Se buscan valientes, pero en este caso, docentes. Este podría ser el leitmotiv del Defensor del Profesor, un servicio de atención inmediata y gratuita dirigido a profesionales de la Enseñanza víctimas tanto de conflictividad y violencia en las aulas como de problemas relativos a los padres de sus alumnos o a la propia dirección de los colegios. Pese a que esta semana el Plan de Convivencia Escolar diseñado por el Gobierno ha sido objeto de polémica durante la Conferencia Sectorial de Educación porque, según algunos consejeros autonómicos socialistas, "invade" las "competencias" de las medidas regionales ya existentes -una idea que refutó el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, al afirmar que no era de "obligada imposición"-, profesores de todas las CCAA sí coinciden en hacer uso del Defensor cuando se encuentran indefensos, una medida impulsada por la Anpe que este 2017 cumple 12 años.
Estas acusaciones suelen ser por los deberes o sobre el trabajo del profesor: le llegan a decir que su metodología no es la correcta, que no evalúa bien e, incluso, se meten con las vacaciones que tienen los docentes"
El último curso, este servicio registró 1.961 casos. El 39% pertenecían a docentes de Primaria, el 35% a Educación Secundaria, el 6% a Infantil, el 3% a la FP Básica, otro 3% a Ciclos Formativos y un 14% al resto de enseñanzas. Las quejas se refieren a alumnos, padres de alumnos y otras están relacionadas con los profesores. En el primer caso, el 31% de los incidentes corresponde a faltas de respeto, el 20% a problemas para dar clase, el 19% son casos de ciberacoso y el 10% de sucesos son referidos a conductas agresivas entre alumnos. Además, un 7% se podrían clasificar en acoso y amenazas, el 3% son agresiones y un 2% daños contra la propiedad.
Bulos por internet
"Hay alumnos que dejan el móvil grabando en un lugar del centro para luego utilizar el contenido donde consideran. Otros hacen montajes subidos de tono con las caras de sus profesoras y las difunden por internet y luego hay padres que difunden bulos a través de las redes sociales sobre temas que no serían capaz de decir cara a cara", explica el psicólogo y docente, Jesús Niño, quien además ejerce de Defensor del Profesor en Castilla y León. "Las faltas de respeto son las más habituales, por ejemplo, no prestar atención al docente, levantarte sin permiso, tirar objetos con la intención de molestar... No se consideran agresiones en ningún caso, pero hacen que el profesor pierda hasta 20 minutos antes de iniciar la clase cuando las sesiones, en algunos de los niveles, son de 50 minutos", añade.
En cuanto a las molestias causadas por los padres de los alumnos, el 50% son acusaciones carentes de fundamento, el 29% acoso y amenazas, el 18% son denuncias y el 8% son presiones para que cambien las calificaciones escolares, además de un 2% de quejas por haber sido agredidos. "Estas acusaciones suelen ser por los deberes o sobre el trabajo del profesor: le llegan a decir que su metodología no es la correcta, que no evalúa bien e, incluso, se meten con las vacaciones que tienen los docentes", explica Niño. Y agrega que, otras veces, quieren que sus hijos tengan mejores notas y presionan a los profesores para que les califiquen de otra forma. "Así que los docentes tienen la sensación de poco control sobre su trabajo y poca capacidad de decisión. Implicarse en la educación de los hijos de esa forma negativa no es necesario", dice.
Ansiedad y depresión
En relación a los otros profesionales de los colegios también hay quejas. El 26% son problemas con la dirección, el 18% con la administración, el 13% problemas por no aplicar el reglamento del centro, el 11% son polémicas entre compañeros y el 2% tratan sobre apertura de expedientes disciplinarios. Este tipo de conductas en las escuelas provocan, según el Defensor del Profesor, consecuencias en la salud mental de los docentes. El 57% de los casos registrados el curso pasado presentaba ansiedad, el 7% depresión y el 9% estaba en situación de baja laboral. "Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación", determina.
El daño lo producen unos pocos, pero las consecuencias se extienden hacia todo el alumnado con el que el profesor agredido tiene que relacionarse"
Además, las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos, pero las consecuencias se extienden hacia todo el alumnado con el que el profesor agredido tiene que relacionarse. "La evolución con respecto al curso 2005-2006, que fue cuando empezamos, fue en aumento hasta registrar un pico en 2010 con un total de 4.000 casos. Desde entonces, hay una tendencia descendiente, siendo Madrid la comunidad autónoma que más demandas registra y arrastrando a las estadísticas a nivel nacional", explica el psicólogo y docente.
"La Ley de Autoridad ha ayudado a que se vaya teniendo consciencia de la importancia de la labor. Lo que antes era una falta ahora es un delito, y cada vez más profesores se atreven a denunciar. No es que sea la mejor línea ni la única, pero hasta hace poco muchos compañeros no se atrevían a recurrir a esta vía porque pensaban que no iba a servir para nada, pero esta norma ha servido para dar un empujón y hacer que las víctimas se atrevan a dar la cara. Situaciones como la de un padre entrando en una clase para agredir a un profesor, que también ha pasado, no deben quedar impunes", advierte.
Cómo funciona
Desde el Defensor del Profesor de la Anpe explican que la recepción de las peticiones de ayuda se gestiona a través de diferentes vías. Lo más habitual es la llamada telefónica, pero también existe la posibilidad de hacerlo a través del correo electrónico o mediante una entrevista personal. "Recogemos los datos más significativos de los afectados y de la situación por la que están pasando. Toda la información es voluntaria y se trata de forma confidencial, las consultas son atendidas por psicólogos", dice Niño.
La información recogida, continúa, se valora de la forma más precisa posible y se trata de buscar la respuesta más ajustada para contribuir a una evolución favorable del caso. "La intervención presenta un amplio espectro de respuestas, desde la información sobre la normativa de convivencia hasta la intervención en el propio centro educativo, pasando por el asesoramiento, el apoyo o las orientaciones metodológicas más apropiadas. En los casos más graves se indica la necesidad de ser atendido por un facultativo médico o de denunciar ante Policía Nacional o Guardia Civil", señala.
