Los sectores empresariales más afectados por los cierres durante la pandemia presentarán esta semana ante la Administración General del Estado una reclamación global por las pérdidas millonarias originadas por las medidas gubernamentales, según ha podido saber y adelanta Vozpópuli. Los negocios afectados se han unido a través de la Plataforma de Empresarios Afectados (PEACovid-19) y califican las medidas tomadas por el Gobierno desde el primer confinamiento de marzo sobre bares, restaurantes, cines, distribuidoras de bebidas, peluquerías, taxis o escuelas de baile, entre muchos otros, de “contradictorias y perjudiciales”.
La cantidad total que reclaman asciende a más de cien millones de euros. Pero asumen que esa cifra crecerá a medida que más compañías se unan a esta demanda administrativa que, consideran, es solo el paso previo y necesario antes de iniciar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.
El equipo jurídico que lleva la reclamación está dirigido por el abogado Juli Prat Gubau. El letrado confirma a este medio que ya tienen la demanda preparada ante el Supremo por el más que probable “silencio administrativo” del Estado. El Gobierno tendrá un plazo de seis meses para responder antes de emprender la vía judicial ante el alto tribunal.
La plataforma señala al Ejecutivo como “el primer y último responsable del cierre” que les ha dejado “meses sin ventas” al tiempo que les ha obligado a “mantener gastos fijos con la persiana echada” -como son el alquiler, los equipos o los empleados-. En este sentido, esperan que la batalla administrativa emprendida sirva para “resarcir las actividades económicas perjudicadas” y que la administración pública se haga cargo de “los gastos fijos soportados” y “los beneficios no generados”.
Acción sin precedentes
Desde PEACovid-19 han hablado con más de dos millones de negocios de toda España, además de autónomos, pymes o grandes empresas de Madrid, Santiago de Compostela, Mallorca, Burgos, Gijón, Alicante, Valencia, Sevilla, Almería, Girona o Tarragona.
Muchos de estos colectivos de empresarios se han unido a la Plataforma a través de entidades como la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Ocio de Cataluña (FECASARM), Ocio de Canarias e Ibiza, Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno de Madrid (CEONM) o la patronal Spain Nightlife.
Algunos de los negocios que, según informa PEACovid-19 a este medio, han emprendido la demanda previa al recurso contencioso son Home Systems (empresa de montajes eléctricos), Sala 3 (grupo de 17 discotecas en Valencia), Cines Albéniz y Plaza (en Gerona), YM Spain Servifood (distribuidora de bebidas), Pit line (taller), Berasagra (Distribuidora de bebidas) o Conar System (constructora). Muchas otras prefieren mantener el anonimato.
Las empresas no reclamarán contra las comunidades autónomas con el fin de dar celeridad al procedimiento. Asimismo, las peticiones se han redactado de forma genérica para no dar pistas a la administración de cara a defenderse mejor una vez el caso llegue ante al alto tribunal. Por esta razón, las peticiones se llevarán también ante el Registro de la Propiedad Intelectual para mantener en secreto su línea de defensa.
Informes periciales
El portavoz de la plataforma, Javier Candela, es uno de los que ha tenido que cerrar su negocio de distribución y exportación a través del canal Horeca (sector de los servicios de comidas) y que facturaba alrededor de ocho millones de euros anuales. “Desde hace ya cinco meses hemos estado viajando por toda España para sumar a asociaciones y gremios a nuestra plataforma”, explica.
Uno de los acuerdos más potentes que iniciaron fue a finales de agosto con Spain Nightlife, la patronal estatal de asociaciones de ocio nocturno en España. Candela asegura que PEACovid-19 se ha creado para “defender los derechos vulnerados de los empresarios”. “Hay un desamparo general, un aumento del paro e inestabilidad económica y financiera. Sufrimos al lado de todos los empresarios que, como yo, hemos vivido todo este drama, que ha afectado a miles de familias que dependen de estos ingresos”, abunda.
Todas las empresas y entidades que se han unido a la plataforma lo han hecho a través de sus asesores fiscales y económicos, que han elaborado sus respectivos informes periciales de daños y perjuicios para reclamar al Gobierno las pérdidas millonarias que han tenido.
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