Los últimos sondeos apuntan a un empate técnico en número de escaños entre PNV y EH Bildu en las próximas elecciones autonómicas vascas del próximo 21 de abril, con el PSOE como principal actor de la gobernabilidad al determinar con sus votos sobre qué lado de la balanza recaerá la presidencia regional. El PP también obtendría representación, mientras que Sumar, Podemos y Vox buscan los votos necesarios para entrar en la cámara. Un complejo equilibrio político que, de un modo u otro, salpica al Ejército. Porque en los próximos años se tomarán decisiones que afectan de pleno a su estructura en territorio vasco.
La de mayor envergadura pasa por su salida del cuartel de Loyola. El PNV arrancó al Gobierno el compromiso de desalojar al Ejército de Tierra de este espacio para reconvertirlo en una nueva zona de viviendas, previo pago de 74,4 millones de euros del Ayuntamiento de San Sebastián al Ministerio de Defensa. El departamento que dirige Margarita Robles ya trabaja en el proyecto para reacondicionar la antigua Hípica, donde se reubicará a los militares del Regimiento de Infantería "Tercio Viejo de Sicilia" Nº 67, actual 'inquilino' en Loyola.
El PNV, principal impulsor de esta decisión, no recoge ninguna referencia en su programa electoral sobre el cuartel de Loyola: la única que se aproxima se centra en la construcción de defensas frente a inundaciones del río Urumea en la zona de los cuarteles -además de en otras regiones del País Vasco-.
Lo que los jeltzales liderados por Imanol Pradales sí que abordan es la "seguridad" como "un pilar fundamental en el bienestar, la estabilidad y el progreso de cualquier sociedad", en un contexto en que la seguridad ciudadana ocupa uno de los ejes principales de la mayoría de los partidos ante las elecciones del 21 de abril. "Euskadi es hoy en día un país seguro", señalan en su programa, donde hablan del desarrollo "un nuevo Plan de Seguridad" o un "Sistema de Coordinación Policial".
También hay referencias específicas a la Ertzaintza, la ciberseguridad o el compromiso "con la contratación en perspectiva de género". No obstante, no hay ninguna cita hacia las Fuerzas Armadas o el Ejército, a pesar de la envergadura del proyecto de Loyola.
La desmilitarización de Bildu
EH Bildu, que pugna con PNV por convertirse en fuerza con mayor representación en los comicios, sí que habla de "desmilitarización" en su programa. Los abertzales, habituales defensores de la bandera antimilitarista, han manifestado en múltiples ocasiones su deseo de sacar al Ejército del País Vasco, que actualmente tiene presencia de unos 1.500 efectivos repartidos entre Munguía (Vizcaya), Loyola (San Sebastián) y Araca (Vitoria).
Pero la "desmilitarización" a la que hace referencia EH Bildu en su programa no aborda específicamente la situación de las Fuerzas Armadas; más bien se centra en la necesidad de descargar de responsabilidad a los cuerpos policiales en materia de seguridad.
Los de Pello Otxandiano destacan la necesidad de reducir "el uso de armas de fuego" mediante la realización de un "programa de patrullaje desarmado" y la preparación de un "catálogo de actividades que se realizarían sin armas", reemplazando las de fuego por "armas no letales", como las táser. En este epígrafe también hablan de su "postura firme para erradicar simbolismos, emblemas, parafernalia o actitudes de extrema derecha".
"En el ámbito de la desmilitarización, la retirada de las fuerzas de seguridad españolas ha sido hasta ahora el reclamo de la mayoría parlamentaria", abundan desde EH Bildu. "Desgraciadamente hemos visto que el Gobierno Vasco no tiene capacidad suficiente para hacer cumplir esta exigencia".
Sin referencias al Ejército: PSOE, PP
El Ejército y el futuro de las Fuerzas Armadas en la región es el gran olvidado en el programa del PSOE, que se presenta a las próximas elecciones bajo el liderazgo de Eneko Andueza. En su caso también recoge numerosas medidas relacionadas con la seguridad: "Una Policía vasca eficaz y cercana, con medios modernos y suficientes", reza el epígrafe principal, donde se determina que para la ciudadanía vasca "el bienestar y la seguridad de la ciudadanía es una prioridad indiscutible". Sus apuntes se centran en cuerpos policiales y Protección Civil.
Javier de Andrés, candidato del PP, dedica cinco páginas de su programa a la seguridad ciudadana. Arrancan con una batería de estadísticas para después desglosar sus propuestas dedicadas a los cuerpos policiales: "En 2022 se produjo en Euskadi 1 infracción penal cada 5 segundos (113.842) y en 2023 siguieron creciendo. En los 9 primeros meses de 2023 se produjeron: 1 hurto cada 17 minutos, 10 robos con fuerza en viviendas al día, 4 estafas al día y el robo de 490 vehículos de motor. Especialmente preocupante nos resulta el incremento del 6% de los delitos contra la libertad sexual". Ninguna referencia al Ejército o a las Fuerzas Armadas.
Las propuestas de Podemos, Sumar y Vox
Miren Gorrotxategi, de Podemos, recoge alguna referencia somera a asuntos militares, aunque no a la situación de las Fuerzas Armadas: "Abogaremos por el cese de las relaciones y la compraventa de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel por parte del Gobierno vasco". También habla de seguridad ciudadana, aunque presenta una "alternativa" a la que denomina "Seguridad Humana", más allá de cuestiones policiales y centradas en "la violencia estructural, la seguridad ciudadana, la globalización seguritaria y las injusticias sociales, mediante políticas públicas integradas".
En el caso de Sumar, con Alba García al frente, no hay ninguna referencia a materias de seguridad. Su programa se centra en "10+3 medidas" centradas en vivienda, salud, trabajo, energía o feminismo, entre otros. Pero no hay ningún aspecto sobre este ámbito específico.
¿Y Vox? Los de Amaia Martínez destacan que "nuestras Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicio de Vigilancia Aduanera y funcionarios de Instituciones Penitenciarias merecen nuestro
gratitud y estima, tanta como los miembros de la Ertzaintza y policías locales": "Estableceremos ayudas a todos sus integrantes y familias e impulsaremos la declaración de su actividad como profesión de riesgo".
También advierten de que "procederemos a la devolución de la titularidad al Ministerio de Defensa y del Interior de los Cuarteles militares y de la Guardia Civil, empezando por los Cuarteles de Loyola, sede del Regimiento de Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” 67 (Brigada «Extremadura» XI de la División «Castillejos») y de la USAC “Loyola” (Cuarta Subinspección del Ejército Noroeste de la Inspección General del Ejército de Tierra)".
Por último destacan la necesidad de "un especial reconocimiento" por "la eficacia demostrada en la lucha contra el terrorismo" en los ámbitos de su competencia y porque, lamentablemente, sus integrantes
han sido quienes han aportado el mayor número de víctimas mortales y de heridos" a los miembros y familiares de los cuerpos militares y policiales.
Cerca de 1.500 efectivos conforman la estructura del Ejército de Tierra en el País Vasco; pero más allá de la "desmilitarización" de EH Bildu -aunque centrada en cuerpos policiales- y pese a la incertidumbre sobre su futuro inmediato en la región, apenas figuran en la mayoría de los casos en los programas electorales del próximo 21 de abril.
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