Donde cerré una cuenta, la reabro. Emilio Botín, presidente del Banco Santander, ha dado marcha atrás en la decisión que tomó el pasado mes de julio de clausurar de manera unilateral las productos bancarios que tenían abiertos en su entidad varios familiares de Ángel Sanchis Perales, extesorero de AP y actualmente imputado en el 'caso Gürtel' por ayudar supuestamente a Luis Bárcenas a ocultar grandes cantidades de dinero. Entonces, la entidad esgrimió 'riesgo reputacional' para justificar una decisión, lo que provocó la protesta del antiguo político ante el propio banco y el juez Pablo Ruz. Aunque el magistrado y la Audiencia Nacional han reconocido en varios autos su incapacidad para obligar a la entidad a anular su resolución, el Santander se puso en contacto recientemente con Sanchis para comunicarle que en breve podrá disponer de nuevo de sus cuentas familiares, según confirmaron a este diario fuentes de la entidad financiera y del entorno del extesorero.
Unos días antes de que el Santander tomara la decisión de la reapertura de las cuentas, la Audiencia Nacional había concluido que no estaba en su mano obligar al banco a hacerlo
El enfrentamiento entre el imputado en la Gürtel y el banco de Botín se remonta al pasado 1 de julio, cuando la entidad remitió a varios familiares del primero cartas, todas ellas idénticas, para anunciarles que debían sacar el dinero de las cuentas que tenían abiertas en la sucursal que la entidad tiene en la Plaza de La Moraleja, de Alcobendas (Madrid). Aquellos depósitos estaban abiertos a nombre de una empresa familiar llamada Inmobiliaria Gordo SA, de su mujer, Carmen Herrero Gordo, y de dos de sus hijos, Rafael y Carmen Sanchis Herrero. En las misivas, que han sido incorporadas al sumario del 'caso Gürtel', el banco se remitía "a lo dispuesto en las condiciones generales de dichos contratos" para "declarar resueltos" los mismos de manera unilateral y dar "diez días" a los titulares de las mismas para que retiraran el saldo.
En la carta, firmada por dos responsables de la sucursal bancaria donde estaban las cuentas, el banco les exigía también la entrega "inmediata" de los talonarios no utilizados, tarjetas de crédito y débito "y otros medios de pago que tenga en su poder y que se le facilitaron por nuestro banco en su momento", advirtiéndoles de que, de no hacerlo, el banco "desde ahora quedará exonerado" del uso indebido que se hiciera de ellos. El texto concluía con un "aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente". Ángel Sanchis denunció la decisión del banco al propio juez instructor del 'caso Gürtel' en un escrito que presentó en la Audiencia Nacional el pasado 2 de octubre.
Domicilados recibos y tarjetas
En el mismo, el imputado solicitaba al magistrado que ordenara al Santander dejar sin efecto dichas comunicaciones al considerar que no había ningún razón que justificase la medida ya que la Justicia no había actuado contra sus titulares ni había ordenado ningún medida de bloqueo sobre las mismas. El escrito recordaba que todas eran "de naturaleza familiar, donde están domiciliados los recibos de luz, el colegio de los niños, las tarjetas de crédito, etc". "El trastorno es, pues, enorme", añadía en el texto remitido al magistrado, en el que se también mostraba confiado de que "es tan de razón nuestra pretensión que pensamos innecesario fundamentarlo jurídicamente convencidos, además, de que el juzgador comprende todo nuestro discurrir". Sin embargo, ni el juez Ruz ni, posteriormente, la propia Audiencia Nacional actuaron contra el banco al considerar que, si bien admitían que ni los titulares ni las cuentas estaban siendo investigadas en la causa, la decisión del Santander era una actuación "autónoma" de la entidad ante la que nada podían hacer. Así lo plasmaron en varios autor de las últimas semanas.
Sanchis anunció al banco su intención de llegar a la UE si no reabrían las cuentas de su familia. Poco después el banco le comunicó que daba marcha atrás en su decisión de julio
En paralelo, Sanchis había enviado un escrito de protesta al propio banco en el que, según fuentes de su entorno consultados por este diario, no sólo calificaba de "vejación" la decisión de la entidad presidida por Botín de clausurar sus productos financieros, sino que le recordaba que la normativa europea no permitía a los bancos, como servicio público que son, decidir unilateralmente el cierre de la cuenta de uno de sus clientes. Fue esa misiva, en la que el extesorero de AP también anunciaba su intención de llegar a instancias europeas si no se atendían sus razones, las que finalmente movió supuestamente al banco a anular de decisión y a iniciar los trámites para la reapertura de las cuentas. Vozpópuli se puso ayer en contacto con el propio Ángel Sanchis, quien aseguró que había iniciado su particular 'cruzada' "por mi y por cualquier otro ciudadano que pueda verse en mis circunstancias. Ningúna ley, ni española ni europea, ampara que un banco decida caprichosamente y de modo unilateral quien puede tener o no cuentas", añadió.
Los escritos presentados por el extesorero en la Audiencia Nacional recalcaban su convencimiento de que detrás de la decisión del Santander de cerrar las cuentas familiares está la pertenencia de la propia entidad al llamado Grupo Wolfsberg, que agrupa a once grandes bancos internacionales. Dicho grupo elaboró en el año 2000 unos "principios" para el control de los clientes que tuvieran patrimonios "elevados" en sus sucursales, entre los que se incluían las pautas a aplicar en el caso de operaciones sospechosas. Con la mera sospecha de la existencia de irregularidades, esta agrupación de bancos recomendaba a las entidades el bloqueo de cuentas. En los recursos de apelación que Sanchis ha presentado en las últimas semanas para solicitar a la Audiencia Nacional que actuara y obligara a la entidad financiera a dar marcha atrás, pedía también al juez que solicitara información sobre dicho grupo para demostrar sus afirmaciones. Ruz, con el apoyo de la Fiscalía, lo rechazó al no considerarlo "pertinente" para la investigación.
