España

Bal: "Pablo Iglesias mintió descaradamente sobre el robo de la tarjeta de Bousselham"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados defiende la actuación de Felipe VI tras rechazar la herencia de su padre, Juan Carlos I: "Se ha comportado de una forma ejemplar"

Edmundo Bal (Huelva, 1967), portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ejerció como Abogado del Estado durante casi tres décadas. Y en esta entrevista se le nota mucho, ya que acompaña sus respuestas con frases como "presuntamente", "indiciariamente", "presunción de inocencia" y "a falta de una sentencia condenatoria". En sus opiniones Bal destaca que habla con conocimiento de causa, sobre todo al comparar una supuesta caja B de Podemos, con la misma caja B del PP que él investigó en la Audiencia Nacional defendiendo como funcionario los intereses del Estado. Este diputado de Ciudadanos también se encargó de desenmarañar la compleja tela de araña que según el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata tejió durante décadas el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, que lideraba una familia-organización criminal cuyos integrantes se enfrentan tras ocho años de investigación judicial al banquillo de los acusados.

Pregunta. Usted fue el abogado del Estado que investigó al clan Pujol, ¿me podría decir cuál fue el 'modus operandi' del clan del expresidente catalán?

Respuesta. Muy complejo y muy variado, la mayor parte de los miembros de su familia estaba implicada en el reparto del dinero, y con un reparto de papeles, porque unos tenían mayor protagonismo y otros sólo recibían el dinero. Y tenían muchas formas de ingresar dinero. Empezando por el dinero que se encontraba en Andorra, y que Jordi Pujol Soley dijo que era un legado del abuelo Florenci, pero nunca llegó a justificar su procedencia, cuando la denunciante inicial decía que llevaban sacos llenos de billetes a Andorra. Al cooperar las autoridades andorranas se pudieron ver los movimientos bancarios que hacían; también el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, realizó inversiones en proyectos muy variados, muchos de ellos sin justificación documental. Daba la sensación de que se trataban, presuntamente, de tapaderas. Para que pareciera que los ingresos eran de origen lícito.

¿Recuerda algún hecho concreto?

Me acuerdo, por ejemplo, de los asesoramientos verbales. Proyectos que no tenían justificación documental, como uno que se habría llevado a cabo en Gabón e inversiones turísticas en Baja California (México); y uno de los hijos [Oleguer] participó en la denominada operación Brick, o la venta y posterior arrendamiento de las sucursales del Santander. Ahí aparecían distintos pagos a través de sociedades interpuestas a los comisionistas a través de sociedades holandesas. Todas las actuaciones iban encaminadas a crear la apariencia de licitud de los ingresos de toda la familia Pujol, que eran descomunales. Yo recuerdo haber investigado, sobre todo, las cuentas andorranas. Esos ingresos después iban a parar a distintos miembros de la familia. Y resultó muy difícil saber cuál era el origen real de estos ingresos, pero lo que sí estaba claro es que las justificaciones que se daban con respectos a estos ingresos no parecían verosímiles.

Yo recuerdo haber investigado, sobre todo, las cuentas andorranas de los Pujol. Esos ingresos después iban a parar a distintos miembros de la familia del expresident

¿Entonces usted está de acuerdo con el juez José de la Mata en que el clan Pujol es una organización criminal?

El término de organización criminal tiene un significado popular o vulgar, y luego tiene el significado técnico, el del propio Código Penal. Y el delito de organización criminal exige que en un grupo de personas haya un reparto de papeles, de beneficios y cierta jerarquía a la hora de tomar decisiones. Y por lo que yo vi, aunque me fui de la causa antes de que finalizara la instrucción, sí podía haber personas que colaboraban o que hacían cosas en distintos niveles de jerarquía, personas que mandaban, personas que ordenaban el reparto del dinero entre los distintos miembros de la familia. Presuntamente, indiciariamente, se daban las notas que la jurisprudencia establece para que exista una organización criminal, sin perjuicio de lo que realmente sea objeto del enjuiciamiento.

Edmundo Bal tras denunciar una filtración de un escrito de la Abogacía del Estado.

¿Cómo pudo operar una organización criminal de estas características durante décadas en Cataluña?

