El Pacto Antiterrorista que sellaron los grupos parlamentarios PP y PSOE en 2015 -el cuarta de la Democracia en este ámbito- ha sido cuestionado desde entonces por los partidos soberanistas, que no han acudido a sus reuniones, y por Unidos Podemos, que sí ha asistido pero en calidad de "observador". Esta vez, la mesa estará más concurrida, pero el desencuentro, de fondo, seguirá siendo el mismo: la redacción del artículo 573 del Código Penal que supuso aquel pacto.
A raíz de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto, el Gobierno anunció el pasado viernes la convocatoria del Pacto Antiterrorista para este lunes. ERC y PDCat han confirmado que estarán presentes, aunque también como "observadores", previa invitación del Ministerio del Interior. Y lo mismo ocurrirá con el PNV, que también se estrenará en la misma con idéntico caso. En ningún caso, ni estas fuerzas soberanistas ni Unidos Podemos se adherirán al Pacto en esta cita. Hasta la fecha, sí lo han suscrito PP, PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias, Partido Aragonés (PAR), UPyD y la antigua Unió Democràtica de Catalunya (UDC).
Por parte del PDCat, se espera que acuda a la reunión su portavoz en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano. Él mismo ha explicado que una de las razones que lleva a su formación a participar en esta reunión del Pacto Antiterrorista es la necesidad de "reforzar las políticas de prevención de radicalización de los jóvenes". Y es que la célula terrorista que ha perpetrado los atentados de Barcelona y Cambrils la formaban familiares y amigos con edades comprendidas entre los 18 y los 27 años. De los cinco abatidos en el municipio gerundense ninguno superaba los 24 años.
En cuanto a Esquerra Republicana, la dirección del partido ha emitido un comunicado donde señala que asistirá al Pacto Antiterrorista "en solidaridad con las víctimas, en sintonía con la buena cooperación institucional establecida y teniendo en cuenta las circunstancias internacionales que nos llevan a 13 largos años de lucha contra el reto que supone el terrorismo global". "La situación excepcional y la realidad de un mundo que cambia de manera vertiginosa nos hacen asistir a la reunión", añade la formación de Oriol Junqueras, al tiempo que recalca su "inequívoca posición en contra del terrorismo". En la cita del lunes, ERC reclamará que los Mossos d'Esquadra tengan acceso a "toda la red internacional de información de la policía.
Junto a ello, los independentistas afirman que "no es ahora el momento para discutir sobre los motivos que consideramos vigentes y que han hecho que ERC no formara parte de este pacto", pero subrayan que "es necesario un cambio inmediato de la ley para que nunca pueda ser utilizada por intereses políticos que vayan más allá de la lucha contra el terrorismo". Ésta es la principal razón por la que los secesionistas no firma el Pacto Antiterrorista.
En concreto, quieren derogar la reforma del Código Penal que conllevó dicho acuerdo entre populares y socialistas en 2015. Los separatistas entienden que la redacción que se dio al artículo 573 del Código Penal fue "más allá de los considerados como delitos de terrorismo", incluyendo, en su opinión, a "desobediencia civil". Según los independentistas, el artículo 573 califica como tal "cualquier delito grave que atente contra el patrimonio con la finalidad de subvertir el orden constitucional; y también puede ser considerado terrorismo los desórdenes públicos que se estimen graves y que alteren gravemente la paz pública", señalan. Así, sostienen que el cambio normativo supuso limitar "de forma desproporcionada, innecesaria e injustificada" la libertad de expresión, buscando frenar la deriva soberanista en Cataluña.
Con el propósito de derogar el texto, ERC defendió el pasado febrero una proposición no de ley en la Comisión de Justicia del Congreso. Sin embargo, la iniciativa, que sí tuvo el apoyo de PDCat y Unidos Podemos, no prosperó por el voto en contra de PP, PSOE y Ciudadanos.
La diputada de ERC Ester Carpella criticó en sede parlamentaria que ahora, a su juicio, "puede ser considerados como terrorismo los desórdenes públicos que se estimen graves y que alteren gravemente la paz pública". En esta línea, habló de conceptos indeterminados, ambiguos y que, en definitiva, Esquerra Republicana "considera que van teledirigidos a determinadas cuestiones que están ocurriendo en el Estado español. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que en Cataluña se regulen y, por tanto, se aprueben leyes en el Parlament de Catalunya que vayan a crear un marco legal para poder hacer efectiva la transición nacional hacia la República catalana". Lo dicho, el procés.
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