El empresario naviero Ángel Pérez Maura está investigado por recurrir al comisario José Manuel Villarejo para evitar una extradición a Guatemala donde se le buscaba por corrupción. Lo que no sabía entonces es que el paquete incluía grabaciones a él y a su entorno que han salido a la luz ahora en el sumario del caso Pit, una de las muchas ramificaciones de la investigación que afectan al polémico mando en la Audiencia Nacional.
Fuentes del entorno del empresario informan ahora a Vozpópuli de que están meditando denunciar a Villarejo por estafa una vez han conocido la trastienda de sus trabajos. Pérez Maura ya dijo sentirse engañado cuando declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras ser detenido el pasado 8 de mayo en el marco de esta causa. Las revelaciones del sumario han acentuado ahora esa sensación, según las mismas fuentes.
En las transcripciones de las grabaciones que el propio Villarejo hacía de todas sus reuniones aparecen explicaciones de los presuntos trabajos que realizó para el empresario. En una de ellas, por ejemplo, se refiere a una reunión en la que la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado (entonces fiscal de la Audiencia Nacional) intercedía a su favor ante el fiscal jefe, Jesús Alonso. Los investigadores no han logrado por el momento hallar pruebas de que dicho encuentro existiera. Varios de los aludidos por el comisario han desmentido a este periódico que la reunión se celebrase.
Presunta influencia en la Audiencia Nacional
Según la investigación de la Audiencia Nacional, Guatemala reclamaba la extradición de Pérez Maura por haber pagado supuestamente mordidas a razón de 30 millones al anterior gobierno local. Para solucionar su situación, un abogado de su confianza llamado Enrique Maestre recurrió a Villarejo y al empresario Adrián de la Joya. En ese momento Villarejo todavía estaba en activo en la Policía Nacional lo cual supone, de entrada, un conflicto de incompatibilidad, según los investigadores.
El plan del comisario incluyó, entre otras cosas, tratar de convencer a la Administración de EE.UU de que había que derrocar al presidente guatemalteco y poner a una persona de su confianza. Para ello llegaron a viajar a Estados Unidos para reunirse con lobbistas norteamericanos tal y como consta en la investigación.
Para lograr su objetivo, Villarejo vendió además a su cliente una presunta influencia en la Audiencia Nacional. En sus conversaciones privadas el polémico mando dice tener trato con el fiscal Javier Zaragoza o Baltasar Garzón. El despacho de abogados que dirige ahora el exjuez de la Audiencia Nacional niega cualquier participación en estos hechos aunque las anotaciones de la agenda personal de Villarejo incluye citas con él y con Delgado hasta poco antes de su arresto en noviembre de 2017.
Pagos al comisario
Las autoridades españolas finalmente acabaron rechazando la extradición del empresario, pero hasta el momento ni Asuntos Internos ni la Fiscalía Anticorrupción han hallado evidencias suficientes para demostrar que esa decisión se debiese a la influencia de Villarejo. El juez del caso dice ver "carentes de verosimilitud" las afirmaciones de Villarejo sobre Garzón y otros miembros de la Justicia
Mientras tanto, el mando pidió al empresario grandes cantidades de dinero por adelantado como provisión de fondos. Una parte de ese dinero sería para comprar los servicios de Garzón, siempre según la versión de Villarejo. De los diez millones pactados inicialmente entre Pérez Maura y el comisario, los investigadores han logrado acreditar que las cuentas de Villarejo llegaron a ingresar 7,4 millones de euros. Estuvo cobrando hasta el mismo momento en el que fue detenido en noviembre de 2017. Percibía 120.000 al mes que él justificaba dando cuenta de los presuntos avances de sus trabajos.
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