El Grupo Parlamentario Republicano ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley para que la Cámara inste al Gobierno a pedir la plena oficialidad del catalán en las instituciones europeas, como lo es el castellano, promoviendo incluso una reforma del Tratado de la UE.
En concreto, quiere que en la próxima Conferencia Intergubernamental de revisión del Tratado de la UE se incorpore el catalán al artículo 55.1, que enumera las lenguas en las que está redactada la norma, según dice el texto, recogido por Europa Press.
El segundo paso sería, una vez hecho este cambio, que el Gobierno español pida al Consejo de la UE que apruebe --por unanimidad-- el reconocimiento de la oficialidad del catalán y su consecuente incorporación al régimen lingüístico de las instituciones.
10 millones de habitantes
ERC alega que el catalán tiene 10 millones de hablantes y que "se habla en cuatro Estados europeos: tres de la Unión Europea (España, Francia e Italia) y en Andorra, donde es la única lengua oficial". Y lo compara con el gaélico (irlandés) que, con entre 20.000 y 80.000 hablantes, dispone de "plena traducción e interpretación en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo".
Subrayan también "la situación sociolingüística, la identificación de la población, el equipamiento lingüístico y la tradición literaria y cultural de la lengua catalana, así como la voluntad de no renunciar a la plena expresión de un espacio público en esta lengua".
Los republicanos esgrimen una carta que el expresidente de la Eurocámara Antonio Tajani envió a eurodiputados catalanoparlantes el 16 de enero de 2017, antes de asumir ese cargo. En aquel momento, Tajani se comprometió a promover el uso del catalán en la institución si lo pedía el Gobierno español.
Sin embargo, en 2018, cuando En Comú trató de avanzar por esta vía, el primer Gobierno de Pedro Sánchez respondió que, aunque las instituciones de la UE mantienen, en general, una actitud abierta hacia las lenguas regionales", en la práctica "siempre han considerado inviable la presencia de todas ellas en todas las instituciones por el elevado coste que supondría".
Sin embargo, ERC cree que esa creencia es "infundada" y que el impacto presupuestario para las instituciones sería "cero, ya que muchos de los intérpretes de lengua castellana tienen perfecta fluidez en el uso del catalán".