El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no piensa comparecer el próximo 6 de julio ante la Asamblea venezolana después que la Comisión Permanente de Controlaría de dicha cámara, presidida por el diputado opositor Freddy Guevara le haya citado a fin de investigar los 7 millones de euros que recibió la fundación Ceps, a la que estuvo vinculado, de manos del Gobierno bolivariano. Ello podría acarrearle, según las fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli, una sanción económica que iría entre los 1.500 y los 4.000 euros.
Además de Iglesias, han sido convocados para dar explicaciones en el Parlamento venezolano, con mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el número dos de Podemos y secretario Político, Íñigo Errejón, el exresponsable de Programas y cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Luis Alegre, y el padre político de Iglesias y exsecretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge.
Iglesias calificó este miércoles de “absolutamente ridículo” que un “grupo de partidos extranjeros” pretenda investigar un presunto delito de financiación ilegal de su partido y afirmó en RNE que esta competencia sólo recae “en los tribunales españoles”. De igual modo, manifestó en TVE que esta citación “va contra el Estado de derecho que un grupo de partidos (de otro país) se erijan en tribunal”, en alusión a las fuerzas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Sin embargo, las fuentes citadas afirman que la Comisión Permanente de Contraloría en ningún momento pretende erigirse en tribunal, sino que sólo cumple su “función fiscalizadora del destino de fondos públicos”, reconocida por la propia Constitución.
El reglamento de la Comisión de Contraloría dice que "tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos"
Así, recalcan que este órgano actúa como otras comisiones de investigación parlamentarias, de carácter político, abiertas en Europa y ponen el ejemplo de la 'Comisión de investigación sobre corrupción' que sigue n la Asamblea de Madrid, donde ya ha comparecido, por ejemplo, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre.
En concreto, el artículo 223 de la Constitución venezolana establece que “la Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento”. Dicho reglamento afirma en su artículo 4 que la Comisión Permanente de Contraloría “tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así como sobre la transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos”.
Además, el texto constitucional venezolano señala que no sólo “los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones”, sino también “los y las particulares, a quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce”.
Asimismo, el reglamento de la Comisión Permanente de Contraloría indica que este órgano se rige por la Ley de Comparecencia, según la cual “todo funcionario o funcionaria público o particular, que siendo citado para comparecer ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, no asista o se excuse sin motivo justificado, será sancionado por contumacia, con multa comprendida entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y doscientas Unidades Tributarias (200 U.T.), o arresto proporcional, por multa no satisfecha, a razón de un día de arresto por Unidad Tributaria” (artículo 21).
Posibilidad de responder por escrito
No obstante, antes de ello, dicha ley también recoge la posibilidad de que el implicado solicite declarar por “por una vez y mediante comunicación escrita, cuando existan causales de enfermedad que le impidan su asistencia o razones por efecto de caso fortuito o de fuerza mayor, demostrables ante la Asamblea Nacional o la Comisión que instruye el caso”.
Si también en ese supuesto Iglesias y sus compañeros se negarán a ofrecer su versión, a responder las preguntas formuladas por escrito, la multa que recibirían sería de entre “ciento cincuenta Unidades Tributarias (150 U.T.) y doscientas cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.)”. De esta manera, hecha la conversión a euros, el secretario general de Podemos y otros citados se enfrentarían en ambos casos a unas sanciones económicas comprendidas entre los 1.500 y los 4.000 euros, aproximadamente.
En declaraciones a Efe, el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara (Voluntad Popular), precisó que desde este órgano no han hablado directamente con los dirigentes de Podemos, a quienes sí se les ha remitido la oportuna citación, según su versión. Además, Guevara manifestó que Iglesias y sus colaboradores “deberían ser los más interesados en aclarar este asunto, (decir) que ellos no están financiados por un gobierno extranjero”. La Comisión también ha solicitado la "cooperación" y "colaboración internacional" de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial española, el Ministerio de Hacienda y el Registro Mercantil para conseguir información sobre la fundación Ceps.
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