El Instituto de Coordenadas y Gobernanza Aplicada ha señalado la necesidad de que en España haya una normativa que permita agilizar los desalojos ante ocupaciones ilegales de viviendas y, de esta manera, aporte "protección y certidumbre a los propietarios" y genere "un impacto positivo en el sector residencial y de oficinas".
Citando datos del Ministerio del Interior, el Instituto de Coordenadas ha indicado que el número de ocupaciones anuales ha aumentado desde los 2.000 casos de 2010 a los más de 17.300 registrados en 2021, con casi 50 ocupaciones diarias y un total de 100.000 casas asaltadas.
Además, ha precisado que Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana son las regiones más afectadas por este fenómeno y que Cataluña concentra el 50% del total de viviendas ocupadas ilegalmente en España, país que "se sitúa a la cabeza en Europa".
Causas del fenómeno
En su análisis, el Instituto dice que esta situación es consecuencia de "una regulación procesal del siglo XXI" que "ignora la realidad social y económica" actual, la "ausencia de instrucciones claras" por parte del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado ante las 'okupaciones' y un sistema judicial "colapsado".
En relación con la Ley por el Derecho a la Vivienda, que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos quiere sacar adelante en el Congreso antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, el Instituto se ha referido a algunas de las discrepancias que han ido retrasando su aprobación.
En concreto, el Instituto de Coordenadas y Gobernanza Aplicada lamenta que Unidas Podemos se oponga a que los jueces puedan ordenar el desalojo en 48 horas y a que los jurados populares no se ocupen de los casos de allanamiento de morada.
A través de una enmienda al proyecto de ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, el PSOE ha propuesto modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el juez o tribunal pueda ordenar el desalojo en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, esta propuesta tiene un "futuro incierto", dada la postura de Unidas Podemos, según ha comentado el Instituto.
Proteger la propiedad y actuar frente a redes criminales
El vicepresidente ejecutivo del Instituto de Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, ha afirmado que "España es el país más laxo entre las principales economías a la hora de protegerse de los asaltantes de casas vacías". "Especialmente, si nos comparamos con países de nuestro entorno, que cuentan con mecanismos de defensas rápidos ante el asalto", ha agregado.
A su juicio, "urge tener cuanto antes un marco normativo con el que se aporte protección y certidumbre a los propietarios ante situaciones de ocupación ilegal, algo que, además, tendrá un impacto positivo en el sector residencial".
Sánchez Lambás ha advertido de que "existen redes profesionalizadas, organizaciones criminales", detrás de estas ocupaciones; una "criminalidad lacerante que perturba no solo la propiedad, también la convivencia y la paz social". Por ello, "la solución jamás puede ser favorecer a los delincuentes ni imponer medidas unilaterales a los propietarios", ha subrayado.
Por otro lado, el Instituto de Coordenadas y Gobernanza Aplicada ha resaltado la importancia de "informar de la existencia de un Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante la ocupación ilegal de inmuebles, recogido en la Instrucción 6/2020, de 17/09/2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que "en ocasiones se incumple por los propios efectivos".
También ha apuntado que, ante una usurpación o un allanamiento de morada, tanto en primera como en segunda residencia, la Policía puede desalojar a los intrusos cuando el delito sea flagrante.
"La Policía lo considerará si el aviso llega de una central de alarmas por activación de una señal de intrusión o de un vigilante de seguridad privada", así que "siempre será positivo dotar a las viviendas de sistema de alarma que no solo constituyen un elemento disuasorio casi definitivo, sino que 'certifican' ante la Policía la intrusión", ha manifestado.
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