La ruptura de los canales de diálogo entre Rajoy y Mas o el PP y CiU son sólo el principio del problema con respecto a Cataluña. La interlocución también se ha roto a nivel institucional y pese a que la legislación obliga a mantenerla. La Generalitat y el Estado central llevan dos años sin convocar a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, el organismo designado como "marco general y permanente de relación entre los dos gobiernos".
La Comisión es designada tanto por el Congreso de los Diputados como por el Estatut de Catalunya como la institución encargada de los "efectos de colaboración e intercambio de información. Sin embargo, no ha celebrado un solo encuentro desde julio de 2011, es decir, desde antes de que Mariano Rajoy llegara a La Moncloa, pese a que tiene obligación legal de reunirse dos veces al año de manera ordinaria y siempre que una de las dos partes lo solicite de manera extraordinaria.
Ambos gobiernos se culpan también mutuamente del bloqueo: Moncloa asegura estar dispuesta a reunir la Comisión para analizar actuaciones futuras. Por su parte, la Generalitat denuncia al Ejecutivo de "provocar la parálisis de las relaciones bilaterales" y de "oponerse a desplegar las previsiones que contempla el Estatut".
Consecuencias prácticas del bloqueo
En la práctica, ese bloqueo institucional se ha traducido en la saturación del Tribunal Constitucional con conflictos cruzados entre ambas administraciones. La Comisión es la encargada de la revisión de "los conflictos competenciales planteados entre las dos partes y la propuesta, si procede, de medidas para su resolución". La falta de diálogo ha llevado a buscar el arbitraje del máximo intérprete de la Constitución en 109 ocasiones, 34 de ellas en los últimos dos años de los cuales:
- 13 han sido recursos de inconstitucionalidad planteados por la Generalitat,
- 13 más han sido conflictos de competencia interpuestos por la Generalitat y
- 8 más interpuestos por el Gobierno Central contra la administración catalana
La avalancha de recursos que satura al Tribunal Constitucional como consecuencia del enconamiento de relaciones entre Barcelona y Madrid deja hasta el momento sólo 60 resoluciones y otras 59 todavía pendientes de ser resueltas.
Traspasos pendientes desde 1994, denuncia la Generalitat
El informe elaborado por la Generalitat denuncia que muchas de los traspasos pendientes siguen atascados desde el año 2004. Según el govern, desde el año 2011 no se ha producido ninguno de los traspasos de competencias a los que obligaba la ley. Entre esos traspasos, Barcelona cita las competencias en salvamento marítimo, la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo y la política de becas universitarias y no universitarias que se había negociado con el gobierno de Zapatero.
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