La Secretaría General del Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso. Los letrados de la Cámara Baja reconocen que puede haber "posibles motivos de inconstitucionalidad" en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE. No obstante, el equipo de Fernando Galindo aclara que no existe una contradicción tan "palmaria" con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación.
El informe que será visto este martes por la Mesa del Congreso explica que la iniciativa carece de defectos formales que imposibiliten que se admita a trámite. Los juristas desglosan que la proposición de ley no entra en contradicción "evidente y palmaria" con el artículo 62 de la Constitución Española, a diferencia de la propuesta registrada en 2021.
Entre las conclusiones de un informe de más de veinte páginas, los letrados argumentan que existe una diferencia clara entre la proposición registrada por Pedro Sánchez y los suyos y la presentada por los grupos parlamentarios independentistas en 2021. En aquella ocasión la propuesta liderada por los actuales socios del presidente del Gobierno estaba concebida como un indulto general, mientras que el texto actual "cuenta con elementos que la diferencian" y que permiten afirmar que no existe en este caso esa contradicción con la prohibición con la Carta Magna.
El anterior letrado mayor, Carlos Gutiérrez Vicen, justificó la inadmisión a trámite de la propuesta de los independentistas al entender que "entraba en palmaria contradicción con la prohibición de conceder indultos generales prevista en el artículo 62 i) de la Constitución". Sin embargo, en el escrito de reconsideración de esta iniciativa se señala que "no se ha fundamentado en la posible consideración de la amnistía como una figura inconstitucional, no habiéndose la Mesa pronunciado a este respecto".
Espera el fallo del Constitucional
Galindo admite que el Tribunal Constitucional podría encontrar algunos "incumplimientos" en el futuro texto de la ley de amnistía. No obstante, los juristas matizan que el trámite de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias "no está configurado como un control previo de constitucionalidad".
"La posibilidad de inadmitir una iniciativa parlamentaria en la fase de calificación y admisión a trámite es en todo caso excepcional, ya que puede suponer un quebrantamiento de los derechos fundamentales previstos en el artículo 23 de la Constitución, y sólo puede producirse" en tres casos muy concretos que no se dan en esta ocasión.
En caso de que "la iniciativa carezca de los elementos formales que son reglamentariamente exigibles". En segundo lugar, "que el contenido de la iniciativa se encuentre viciado por una inconstitucionalidad palmaria y evidente siendo así que en alguna ocasión el Tribunal ha sustituido esta expresión por la de inconstitucionalidad clara e incontrovertible u otras análogas". Y, como tercera y última razón, "que la admisión a trámite no constituya un incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional".
El texto apunta a "posibles motivos de inconstitucionalidad", pero detalla que para que proceder a su análisis se necesitaría el fallo del Constitucional. "Estos incumplimientos no se derivarían de una lectura directa de ningún precepto de la Carta Magna, sino de una interpretación de los mismos aplicada a la figura de la amnistía que debería llevar a cabo el Alto Tribuanal", explica.
No obstante, "corresponde a la Mesa de la Cámara, en el ejercicio de sus funciones de calificación, decidir sobre esta cuestión", concluye presentado por Fernando Galindo.
Galindo subdirector en el Ministerio de Isabel Rodríguez
El informe sobre la proposición de ley de la amnistía llega en medio de la polémica por el nombramiento como secretario general del Congreso de Fernando Galindo. El PP ha recusado al letrado mayor para que no pueda emitir informe ni asesorar a la Cámara durante la tramitación de la proposición de ley de amnistía, ya que consideran que carece "imparcialidad y objetividad".
Galindo trabajaba hasta hace dos semanas como subdirector en el Ministerio de Política Territorial liderado por Isabel Rodríguez. Además, los populares denuncian que fue, primero, director general de Cooperación Autonómica y Local y luego subsecretario del Ministerio de Política Territorial.
El PP recuerda que, según la Ley de Altos Cargos, al no abstenerse en sus labores de asesoría para la calificación de esta iniciativa, Galindo podría incurrir en una "falta disciplinaria muy grave" que lleva aparejada "la sanción de separación, suspensión o traslado forzoso del puesto".
Los de Feijóo denuncian que ley de amnistía "responde únicamente al pago" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los independentistas para continuar al frente del Consejo de Ministros. Por ello, el informe debe servir de asesoramiento técnico a la Mesa, por lo que es "determinante" para los propios intereses del secretario general y del Ejecutivo.
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