrusel de delitos que van desde el cohecho hasta la organización criminal. Este periódico se ha puesto en contacto con Redondo pero ha eludido hacer declaraciones. Entre las empresas que detalla el documento se encuentra Real State, dedicada a la explotación de inmuebles.
Estos datos se enmarcan en las pesquisas que se siguen en una pieza separada centrada en seguir la pista del dinero de Villarejo en el extranjero. La Policía dice que el mando policial, en prisión provisional desde hace dos años y medio creó “una compleja estructura societaria en España que cuenta con un capital social íntegramente suscrito y desembolsado superior a 20 millones de euros”. Pero además añaden que a eso hay que sumarle de otra estructura societaria “paralela creada en el extranjero”.
Una de las líneas de trabajo es el pago de 1,6 millones de euros en cuentas controladas por Villarejo en Reino Unido, Panamá y Uruguay. Procedía de una cuenta en Suiza gestionada por un empresario ligado a altos cargos de Guinea Ecuatorial que presuntamente encargaron al policía una investigación privada valorada cinco millones. El valor añadido de Villarejo era su ascendencia en la Policía.
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