Mi opinión, y aquí hablamos más de política que de Derecho, porque tuvo el amparo y el paraguas político inmenso que Jordi Pujol padre logró al gobernar durante mucho tiempo en la Generalitat de Cataluña. Además, se convirtió en una persona indispensable para la gobernanza de España, pactando con unos o con otros, según convenía. Y yo creo que eso al final estableció un paraguas de impunidad, una respetabilidad o una posibilidad de tejer redes clientelares para conseguir cosas.

Una de las cosas que dice el auto del juez del caso Pujol, José de la Mata, es que en algunas ocasiones los empresarios hacían sus pagos incluso con la esperanza de recibir algo en el futuro.

Claro, por ejemplo el famoso 3%, como comisión en algunas adjudicaciones también iba por ahí. Algunas veces daba la sensación de que era bueno ser amigo de la familia por si en el futuro podía ser necesario para conseguir alguna cosa. Recuerdo alguna operación concreta, traspasando incluso las siglas políticas. Los Pujol eran presuntamente influyentes en toda Cataluña, independientemente de que en un Ayuntamiento gobernara Convergéncia o no, gobernara quien gobernara. El propio título de Pujol sigue siendo el de Molt Honorable President de la Generalitat después de todo lo que ha pasado, e indiciariamente parece que está justificado y demostrado.

¿Cree que el nacionalismo o el independentismo ha escondido este tipo de corrupción?

Claramente, porque el nacionalismo y el independentismo se basan en falsear la Historia, que reescriben y cuentan como quieren. Tenemos ejemplos hilarantes, ya que llegan a asegurar que Cristóbal Colón era catalán, o la forma que tienen de contar la guerra de 1714, que tuvo un origen dinástico entre dos posibles sucesores al trono de España. No fue una guerra de conquista ni nada parecido, pero cuentan la Historia con mentiras y de una manera que a ellos les conviene, aunque sepan que no es verdad. Y con la Historia reciente parece que han tratado de hacer lo mismo, porque Pujol es una persona muy reconocida en el mundo del nacionalismo catalán, y aquí claramente han tratado de ocultar o de restarle importancia a este delito.

Parece evidente que los nacionalistas deberían cambiar su eslogan de 'España nos roba', que es pura mentira, por el de 'Pujol nos roba'

Ahora sabemos que mientras Oleguer Pujol promovía en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 la campaña independentista 'Freedom for Catalonia', su hermano Jordi Pujol Ferrusola estaba abriendo cuentas en Andorra para llevar allí el dinero de las presuntas comisiones ilegales...

Parece evidente que los nacionalistas deberían cambiar su eslogan de 'España nos roba', que es pura mentira, por el de 'Pujol nos roba', porque eso es lo que habría pasado si finalmente se llega a una sentencia condenatoria. En todo momento siempre hablo, presuntamente, y porque hasta que no haya una sentencia condenatoria no hay nada probado y rige la presunción de inocencia, como es propio de cualquier Estado moderno y avanzado como es España. Aunque ahora, por lo menos, un juez de instrucción ya ha visto que puede haber algún delito, y por eso ha dictado el auto de continuación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, en el Congreso de los Diputados.

¿Le ha dado tiempo a leer los 500 folios del auto en el que el juez De la Mata propone juzgar a los Pujol?

No lo he leído entero, aunque sí he leído muchos autos de José de la Mata, y he invertido muchas horas de mi trabajo en ese juzgado, porque yo he llevado allí muchas causas y muy diversas. Como por ejemplo el caso Gürtel-Bárcenas, los asuntos de los Pujol y otras muchas que ya casi ni me acuerdo, como por ejemplo las causas sobre la empresa pública Defex. Echas muchas horas en los juzgados, porque las declaraciones son muy largas, porque interrogas a mucha gente en muchos días, y algunas veces entras en el juzgado a las nueve de la mañana y sales a las ocho de la tarde, con un rato para comer...

¿Pero aún así lo echa de menos?

