El magistrado Juan José Escalonilla, que investiga a Podemos por las contrataciones con la consultora Neurona, ha cerrado la investigación de las donaciones a organizaciones sociales encuadradas dentro del Proyecto Impulsa. El juez sobresee esta línea de investigación al no acreditar indicios de administración desleal y tras estudiar toda la documentación aportada por el partido, según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El titular del Juzgado de Instrucción 42 da de esta manera carpetazo a esta parte del procedimiento que se abrió por la petición de la acusación popular, que apuntaba a que las donaciones no fueron altruista. Escalonilla se acoge al criterio de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ya pidió el archivo del caso.
El juez considera acreditado por la documentación entregada por Podemos, que incluye los "certificados de donación" correspondientes a los convenios realizados con la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia que preside Juan Carlos Monedero. Tras el archivo de esta línea de investigación, Escalonilla también cierra la puerta a investigar los hechos de manera separada al caso Neurona, tal y como había pedido uno de los investigados en el procedimiento, Elías Castejón.
Dos de los convenidos suscritos por importe de 50.000 euros son para la "Neurorehabilitación intensiva especializada de niños y jóvenes con parálisis cerebral y trastornos neuromotores" y el otro un "Convenio para el Desarrollo del Proyecto Vozes: cohesión social, inclusión e integración de niños y jóvenes a través de la música", realizado a través de la citada Fundación Instituto 25 de mayo para la Democracia y suscrito el 20 de noviembre de 2015.
Donaciones acreditadas
En el marco del auto, el juez también ha señalado que, durante la tramitación del recurso al que ahora da respuesta, Podemos ha aportado la documentación de la segunda edición del Proyecto Impulsa, incluidos "certificados de donación" correspondientes a los convenidos con asociaciones en 2016.
"Y lo que resulta más relevante, se han aportado más de cincuenta 'certificados de donación' acreditativos del pago por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia de cantidades de dinero, variables, a diversas asociaciones - APEN Extremadura, ASDEN Soria, SOS Racismo, Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharui de Extremadura*- dentro del Proyecto Impulsa, pudiéndose comprobar además que los pagos les fueron realizados a lo largo del año 2016", ha añadido.
En este sentido, el juez ha concluido que "queda por lo tanto suficientemente acreditado el destino dado a través del Proyecto Impulsa, en su edición 2ª, gestionado por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, a las donaciones efectuadas por los cargos públicos a dicho proyecto durante el año 2016".
Así, el titular del Juzgado ha determinado que "ante la inexistencia de indicios racionales de una presunta apropiación indebida del dinero donado por los cargos públicos a dicho proyecto, o de una presunta administración desleal del numerario asignado a dicho proyecto" procede acordar el sobreseimiento provisional parcial de la causa.
Con esta conclusión el magistrado archiva la línea de investigación que abrió el pasado 7 de julio a petición de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, quien ejerce acusación particular en la causa, al apreciar "indicios racionales" de que el dinero donado no tuvo un "fin altruista".
