Un nuevo personaje ha entrado en escena en el procés catalán y su derivada en los tribunales de la mano de ERC. Se trata de Iñigo Iruin, un histórico abogado de etarras y el universo de la izquierda abertzale. Es el letrado que va a defender a la consellera republicana Meritxel Serret, huida a Bélgica tras el 1-O y que este jueves se ha entregado voluntariamente en el Tribunal Supremo.
Uno de los últimos grandes servicios de Iruin a la causa del entorno proetarra fue la redacción de los estatutos del partido político Sortu, la última marca que integró a los miembros de la histórica Batasuna tras una década de ilegalizaciones. Su redacción y en concreto su manera de expresar el rechazo a la violencia fue la clave para pasar el el corte del Tribunal Constitucional y la Ley de Partidos. Luego Sortu se integró dentro de la coalición electoral Bildu en la que continúa a día de hoy como agente principal.
En aquella redacción la Izquierda Abertzale afirmaba que “rechaza y se opone al uso de la violencia, o la amenaza de su utilización, para el logro de objetivos políticos y, eso incluye la violencia de ETA". Pero a continuación, matizaba esta oposición a la violencia con la siguiente expresión: "si la hubiera". De este modo Sortu evitaba la condena a los más de 800 asesinatos cometidos por la banda y al mismo tiempo regresar a las instituciones. En 2012, el Tribunal Constitucional entendió, en contra del criterio del Supremo, que era un partido nuevo y no la continuación de Batasuna pese a la presencia de destacados miembros del brazo político de ETA como Arnaldo Otegi, secretario general de la nueva formación.
Respetado por jueces y fiscales
La vinculación de Iruin al entorno de ETA no está reñida con una trayectoria en los tribunales respetada y reconocida por jueces, fiscales e incluso abogados que se han enfrentado a él en las últimas décadas. “Yo hubiese hecho lo mismo”, comentaba a Vozpópuli al saber de la noticia un compañero de profesión de Iruin que le ha tenido enfrente en juicios. Por eso fuentes jurídicas del propio alto tribunal entienden su presencia no como un desafío frentista, sino como la asunción de que la estrategia jurídica entra en otro plano y que la discusión será más jurídica y técnica que política.
Iruin no estuvo entre los abogados que defendieron a los miembros de la Generalitat en el juicio por el desafío soberanista de otoño de 2017. En aquel proceso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo fueron varios los abogados que denunciaron estar ante un juicio político. Ese no es el estilo de Iruin en los juicios que ha tenido ocasión de participar, muchos de ellos en el Tribunal Supremo, donde es un viejo conocido. Intervino en los procesos por la ilegalización de Batasuna, el caso Egunkaria, el macrosumario 18/98 contra el entramado de ETA, la defensa de decenas de integrantes de la organización criminal o acusados de participar en actos de terrorismo callejero.
Sin embargo, uno de los primeros y principales logros en los tribunales fue el caso de Lasa y Zabala, los dos secuestrados, torturados y asesinados por los GAL en el que se considera el primer acto del terrorismo de Estado en 1983. Por estos hechos fue condenado, entre otros, el general de la Guardia Civil recientemente fallecido Enrique Rodríguez Galindo.
El gabinete de prensa del Tribunal Supremo ha informado este jueves en un comunicado que Serret se había personado en el alto tribunal para ponerse a disposición de la Justicia acompañada de este veterano abogado. Ya de por sí, ese gesto se ha interpretado como una ruptura en la unidad de acción entre el grupo de huidos en Bélgica que comanda el expresidente Carles Puigdemont. Fuentes independentistas informan a Vozpópuli de que Iruin asumió en febrero la representación de Serret.
Esta exconsellera está procesada por malversación y desobediencia, la misma acusación que pesaba sobre otros tres consejeros que sí fueron juzgados en 2019 y que fueron condenados a penas inferiores a dos años por lo que no ingresaron en prisión. Serret ha quedado en libertad tras acudir al Supremo y ha sido citada para declarar ante el juez Pablo Llarena en abril.
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