Sí, claro, ¿cómo no voy a echarlo de menos cuando uno se ha dedicado a esto durante 16 de los 26 años que llevo siendo abogado del Estado? Es un trabajo bonito. Y con respecto a De la Mata, me gustaría decir que considero que es un gran juez, una persona muy trabajadora y muy minucioso en las declaraciones. Y para hacer una buena investigación penal hace falta mucha paciencia, tesón y como ha hecho De la Mata no hay que dejar flecos y tener las investigaciones bien cerradas. Y en asuntos tan complejos como el de los Pujol, con una red que es muy difícil de desenmarañar.

¿Cuando abandone la política le gustaría volver a la Abogacía del Estado o tiene pensado crear un despacho privado?

Cuando me cesaron en mi puesto en la Abogacía del Estado varios despachos de abogados me hicieron ofertas. Eran muy jugosas desde un punto de vista económico, pero dije a todas que no. Yo siempre he sido una persona convencida del servicio público, dedicada al servicio público, aunque estuve dos años de excedencia voluntaria en un despacho de abogados y volví al servicio público, siempre es lo que más me ha motivado, defender los intereses generales, pero no se puede decir nunca de este agua no beberé. Y menos yo, cuando la vida, de repente, me ha cambiado de la manera que me ha cambiado porque Albert Rivera se fijó en mí. La verdad es que la vida me ha dado muchas sorpresas y muchas satisfacciones.

¿Cree que habría que poner algún límite a las puertas giratorias en el mundo de la Justicia?

Sobre las puertas giratorias creo que en muchos casos se están confundiendo casos que son muy diferentes. Los funcionarios tenemos el derecho a pedir la excedencia voluntaria para trabajar en un despacho particular, y tenemos el derecho, pasados los plazos mínimos que establece la ley, y que por supuesto se pueden modificar, de volver a la Administración, que para eso hemos aprobado una oposición. El sistema es mejorable, porque por ejemplo se podría establecer en ese retorno a la Administración que no se pudieran desempeñar puestos de trabajo que estuvieran relacionados con aquellas actividades que uno haya realizado en la vida privada. Pero ese caso no tiene nada que ver con el del político, que no es funcionario y que después, una vez que deja la política, nos encontramos muy recientemente con que aparecen en consejos de administración de empresas privadas. Hemos tenido ahora mismo unos casos de personas que han ocupado cargos políticos de responsabilidad en distintos gobiernos, es decir, que han decidido cosas concretas en los gobiernos del PSOE y del PP. No se puede comparar la situación de un funcionario, que va y viene de la vida privada, con la de un político que ha gobernado y, de repente, encuentra el trabajo de su vida en la empresa privada. Yo creo que en el primer caso hay que ser muy cuidadoso, y en el segundo caso sería más partidario de una prohibición más rígida.

No se debe favorecer ningún tipo de impunidad y, por lo tanto, debe seguirse con la investigación sobre Juan Carlos I de acuerdo con la ley

¿Qué debería hacer ahora la Justicia española en relación a Juan Carlos I?

Lo más relevante de este asunto es que tenemos que aplicar el derecho penal; la ley que estaba vigente cuando se cometieron estos hechos. Y por lo tanto una parte de los mismos estarán protegidos por la inviolabilidad, ya que la abdicación se produjo en 2014, aunque otros hechos no estarán protegidos. Y desde luego, no se debe favorecer ningún tipo de impunidad en relación con la perpetración en España de cualquier delito aplicando las leyes de un Estado moderno, democrático y adelantado como es España. Y por lo tanto debe seguirse con la investigación de acuerdo con la ley.

Al margen de lo que haga la Justicia, ¿cree que la Casa del Rey debería adoptar alguna decisión al respecto?

Yo creo que el Rey Felipe VI se ha comportado de una forma ejemplar. Es decir, se ha desvinculado de su padre, ha renunciado a cualquier derecho sucesorio, a la herencia que pudiera tener de su padre por estos fondos, y le ha privado de cualquier tipo de asignación de dinero público de la Casa del Rey. Y yo creo que en ese sentido su conducta ha sido ejemplar e intachable. Y luego nos encontramos con estos partidos políticos que tratan de aprovechar las aguas revueltas y tratan de confundir lo que se está investigando con respecto a una persona en concreto, Juan Carlos I, y tratan de extenderlo de una manera injustificada hacia la institución de la Corona para debilitar al Estado y para erosionar los pilares fundamentales de nuestro Estado constitucional cuya forma de Estado es la Monarquía Parlamentaria.

