El anunciado salto de Dolores Delgado del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado llega en una semana convulsa. En los tribunales se esperan las peticiones de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para salir de la cárcel de Lledoners y el escrito de acusación definitivo del ministerio público contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero. La que será la sustituta de María José Segarra deberá dirigir los próximos pasos del órgano judicial ante el desafío independentista.
Aunque la fiscal general del Estado tiene dependencia orgánica del Gobierno y es nombrada directamente por el presidente del Ejecutivo, es un cargo que cuenta con independencia funcional -tal y como recoge el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal-. Es decir, que Moncloa no puede dar órdenes directas a quien ocupe el cargo. Desde la Asociación de Fiscales, sin embargo, advierten de que el futuro nombramiento de Delgado "es toda una declaración de intenciones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pone de manifiesto "que viene con la encomienda de corregir o encausar a los fiscales para que hagan aquello que el Gobierno considera".
Sánchez ya avisó en el pleno de investidura del pasado 4 de enero que esta será una legislatura dedicada a "superar la deriva judicial" en el "conflicto en Cataluña". En aquel discurso, el líder socialista prometió "devolver a la política un conflicto político". "Señorías, hay que retomar la única vía posible, que es la política", insistió, ya que -a su juicio- "llevamos demasiado tiempo acumulando agravios, demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles".
Ahora, su exministra -y aún diputada- será la máxima responsable del órgano que elige qué causas se perseguirán en los tribunales. Delgado llegará a la Fiscalía con varios asuntos pendientes. En la lista destacan los permisos penitenciarios de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo, la acusación contra la cúpula de los Mossos, las órdenes de captura contra los procesados rebeldes Carles Puigdemont y Toni Comin, y la causa del 1-O que se investiga en los juzgados de Barcelona.
Los permisos de Sànchez y Cuixart
En diciembre, la cárcel de Lledoners propuso la clasificación en segundo grado de Jordi Sànchez y otros condenados del procés. La conselleria de Justicia, a cargo de Ester Capella (ERC), lo confirmó el pasado 9 de enero. Esta martes, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y exdiputado de JxCat cumplirá un cuarto de su condena, lo que le permite acceder a salidas puntuales de prisión. Por ello, esta semana tiene previsto pedir su primer permiso ordinario para salir de la cárcel.
Una vez que Sànchez presente la solicitud, el juez de Vigilancia Penitenciaria del territorio deberá dar traslado a la Fiscalía. El ministerio público, a cargo de Delgado, deberá informar si accede a que los líderes del procés que puedan requerir los permisos gocen de ellos. El magistrado tendrá la última palabra, aunque se podrá recurrir ante la Audiencia Provincial.
El ministerio público, a cargo de Delgado, deberá informar si accede a que los líderes del 'procés' gocen de permisos penitenciarios
En la misma situación se encuentra el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien también alcanza este martes el cuarto de su condena y tendrá derecho a obtener permisos concretos para abandonar el centro penitenciario. En 2021 será el turno de otros líderes del procés, como Raül Romeva o Dolors Bassa.
La acusación contra Trapero
Otro de los asuntos pendientes en la Fiscalía es el escrito de acusación definitivo contra los exjefes políticos de la policía autonómica catalana: José Luis Trapero, Pere Soler, César Puig y la intendente Teresa Laplana. La defensa del exmayor de los Mossos espera respuesta desde el pasado noviembre, cuando instó a la Fiscalía a pronunciarse. Aún queda pendiente conocer si el ministerio público mantendrá la acusación por rebelión -tras la sentencia del Supremo en la que se descartaba este delito- o si apostará por la sedición -como hace la Abogacía del Estado-.
El fiscal a cargo de la causa, Miguel Ángel Carballo, consideró pertinente esperar hasta la celebración del juicio para determinar si modifica o no su petición de prisión por un delito de rebelión. La primera sesión de la vista oral tendrá lugar el próximo 20 de enero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo las órdenes de la fiscal general, deberá comunicar su acusación.
La causa contra Puigdemont y Comin
Aunque el juez instructor del Supremo Pablo Llarena ya envió al Parlamento Europeo -a petición de la Fiscalía- el suplicatorio para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comin como eurodiputados, el ministerio público está en posición de presentar un nuevo escrito con una nueva petición.
El pasado noviembre, el jefe del Ejecutivo en funciones fue objeto de críticas al asegurar en una entrevista a RNE que la Fiscalía General del Estado "depende" del Gobierno. Tal afirmación estaba vinculada a la promesa de Moncloa de traer a Puigdemont a España para que sea juzgado por sedición y malversación de fondos, como el resto de líderes del procés ya condenados. Jueces y fiscales han recordado este episodio en el marco del previsible nombramiento Delgado como fiscal general.
Dos de las tres asociaciones de fiscales han rechazado la propuesta de Delgado como fiscal general. Solo ha obtenido el apoyo de la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue miembro antes de ser ministra. Este jueves está previsto que el Consejo General del Poder Judicial examine los requisitos formales para el nombramiento. Posteriormente, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados valorará su idoneidad para el cargo. Solo después podrá ser nombrada por el Rey.
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