El sector progresista del CGPJ pone sobre la mesa a nueve candidatos para el Tribunal Constitucional. Este bloque, que quiere impulsar las negociaciones para la renovación, ha hecho oficial los nombres que ya sonaban en las quinielas desde hace unas semanas. Entre ellos se encuentran el de la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano; el magistrado encargado de controlar al CNI, Pablo Lucas, y Rafael Fernández Valverde, este último vocal del actual CGPJ que dejó su plaza en marzo tras jubilarse.
La lista la integran, además, los magistrado de la Sala de lo Contencioso José Manuel Sánchez-Cruzat y Ángeles Huet; el presidente de la Sala de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga; y los también magistrados del Supremo Eduardo Espín, Isabel Perelló y Rosa María Virolés.
Los tres negociadores progresistas han decidido facilitar los nombres de su lista tras una primera reunión con el bloque conservador, celebrada este viernes. Ambas partes se han emplazado a una nueva cita el próximo miércoles 21 de septiembre en aras a poner sobre la mesa ya los nombres de los candidatos y así comenzar a negociar la elección de dos de ellos, uno de corte progresista y otro conservador.
Un CGPJ dividido
El CGPJ, que actúa ya fuera de plazo dado que el 13 de septiembre era el límite marcado por Ley para nombrar a sus candidatos, continúa de esta forma con las negociaciones para renovar el Tribunal Constitucional. Los interlocutores del bloque progresista (Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo) han querido hacer públicos sus candidatos que, según sostienen, "han expresado en los últimos días su deseo" de optar al TC.
El bloque progresista del CGPJ sostiene que el conservador no ha formulado ninguna propuesta ni entregado ninguna documentación en la reunión de hoy
En la nota difundida vuelven a arremeter contra el bloque conservador apuntando que buscan dilatar el proceso. De hecho, han advertido que los dos interlocutores del sector más crítico del CGPJ "no han formulado ninguna propuesta ni acompañado ninguna documentación en la mesa de negociación". "Han formulado su deseo de lograr el mayor de los márgenes temporales posibles" dado que a día de hoy todavía no tienen nombres.
Propuestas de los conservadores
El bloque conservador, por su parte, ha presentado cinco propuestas en esta primera toma de contacto que pasan porque los nombramientos se realicen por una amplia mayoría; que la elección de los candidatos se lleve a cabo tras una "minuciosa" evaluación de los currículums; que se considere la repercusión de los seleccionados en los órganos de donde proceden (teniendo en cuenta la situación de colapso en el Tribunal Supremo), que no se lleve a Pleno los nombramientos sobre los que no haya consenso y que éste se alcance tras deliberarse en los dos bloques.
"Se ha llegado a un acuerdo sólo en los dos primeros puntos, así como en la preferencia por candidatos del Tribunal Supremo, y en la fecha de la próxima reunión", ha defendido este bloque. De esta forma los dos sectores del CGPJ se emplazan de nuevo al miércoles, aunque se vislumbra todavía lejano el acuerdo definitivo para nombrar a sus dos candidatos al Constitucional.
Sin avances reales
Tras la advertencia de Carlos Lesmes de que no permitiría que el CGPJ actuase en rebeldía, los vocales más críticos con el Gobierno decidieron plegarse y sentarse a negociar, apelando a que cumplirán con la Ley. No obstante, avisaron que los plazos los marcaría el Consejo y que no fijarían dos nombres hasta tenerlos bien consensuados entre los 19 vocales.
Así pues, el Pleno extraordinario convocado por Lesmes hace ahora ocho días terminó con muy pocas esperanzas de cumplir con el mandato legal. La división es patente y manifiesta entre el bloque progresista, que quiere nombrar cuanto antes, y el conservador, visiblemente molesto con los últimos cambios legales impulsados por el Gobierno, ya que primero se les prohibió por Ley su derecho a efectuar nombramientos estando en funciones y, después, se les devolvió la potestad pero únicamente para renovar el TC.
El motivo es que el Ejecutivo necesita que el CGPJ nombre a sus candidatos para poder aprobar sus dos propuestas ya que la Ley estipula que se debe renovar a la vez. Este cambio es de calado ya que permitirá al Tribunal Constitucional inclinar la balanza hacia una mayoría progresista. Por su parte, los críticos, ya molestos por los continuos reproches del Gobierno al Poder Judicial, sostienen que se les debe renovar o restituir todas las competencias.
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