Edmundo Bal

¿A qué partidos se refiere?

He escuchado declaraciones de ERC y del presidente catalán, Quim Torra, Bildu e incluso, de una forma mucho más preocupante, de dirigentes políticos que se encuentran formando parte del Gobierno de España. Cuando tú estás en el Gobierno de España has jurado o prometido la Constitución Española, y por lo tanto no se debe hacer ese tipo de declaraciones, como la que escuché a Irene Montero, diciendo que los presuntos delitos que hubiera podido cometer el rey emérito, ella los atribuía a la institución de la Corona. Aparte de que jurídicamente es un despropósito, porque penalmente solo se pueden juzgar los delitos que comete una persona atribuidos a esa persona, no a otras; políticamente es un auténtico disparate que alguien que forma parte del Gobierno pueda realizar estas declaraciones en contra de la forma del Estado que precisamente establece la Constitución Española. Y el otro día también Pablo Iglesias dijo esa cosa tan rocambolesca de que en España se notaba el espíritu de una república plurinacional. Desde luego, primero tendría que explicar de qué estaba hablando, porque es bastante enigmático que se hable de una república plurinacional, y segundo, debería explicar si está dispuesto a poner en marcha el proceso de reforma constitucional, el agravado, que exige disolver las Cortes, convocar elecciones y unas mayorías muy cualificadas, además del referéndum de todo el pueblo para aprobar esa reforma de la Constitución que estableciese esa hipotética y futura república plurinacional a la que se refiere el señor Iglesias.

Podemos, uno de los partidos de la nueva política, ha empezado a tener abiertas causas judiciales en su contra... 

Todas están en trámite de instrucción y nos estamos enterando de las cosas por las filtraciones de los juzgados, por lo que no podemos hacer juicios de valor seguros, porque no hay todavía una sentencia condenatoria. Pero las noticias que nos llegan son inmensamente preocupantes. Un partido que aparecía frente a la ciudadanía como el partido de la nueva política, adalid de la regeneración, de la transparencia y de la limpieza, pues resulta que al final en la propia conducta del señor Iglesias parece que lo único que quería era acceder al poder a toda costa, ya que su propia conducta personal difería con mucho de esas declaraciones en las que a personas que trataban de vivir lo mejor posible con el dinero que ganaban por su trabajo eran calificadas como casta, y fíjese ahora en lo que se ha convertido él.

Ahora parece claro que no se trató de un robo y que no había un aparato policial-periodístico para acabar con la reputación de su partido y de su persona, y que todo eso él lo sabía o lo debía saber

Y un juez de la Audiencia Nacional quiere investigar si Pablo Iglesias destruyó una tarjeta que en realidad era propiedad de Dina Bousselham, y que había sido robada...

El asunto de Dina Bousselham le llevó a construir el concepto de las cloacas del Estado y aprovecharlo políticamente en su beneficio en una campaña electoral haciéndose la víctima, pero ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le ha negado ya la condición de perjudicado. Ahora parece claro que no se trató de un robo y que no había un aparato policial-periodístico para acabar con la reputación de su partido y de su persona, y que todo eso él lo sabía o lo debía saber; es decir, en definitiva, mintió descaradamente en relación con la tarjeta de teléfono, y a mi sinceramente me parece un escándalo que, además, y en contra del criterio de los letrados del Congreso, Podemos haya pasado con el apoyo del PSOE el rodillo de la Mesa del Congreso para impedir preguntas sobre este asunto, que no tiene nada de personal, ya que es absolutamente público. Pero Podemos también tiene la denuncia de que tenía una caja. Y en este asunto, parece ser que el asesor jurídico, el señor Calvente, pudiera dar alguna información relevante. Imagínese usted la caja B de Podemos cuando tanto despotricaron en relación con la caja B del Partido Popular. Iglesias tiene que dar explicaciones públicas y ha dado la callada por respuesta, y yo creo que tienen mucho que ocultar.

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