La sentencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usa para desautorizar al Ejecutivo andaluz del PP por su ley de regadíos en Doñana es en realidad una condena a la Junta de Andalucía que presidía la socialista Susana Díaz. Sánchez ha convertido Doñana en uno de los ejes de la campaña del PSOE. Y libra la batalla contra la propuesta de Juanma Moreno en varios escenarios. Uno de ellos es la Unión Europea.
El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, se han entrevistado este lunes en Bruselas. La reunión se ha producido a instancias de las autoridades andaluzas. Casi al mismo tiempo, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, volvía a anunciar las siete plagas sobre España si la ley sale adelante.
El Gobierno ha aumentado deliberadamente la confusión sobre el rechazo de Bruselas a la proposición de ley de regadíos en Doñana. Hasta el punto de que no se sabe muy bien si Bruselas se queja de la norma andaluza, de la sentencia del 2021 a la que Sánchez y Ribera aluden cada día o de ambas.
El hijo de Planas y Doñana
La única carta de la Comisión -con fecha 20 de marzo- tiene como remitente a la Dirección General de la Comisaría de Medio Ambiente. Y el destinatario es el responsable de la Representación Permanente de España en Bruselas. Luis Planas Herrera, secretario de Acción electoral, Participación y UE del PSOE e hijo del ministro de Agricultura, Luis Planas, es asesor de la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooljer, autora de la carta.
La misiva cita específicamente que el borrador presentado por la Junta de Andalucía pone en riesgo la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 24 de junio de 2021. Lo que Sánchez y, sobre todo, la ministra Ribera ocultan deliberadamente es que esta sentencia se refiere a un procedimiento abierto contra España cuando el PSOE, y en concreto, José Antonio Griñán primero y Susana Díaz a continuación, gobernaban la Junta de Andalucía.
El caso se remonta a 2009, cuando la Comisión Europea y el Parlamento Europeo recibieron varias quejas denunciando el deterioro del Espacio Natural Protegido de Doñana. El presidente de la Junta de Andalucía entonces era Griñán. Bruselas abrió expediente a España en 2014, ya con Susana Díaz, y cinco años más tarde elevó el asunto a la Justicia europea tras constatar que las autoridades nacionales no habían actuado para remediar los problemas identificados.
El Tribunal de Luxemburgo condenó a España por el incumplimiento de las Directivas del Agua y de Hábitat en tiempos de Díaz, que estuvo al frente de la Junta entre 2013 y 2019. El 24 de enero de 2019, con Sánchez en La Moncloa, la Comisión llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no intervenir en Doñana. La sentencia del 2021 acusó al Estado de ignorar "las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana".
El secreto de las comunicaciones
Sánchez no sólo no ha ejecutado la sentencia de Luxemburgo, sino que además la utiliza ahora para presionar a Moreno. Y existen muchas dudas sobre si el presidente del Gobierno, que permanentemente da a entender que Bruselas está contra Moreno, está utilizando comunicaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno central de un Estado miembro apercibido. Estas comunicaciones son supuestamente confidenciales.
Fuentes jurídicas trasladan a Vozpópuli su sorpresa con el uso de esta información restringida de acuerdo con Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
"Parece que no es pura casualidad que estando a prácticamente un mes de las elecciones autonómicas, asistamos a este sainete en el que, obviamente de forma interesada y fragmentaria, se está aireando lo que dice o no dice la Comisión Europea sobre el particular; teniendo en cuenta que, dado que la sentencia del TJUE es de junio de 2021, desconocemos "todo" lo que ha hecho la Comisión en su función de Guardiana de los Tratados para que se dé efectivo cumplimiento a la misma", traslada Isaac Ibáñez, abogado conocedor de los procedimientos de infracción ante la Comisión Europea.
"También desconocemos lo que ha hecho el Gobierno de la Nación al respecto, dado que es el responsable del cumplimiento de las sentencias ante Europa, con independencia de que la Junta de Andalucía tenga sus propias responsabilidades internas con arreglo al reparto de competencias establecido en la Constitución y en las leyes.
Debería tenerse en cuenta que los procedimientos de infracción del Derecho de la UE, aparte de que no deben airearse en plenos procesos electorales, están sujetos al deber de confidencialidad y al principio de cooperación leal", añade.
La Junta desmiente a Ribera
De las palabras de Ribera se deduce que la responsabilidad del procedimiento de infracción y de la ejecución de sentencia corresponde a Moreno Bonilla y que la proposición de ley sería un último episodio o desafío. De hecho, ha amenazado con recurrir la proposición de ley ante el Tribunal Constitucional.
La titular de Transición Ecológica, que se reunió con el Sinkevicius la semana pasada, ha insistido en que si la Junta no da marcha atrás, España sufrirá sanciones europeas por no mantener el buen estado del Parque Nacional de Doñana.
"La Comisión Europea utilizará todos los medios a su alcance, incluida la posibilidad de acudir de nuevo al Tribunal de Justicia, solicitando la imposición de multas contra el Reino de España", ha informado la vicepresidenta en su breve intervención. "Ya lo ha hecho en otras ocasiones e insiste en que no tendrá la menor duda con respecto a la necesidad de hacerlo en este caso", ha advertido.
Doñana: pelea kafkiana
La situación es kafkiana, porque Ribera está amenazándose con sanciones a sí misma, ya que el proceso sancionador es contra España en su conjunto y no contra Huelva, Andalucía, el PP o Moreno. De hecho, la ministra ha tenido que admitir que en el encuentro entre el consejero Fernández-Pacheco y el comisario Sinkevicius estaba presente la Abogacía del Estado, porque "se da dentro del contexto de un proceso sancionador contra España".
La Comisión ha advertido reiteradamente al Gobierno del cumplimiento de la sentencia. Y sobre la proposición andaluza se ha mostrado crítica con la misma en tanto en cuanto choque con el cumplimiento de la condena dictada por el tribunal de Luxemburgo.
La Junta de Andalucía ha desmentido que la Comisión Europea les haya llamado a capítulo por la Ley de regadío de Doñana. Según el Gobierno andaluz, no ha sido un 'toque de atención' europeo como ha planteado Ribera, sino más bien, se ha tratado de una reunión "más que necesaria" solicitada por el propio Ejecutivo autonómico que contribuirá para "apaciguar la tensión".
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