Los servicios de información detectaron injerencias extranjeras para alterar el transcurso de las elecciones que se celebraron en 2019 mediante campañas de desinformación que generaron "respuestas radicales e ideologías extremistas", según el Departamento de Seguridad Nacional (DSN). Investigan las consecuencias de las mismas y trabajan en un protocolo para minimizar el impacto de estas actividades en futuros procesos electorales.
2019 estuvo marcado por la convulsión política. Dos procesos electorales marcaron la agenda y fragmentaron todavía más el arco parlamentario, con la necesidad de llegar a acuerdos y coaliciones para formar Gobierno e investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una agitación que no pasó desapercibida para potencias extranjeras, que buscaban desestabilizar las elecciones y generar un clima de tensión social.
El Informe anual 2019 del DSN, órgano de Moncloa de asesoramiento al presidente, advierte del "incremento en las actividades realizadas por otros Estados" con el objetivo de influir en los procesos electorales de Europa, en general, y en España en particular. Para hacerlo, detalla el documento, estos agentes extranjeros se sirven de "toda clase de iniciativas" en el plano físico y en el virtual.
El "potencial de desestabilización"
El informe incide de forma particular en las "acciones de desinformación" que se llevan a cabo en plataformas de comunicación online, en redes sociales y en espacios digitales. Respecto a España, afirma que "en las diversas convocatorias electorales de 2019 se han detectado campañas de manipulación informativa". El DSN afirma que no han supuesto campañas sostenidas de desinformación, pero sí que les otorga la relevancia suficiente como para recogerlas en su documento.
Avisa de su "potencial de desestabilización política": "Pretenden desacreditar a las instituciones democráticas a través de la generación de desconfianza y polarización social, que alientan respuestas radicales e ideologías extremistas".
Quién investiga las campañas
Fuentes consultadas por Vozpópuli confirman que el Centro Criptológico Nacional, integrado en la estructura del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el principal encargado de investigar estas campañas procedentes del exterior con intenciones desestabilizadoras. Este órgano detalla algunos de los "elementos clave" en una campaña de desinformación. Las más conocidas, las fake news. Menciona asimismo las deep fake news [por ejemplo, la edición de vídeos falsos de figuras públicas aparentemente reales], la información manipulada que se vierte en foros sociales, las cuentas automatizadas o los perfiles digitales dañinos, entre otros.
El Centro Criptológico Nacional ya lanzó en febrero de 2019 un documento que bautizó con el nombre de Desinformación en el ciberespacio. En él desglosaba algunos de los procedimientos más habituales en escenarios como Cataluña, donde se vertieron informaciones sesgadas o manipuladas en las que se alimentaba un clima de tensión social.
Pero esta función no recae sólo en el órgano del CNI: los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también colaboran en el acopio y análisis de estos contenidos. Guardia Civil y Policía Nacional llevan sus propias pesquisas; también, en mayor o menor medida, las policías autonómicas. Todos ellos trabajan en el desarrollo de protocolos para minimizar el impacto de estas actividades en momentos sociales tensos o delicados.
El informe del DSN
El DSN recoge sus conclusiones sobre las injerencias extranjeras mediante campañas de desinformación en el capítulo Contrainformación de su informe anual. El documento completo consta de 280 páginas y en él se recogen las principales amenazas para la seguridad nacional, así como las medidas que se han adoptado para paliar sus implicaciones. Como contó este diario, en él también se advierte del riesgo de captación de militares y policías españoles por parte de servicios extranjeros para acceder a información confidencial.
Entre otras amenazas, el DSN analiza la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la ciberseguridad o la ordenación de los flujos migratorios. También se aborda el riesgo que representan las pandemias, aunque no cita expresamente al coronavirus al haberse redactado durante 2019.
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