Cuando Íñigo Méndez de Vigo aterrizó en el Ministerio de Educación, el 25 de junio de 2015, en sustitución de José Ignacio Wert, se propuso como meta incrementar el presupuesto destinado a becas y ayudas al estudio, una de las partidas más castigadas durante la crisis económica. Desde aquel momento, el también portavoz del Gobierno insiste en que el aumento de fondos en esta materia es una de las claves de su política para garantizar el principio de igualdad de oportunidades en España.
Pero llegó el día de anunciar los Presupuestos Generales del Estado de 2017, el pasado martes, y la cifra concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a Educación, 2.525 millones de euros, cayó como un jarro de agua fría en la comunidad educativa. El Libro Amarillo recogía un 1,7% más de gasto, sí, pero "insuficiente".
La dotación para becas y ayudas al estudio de carácter general escala a 1.420 millones, una dotación que aumenta el 0,3% con respecto al año anterior
Del total de la política, el 60,3% se destinará al programa de becas y ayudas a estudiantes y, dentro de este programa, la dotación para becas y ayudas al estudio de carácter general escala a 1.420 millones, una dotación que aumenta el 0,3% con respecto al año anterior y que el Gobierno ensalza como "la más alta de la serie histórica". Sin embargo, un dato que para algunos es motivo de exhibición, para otros es cuanto menos mejorable. Todo depende de las comparaciones.
Educación Superior
El extremeño Segundo Píriz, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que engloba a 76 universidades españolas considera que se trata de la asignatura pendiente con peor calificación del gasto público en educación superior que tiene España y los Presupuestos Generales del Estado de 2017. "No van a aprobarla", advierte a este diario.
"Las partidas de Educación en los Presupuestos Generales de Estado tan solo recogen las dotaciones de las competencias de coordinación, alta inspección y de capacidad normativa que han quedado en la Administración Central. Estas son -en este sentido- residuales respecto a las que deben consignar las Comunidades Autónomas, que son las verdaderamente competentes en la materia educativa. Esto es así, salvo en la referida a la política de becas y ayudas al estudio", especifica el sucesor de Manuel José López, recientemente condecorado por la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Y agrega que, para esta política, que tiene una trascendencia vital para garantizar el principio de igualdad de oportunidades en nuestro país, la dotación -para todos los niveles de estudio- es de 1.523 millones de euros, con un crecimiento del 3,44%. "Hay crecimiento, sí, pero debemos recordar que, en el ámbito de la educación superior, el esfuerzo en becas y ayudas al estudio es en la actualidad el 40% del que por término medio realizan los países de la OCDE", resalta.
De hecho, en el informe Comparación internacional del sistema universitario español presentado por la CRUE destaca la baja proporción del PIB que se dedica a este concepto en España. Tan solo el 0,11% del PIB, cuando la media de la OCDE es del 0,31% y de otros países con precios públicos más bajos, como Alemania (0,31%) o Suecia (0,49%).
Precios de las matrículas
España tampoco sale bien parada en cuanto a los recursos dedicados a la actividad investigadora, pues la proporción de investigadores a tiempo completo respecto del total del personal de investigación en la educación superior en la Unión Europea se sitúa alrededor del 49%, muy por debajo de Países Bajos, que cuenta con un 86%.
Además, la falta de una financiación sostenible que acucia al sistema educativo español tampoco encuentra recompensa en los precios de las matrículas universitarias. "España tiene el cuarto nivel de precios de matrícula universitaria más elevado de la Unión Europea. La combinación de estos dos factores, matrículas elevadas y becas exiguas, favorece poco la garantía de aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la educación superior de nuestro país", insiste Píriz.
Según el presiente de la CRUE, la política de becas y ayudas al estudio debería haber recibido una atención preferente durante toda la duración de la crisis, y debería haberse dotado con recursos crecientes y en paralelo al deterioro del mercado de trabajo y de los índices de pobreza que ha registrado España.
"Su reducida dimensión relativa en el conjunto del gasto del Estado, donde no supone ni el 0,5% del total del gasto, no permite explicar que su incremento sostenido haya sido imposible, cuando los estudiantes y sus familias más lo necesitaban", considera el presidente de la CRUE.
