El Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, remitió una orden el pasado viernes a todos los policías nacionales en la que se establece que todas las comunicaciones, escritos y diligencias en las que se notifique que se han producido acosos, amenazas y coacciones a representantes políticos, deje de usarse el término “escrache”. En su lugar, desde el Centro Nacional de Comunicación proponen que se utilice la acepción castellana correspondiente: acoso, amenaza, coacciones, etc.
Hace dos semanas, el Ministerio del Interior también daba la orden a la Policía Nacional para que prohibiera la celebración de escraches a menos de 300 metros de los domicilios de políticos. El objetivo no era otro que el de preservar el ejercicio de los derechos de ambas partes. Sin embargo, horas después el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, negaba rotundamente que su departamento hubiera emitido semejante orden.
Esta nueva directriz sobre los términos a utilizar en lugar del concepto "escrache" ha tenido una respuesta inmediata este mismo lunes por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario dentro de este cuerpo de seguridad del Estado. El Secretario General del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, propone que cuando se lleven a cabo “diligencias, minutas o nota informativa” sobre los “escraches” se sustituya esta palabra por los conceptos “seguimiento" o "manifestación pacífica”.
De esta forma, el SUP acata las órdenes de Interior, pero prefiere utilizar los términos “seguimiento” o “manifestación pacífica” para no imputar ningún hecho punible a nadie y evitar así “denuncias de los afectados que pueden ser aceptadas por la Autoridad judicial”, ya que se haría responsables así a “los instructores o redactores de la nota”.
Puede ocurrir que el acosado no ratifique la denuncia
Desde el SUP aclaran que lo que hace la Dirección general "es decir que debemos imputar esos hechos delictivos en todos los escraches". Sin embargo en el SUP no lo ven así, porque de seguir esas directrices entienden que están "obligados a hacer una comunicación al juzgado puesto que estamos imputando un delito. Y por lo tanto debemos identificar a las personas a las que vamos a acusar".
Siguiendo este razonamiento "puede ocurrir con esta criminalización masiva que hagamos una denuncia y que el acosado, amenazado o coaccionado no ratifique nuestra denuncia ante el juez, y que los denunciados nos denuncien a los policías por denuncia falsa". De esta forma, los responsables penales serían los policías que firmen la nota; no el ministro ni el director general, que son quienes han emitido la orden. Lo que busca el SUP es tener garantías de protección jurídica, por eso recomiendan usar los términos "seguimiento" o "manifestación pacífica" y descartar los conceptos de acoso, amenaza o coacciones.
Los "escraches" a políticos traen de cabeza a nuestros mandatarios y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzara a utilizarlos para protestar contra los desahucios, han generado mucha polémica. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, llegó a calificar los escraches de "nazismo puro". La dirigente 'popular' señaló que "por muy loable" que pueda ser la causa de quienes acuden a estos actos, "pierde todo el sentido cuando se ejerce la violencia".
Hasta ahora, esta táctica de acoso a políticos puesta en práctica por la PAH se ha dirigido mayoritariamente contra miembros del PP. Ante la extensión y expansión de esta práctica a distintos puntos de la geografía española el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, dejó claro hace unos días que la Fiscalía examinará cada escrache que se produzca para comprobar si ha vulnerado los derechos fundamentales y es constitutivo de algún delito tipificado en el Código Penal.
