La Fiscalía del Tribunal Supremo pone punto y final a las diligencias abiertas contra el rey Juan Carlos I por la gestión de su fortuna en el extranjero. El Ministerio Público da carpetazo a las tres líneas de investigación abiertas contra el anterior Jefe del Estado, descartando de este modo que se judicialicen estos hechos. La prescripción de los delitos, su condición de inviolable hasta 2014 y las regularizaciones fiscales han sido los factores determinantes para zanjar el asunto.
La institución que dirige Dolores Delgado concluye unas pesquisas que arrancaron a mediados de 2020 para indagar el presunto cobro de comisiones irregulares por su intermediación en la adjudicación en del AVE La Meca-Medina a un consorcio de empresas españolas. Aunque esta investigación arrancó en Anticorrupción, se terminó derivando a la Fiscalía del Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del monarca emérito. En este tiempo se abrieron dos líneas más: una relativa a los pagos que recibió entre 2016 y 2018 de un empresario mexicano y otra sobre unas cuentas que habría ocultado en la isla de Jersey.
Pese al secreto con el que han actuado Anticorrupción y la Fiscalía del Tribunal Supremo, desde hace unos meses se sabía que estas diligencias no terminarían en querella contra el padre del actual jefe del Estado. El motivo reside, principalmente, en la prescripción de los delitos cometidos antes de su abdicación en 2014 (y que afectarían a la primera de las causas relativa a las comisiones de Arabia Saudí), su inviolabilidad y los pagos al fisco entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 de 5 millones de euros.
Delito fiscal prescrito
En lo que respecta a la primera de las líneas investigadas, relativas al cobro de una donación de 100 millones de dólares (64 millones de euros) en 2008 por parte del entonces rey de Arabia Saudí, la Fiscalía concluye que no se puede concluir que esa cuantía responda a una comisión a cambio de la adjudicación del AVE La Meca-Medina. En la nota de prensa, la Fiscalía dice que se trataría de un “regalo” que pudiera haber recibido en condición de jefe de Estado. Teniendo en cuenta que en aquel año Juan Carlos I era jefe de Estado esta comisión (que acabó desviada a una sociedad de Corinna Larsen en 2012) podría integrar el delito de cohecho. No obstante, estaría prescrito.
Del mismo modo, el Ministerio Público sostiene que, en relación con la gestión de estos fondos en la fundación Panameña Lucum, se han identificado cuotas defraudadas a Hacienda de los ejercicios 2008 a 2012. Según precisa en la nota, la cantidad defraudada “superaría con creces” los 120.000 euros que la Ley establece como umbral del delito si bien estarían todos prescritos a excepción de lo relativo al ejercicio 2012. No obstante, en ese caso concreto tampoco se atisba comisión de delito puesto que Juan Carlos I era entonces Jefe de Estado y, por lo tanto, estaba protegido por la inviolabilidad que otorga el artículo 56.3 de la Constitución.
El Decreto relativo a esta primera línea de investigación -que surgió en el marco del caso Villarejo- también analiza la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales con las operaciones que llevó a cabo tras el cobro de los 100 millones de dólares. Al igual que ocurre con el delito fiscal o la posible comisión del cohecho, la Fiscalía determina que, incluso en caso de haberse producido infracción penal, no tendría repercusiones para el emérito por la condición de inviolable de la que gozó hasta su abdicación en la figura de su hijo Felipe VI el 18 de junio de 2014.
Gastos sin justificar
En lo que respecta a la segunda de las líneas de investigación abiertas, relativa a unas transferencias giradas entre los años 2016 y 2019, la Fiscalía concluye que tampoco aquí hay delito. En este caso, el equipo de fiscales designados por Dolores Delgado se centró en estudiar el uso de estos abonos provenientes del íntimo amigo del emérito, el empresario mexicano Allen Sanginés-Kraus. La nota determina que el importe total de las transferencias giradas fue de 516.606 euros. Se trata de unos hechos que se producen cuando ya no era inviolable pero, según la Fiscalía, se descarta la comisión de delito porque "no existe constancia" de que, a cambio de estas donaciones, se produjera contraprestación alguna por parte del emérito.
Además, recuerda que el emérito efectuó en diciembre de 2019 una primera regularización con el fisco por importe de 556.412,50 euros que, no solo correspondería con la cuota que dejó de pagar, sino que incluso la excedió en 16.700 euros. Cabe recordar que el emérito efectuó una segunda regularización fiscal de 4,4 millones de euros en febrero de 2020 para evitar, precisamente, que estas pesquisas seguidas en la Fiscalía del Tribunal Supremo terminaran en una querella ante la Sala de lo Penal de este alto tribunal. Al respecto la institución concluye que se pueden dar por válidas porque las notificaciones de la Fiscalía en relación a una investigación sobre su fortuna, fueron posteriores.
Con todo, constata que en las declaraciones no se hace mención a la compra de armas de fuego, pese a que en la cuenta de Zagatka se encuentra un cargo de 102.000 euros de junio de 2018 para la compra de tres armas. La factura (costaron 27.999 euros cada una) se emitió a nombre del primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, el cual figura también como beneficiario de Lucum Zagastka. Este último pago tenía como objetivo regularizar los viajes de avión y alojamiento de Juan Carlos I y parte de su familia. La documentación remitida por Ginebra -donde también se archivaron las pesquisas seguidas por el fiscal Yves Bertossa- acredita que todos los gastos cargados a esta fundación fueron incluidos en sus declaraciones complementarias.
Estas pesquisas coordinadas por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el recientemente fallecido Juan Ignacio Campos, se zanjaron hace meses. No obstante, estaban a la espera de recabar de Suiza información solicitada relativa a los ejercicios 2015 y 2016 relativa a las fundaciones gestionadas por el entorno del monarca, como Zagatka y Lucum. Las autoridades helvéticas la remitieron a finales de diciembre y la Fiscalía del Tribunal Supremo la remitió a la Agencia Tributaria para que estudiase si estaba todo en orden o había indicios de posibles irregularidades achacables al emérito.
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