El portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, advierte de que el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, decidida por el Ministerio de Industria, tendrá un riesgo añadido por la rotura de varios elementos combustibles de la piscina.
En declaraciones a Efe, ha explicado que la piscina de la central es donde se depositan, por razones de seguridad, las barras de combustible de uranio de la planta, incluidas las que se retiraron del reactor cuando la empresa propietaria, Nuclenor, decidió pararlo en diciembre de 2012, recoge EFE.
Castejón ha detallado que sacar los elementos de combustible de la piscina es una tarea "delicada pero relativamente sencilla", porque se extraen con una grúa puente que ya está instalada y se depositan en un contenedor especial.
Sin embargo, la existencia de elementos rotos hace el proceso "más complejo y peligroso" porque hay que sacarlos evitando que se produzca cualquier pérdida de uranio, un material "altamente contaminante".
El portavoz ecologista también ha criticado el coste de desmantelamiento de la central apuntado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, cuando anunció su decisión de no autorizar la prórroga solicitada por la propietaria de la planta atómica.
600 millones de euros
El ministro estimó que el proceso rondaría los 600 millones de euros, que se pagarían a partes iguales con fondos públicos y de la empresa propietaria.
Sin embargo, Castejón considera que el coste que asumiría la propietaria, Nuclenor, que está participada por Endesa e Iberdrola, será mucho menor, porque solo se encargará del proceso de preparación del desmantelamiento, mientras que la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos) se convertirá después en titular de la planta atómica y se encargará del desmantelamiento.
Pone el ejemplo de Zorita (Guadalajara), actualmente en desmantelamiento, donde el coste más importante de los preparativos para desmantelar ha sido la construcción de un almacén temporal para los residuos radiactivos, actualmente en ejecución con un coste de cinco millones de euros.
El portavoz ecologista considera necesario un cambio de legislación que obligue a las empresas eléctricas a asumir el coste de desmantelamiento y gestión de los residuos de las plantas nucleares.
Cree que deberían asumir los costes de la gestión de residuos, al menos mientras existan las empresas, dado que "algunos de esos residuos siguen siendo potencialmente contaminantes durante cientos de miles de años".
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