La declaración de Doñana como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco peligra. Así lo transmiten fuentes gubernamentales, en el enésimo intento de involucrar a instituciones internacionales en su batalla contra la Junta de Andalucía. En la Unesco Pedro Sánchez tiene un hombre fuerte, su ex ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes, a quien colocó como embajador de España en octubre de 2021.
José Manuel Rodríguez Uribes ha sido ministro de Cultura y Deporte entre 2020 y 2021 y entre 2018 y 2019 fue delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. En el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana del Ministerio del Interior. Justo antes de nombrarlo embajador en la Unesco, en sustitución de Juan Andrés Perelló, militante del PSOE y ex senador, fue apartado de la Ejecutiva del PSOE.
Rodríguez Uribes ha tuiteado tres veces en los últimos días sobre "la alerta por Doñana". El 15 de abril el exministro de Cultura y embajador de España en la Unesco tuitéo dos veces: "La Unesco se suma a la alerta por la ampliación de regadíos en Doñana" y enlazaba una noticia de El País con el mismo titular.
El 12 de abril había retuiteado a Pedro Sánchez: "Lo digo de manera serena pero también con contundencia: Doñana no se toca. Es patrimonio de todos los andaluces y de todos los españoles. ¡Doñana no se va a tocar!", decía el tuit del presidente del Gobierno, que reproduce un vídeo de su mitin en Burgos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida abreviadamente como Unesco, es un organismo especializado de las Naciones Unidas y a partir de la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, establece que ciertos lugares con un "valor universal excepcional" pertenecen al patrimonio común de la humanidad.
Según se enorgullece la Junta de Andalucía en su web, el Parque Nacional de Doñana fue declarado Patrimonio Mundial en 1994, tras varios nombramientos previos desde que en 1980 la Unesco lo declarara Reserva de la Biosfera.
El objetivo es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio mundial.
El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco se reúne una vez al año, y se compone de representantes de 21 de los Estados Partes elegidos por la Asamblea General. Este Comité de 21 miembros, entre los que se encuentra España, es responsable de la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, define el uso del Fondo del Patrimonio Mundial y asigna ayuda financiera a petición de los Estados. Tiene la última palabra sobre si se forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial. También decide sobre la inscripción o supresión de bienes en la denominada Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
La próxima reunión del Comité será en septiembre en Arabia Saudí y ahí se apunta a que se plantean incluir Doñana en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
La batalla en la UE
El otro escenario central de la batalla es Bruselas. El Gobierno de Pedro utiliza una sentencia que condena a la Junta de Andalucía del PSOE para desautorizar al Ejecutivo andaluz del PP por su ley de regadíos en Doñana. El caso se remonta a 2009, cuando la Comisión Europea y el Parlamento Europeo recibieron varias quejas denunciando el deterioro del Espacio Natural Protegido de Doñana. El presidente de la Junta de Andalucía entonces era José Antonio Griñán. Bruselas abrió expediente a España en 2014, ya con Susana Díaz, y cinco años más tarde elevó el asunto a la Justicia europea tras constatar que las autoridades nacionales no habían actuado para remediar los problemas identificados.
El 24 de enero de 2019, con Sánchez en La Moncloa, la Comisión llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no intervenir en Doñana. La sentencia de 24 de junio de 2021 acusó al Estado de ignorar "las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana".
La ejecución de la sentencia corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha mezclado este proceso con el rechazo de Bruselas a la proposición de ley de regadíos en Doñana. Hasta el punto de que no se sabe muy bien si Bruselas se queja de la norma andaluza, de la sentencia del 2021 o de su no ejecución.
Este martes en el Senado, cuando Alberto Núñez Feijóo le ha echado en cara que esta sentencia apela al PSOE, Sánchez ha mantenido la ceremonia de la confusión y ha asegurado que se trata de un fallo contra el Plan Hidrológico de 2015.
La carta de la Comisión Europea -con fecha 20 de marzo- que ha aireado el Gobierno tiene como remitente a la Dirección General de la Comisaría de Medio Ambiente. Y el destinatario es el responsable de la Representación Permanente de España en Bruselas. Luis Planas Herrera, secretario de Acción electoral, Participación y UE del PSOE e hijo del ministro de Agricultura, Luis Planas, es asesor de la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooljer, autora de la carta.
La misiva cita específicamente que el borrador presentado por la Junta de Andalucía pone en riesgo la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 24 de junio de 2021. Lo que Sánchez y Teresa Ribera ocultan deliberadamente es que esta sentencia se refiere a un procedimiento abierto contra España cuando el PSOE.
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