En Comú Podem ha reclamado al Gobierno si piensa promover reformas legislativas para garantizar que los funcionarios públicos sean competentes en otras lenguas cooficiales al castellano, como establecer el requisito obligatorio de su conocimiento para el acceso a la administración en estos territorios.
Además, ha demandado información para conocer si piensa modificar la ley orgánica del Poder Judicial y "atender debidamente" que los procedimientos judiciales puedan desplegarse en otras lenguas distintas al castellano si lo demandan algunas de las partes, preservando así ese "derecho lingüístico".
Así lo trasladan mediante una serie de preguntas parlamentarias las diputadas Aina Vidal y Mar Garcia en relación al informe del Consejo de Europa publicado en abril sobre el grado de cumplimiento de España respecto a la Carta comunitaria de Lenguas Regionales y Minoritarias.
Las dos representantes de En Comú Podem detallan que pese a que España ratificó dicho documento de compromisos lingüísticos en 2001, "reiteradamente incumple en varios aspectos" desde esa fecha, como revelan las sucesivas evaluaciones del comité de expertos del Consejo de Europa.
Solo como mérito
Concretamente, subrayan que el comité europeo critica que el conocimiento de las lenguas distintas al castellano, en territorios con lengua cooficial, "no sean un requisito obligatorio" de acceso al empleo público en la administración, sino tan solo "mérito" a tener en cuenta.
Además, hacen hincapié en que el conocimiento de una lengua extranjeras no oficiales a menudo "puntúe más en la evaluación de solicitudes que el conocimiento de las cooficiales.
"Uno de los ámbitos en los que se hace más acuciante es el de la Justicia", desgranan ambas parlamentarias para destacar que, en este punto, el Consejo de Europa recomienda cada año que se modifique la ley orgánica del Poder Judicial para asegurar el uso de lenguas cooficiales en los procedimientos judiciales, "al menos cuando se solicite por una de las partes".
No obstante, lamentan que esta opción "actualmente no esté garantizada" en la Administración de Justicia "a pesar del mandato" de la Carta Europea. "De esta manera, se denuncia que quienes acaban imponiendo la lengua son los jueces, la mayoría de los cuales tienden a ignorar las peticiones legítimas de las partes en el ejercicio de sus derechos lingüísticos".
Por tanto, ha demandado al Ejecutivo estatal su valoración respecto al escaso grado de cumplimiento detectado por los informes del Consejo de Europa y las actuaciones previstas para atender las recomendaciones emitidas para "facilitar los derechos lingüísticos de las personas hablantes en lenguas cooficiales distintas al castellano".
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