El juez al frente de la causa contra el que fuera embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela da impulso a las diligencias. El instructor de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha librado comisión rogatoria a Panamá para garantizar la incautación de una docena de inmuebles y apartamentos que pertenecen al que fuera directivo de PDVSA Juan Carlos Márquez Cabrera.
Según se desprende del auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor busca incautar de manera provisional todas estas propiedades y una decena de cuentas bancarias para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias en el marco de esta causa que se abrió contra Raúl Morodo.
Se trata de la parte de las pesquisas que siguen vivas en el juzgado, ya que la investigación relativa al diplomático se terminó y está pendiente de enjuiciarse. De hecho, el que fuera embajador en Venezuela afronta una petición de Anticorrupción de tres años y medio de prisión por delito fiscal, mientras para su hijo Alejo Morodo y la mujer de éste último, Ana Catarina Varandas, la Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel y multa de 3,7 millones de euros.
Propiedades del testigo clave en Panamá
Aunque esta línea de investigación está pendiente de enjuiciarse, la parte que sigue en instrucción pone el foco ahora en Panamá. En concreto, el magistrado quiere asegurar una docena de apartamentos y viviendas adquiridos en este país con dinero que provendría del desfalco de PDVSA. Se trata de propiedades que se vinculan a Ana Korina Ulloa Marsicobetre (la viuda de Márquez Cabrera) y de Carlos Adolfo Prada Gómez, presunto testaferro del matrimonio.
Ambos son del círculo íntimo Márquez Cabrera. El que fuera secretario de Entes Corporativos de PDVSA y persona cercana al 'chavismo' fue encontrado ahorcado en una nave industrial al norte de Madrid tras anunciar que colaboraría con estas pesquisas. La causa se archivó para él, pero siguen en el foco su viuda y su socio por el dinero que habrían desfalcado de la principal petrolera de Venezuela.
El directivo de PDVSA encontrado muerto y su mujer obtuvieron más de 44 millones de euros provenientes del desfalco del PDVSA que se habrían invertido en el sector inmobiliario dentro y fuera de España
En su auto, el juez explica que existen indicios racionales de que el directivo de PDVSA fallecido y estas dos personas "simularon contratos inexistentes por servicios nunca prestados u operaciones ficticias". El juez explica, además, que ambos obtuvieron "enormes sumas de dinero desembolsadas" por la petrolera bolivariana.
El juez se ampara en las pesquisas de Hacienda para determinar que el matrimonio obtuvo 47,1 millones de dólares (poco más de 44 millones de euros) que gestionó través de las sociedades Intercontinental View Inc y la panameña Belcano Investment INC. Al respecto, los investigadores sospechan que Prada Gómez actuó de testaferro para la pareja ya que aparece vinculado a una de esta mercantiles.
Como informó este medio, las firmas vinculadas al que fuera jerarca del chavismo participaron en una serie de operaciones con los hermanos Prada Gómez con las que se pretendería desviar fondos que provendrían de PDVSA.
Una de las sociedades vinculadas tanto a Márquez Cabrera como a Prada Gómez, la Consultora Alcander, canalizó 9 millones de euros entre 2011 y 2014 entre aportaciones de ambos socios y de una empresa radicada en el caribe a las que se les dio apariencia de préstamos.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) constató que desde 2012 efectuaron transferencias a sus socios sin patrón definido, en lo que se interpreta como una devolución de aportaciones para poder operar con el dinero. Además, se detectó la inversión en el sector inmobiliario que, en el caso de Márquez Cabrera, se ubica sobre todo en Panamá.
El certificado de últimas voluntades
Por ese motivo, el juez libra comisión rogatoria a Panamá para garantizar "la efectividad y eficacia de estas medidas cautelares patrimoniales" sobre la viuda y el testaferro de Márquez Cabrera. En concreto, ordena incautar un total de cinco inmuebles, seis apartamentos y un local en Panamá, además de diez cuentas bancarias abiertas en el país centroamericano.
De esta forma, las pesquisas abiertas en 2019 en la Audiencia Nacional siguen contra estas figuras vinculadas al chavismo por los delitos de falsedad documental, administración desleal y estafa. Además, en una providencia separada, el instructor del conocido como 'caso Morodo' libra oficio al Registro General de Actos de Última Voluntad, para que remitan el certificado de últimas voluntades de Márquez Cabrera.
Con esta diligencia, que se practica a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se busca conocer la identidad de los herederos de Márquez Cabrera. Cabe recordar que este exdirectivo de Petróleos de
PDVSA declaró antes de ser encontrado muerto en Madrid que el embajador Morodo despachó con Rafael Ramírez, quien fuera ministro de Petróleo del Gobierno de Hugo Chávez, y que éste jerarca ordenó contratar con las empresas del hijo del diplomático.
Precisamente Anticorrupción pidió en enero de 2023 enviar al banquillo a Raúl Morodo y a su hijo Alejo Morodo por delito fiscal tras constatar que entre los años 2011 y 2015 recibieron dinero de manera no justificada del gigante PDVSA. Del mismo modo, puso el foco en las sociedades de este último que se emplearon para facturar servicios pese a carecer de medios y de actividad comercial.
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