ERC se ha sumado al PNV, Junts per Catalunya y PDeCAT y ha presentado una enmienda a la totalidad del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con la que vuelve a romper el bloque de investidura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.
En su enmienda ERC propone un texto alternativo al del Gobierno de coalición y ciñe la ley al "ámbito incidental" de las competencias del Estado, ya que, según recuerda, "todas las comunidades autónomas tienen asumida en sus estatutos de autonomía, sin excepción, la competencia plena en materia de vivienda".
En este sentido, circunscribe la capacidad regulatoria del Estado en materia de vivienda a la legislación procesal, la civil y las bases de las obligaciones contractuales y plantea una ley de "medidas de apoyo al derecho a la vivienda" con siete artículos y dos disposiciones finales.
En ella establece que las comunidades autónomas podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado para la contención de precios de alquiler aquellas en las que se de una de estas dos circunstancias: que la carga media de la hipoteca o del alquiler supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al acumulado del IPC de la comunidad correspondiente.
El texto del Gobierno prevé que se tengan que dar los dos requisitos para que las comunidades puedan declarar una zona tensionada.
Bonificaciones para arrendadores
La propuesta de ERC modifica también los incentivos fiscales en el IRPF previstos por el Gobierno para estimular el alquiler a precios asequibles y fija en un 80% las bonificaciones para los arrendadores que bajen el precio en zonas tensionados en más de un 15%.
Para los propietarios que alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años en zonas tensionadas, para los que saquen su vivienda a alquiler social y para las viviendas rehabilitadas propone reducciones en el IRPF del 70%, mientras que para el resto de casos mantiene la reducción general del 50 %.
Al igual que el anteproyecto del Gobierno, el texto alternativo de ERC prevé un recargo del 150 % del IBI en las viviendas vacías y la mejora en los procedimientos de desahucio de familias vulnerables.
Previsiblemente las enmiendas a la totalidad que se han registrado no prosperarán y el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tendrá que seguir negociando con dos de sus socios prioritarios, PNV y ERC, para sacar adelante esta ley y evitar que vuelva a ocurrir lo que sucedió hace unas semanas con la reforma laboral, que fue aprobada gracias al voto a favor por error de un diputado del PP y los votos en contra de ambas formaciones.
