La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas pone el foco sobre otras cuatro empresas vinculadas al 'chiringuito financiero' de Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain'. El despacho de Zaballos Abogados ha presentado ante la Audiencia Nacional amplia documentación relacionada con más de 15 propiedades, afincadas en diferentes puntos de España y cuya titulares son empresas o personas relacionadas con el entramado societario promocionado por Álvise Pérez.
En consecuencia, en representación de más de 600 afectados por el Madeira Invest Club, la firma solicita el embargo de dichas propiedades, cuyo valor -sólo en España- rondaría los 3 millones de euros. Entre la documentación puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción Número 4, que este viernes acordó abrir causa contra el denunciante de Alvise, destacan dos fincas situadas en de Illescas (Toledo) y un punto de atraque en el puerto de Alicante.
Las dos fincas señaladas por los denunciantes de Álvaro Romillo son propiedad de Tuttomare Charter, S.L, una de las sociedades incluidas en la ampliación de denuncia y cuya sede física se posiciona en Las Rozas, Madrid. Del mismo modo, el despacho pide embargar un chalet ubicado en la localidad de Collado Villalba de más de 500 metros cuadrados y cuyo propietario es el administrador único de dos de las empresas denunciadas, Verdescondido, S.L. y Tuttomare Charter, S.L.
La investigación interna de este bufete ha podido rastrear varias propiedades de Borja Lara Varas, cara visible de Madeira Invest Club, y que ya aparecía como denunciado en la primera denuncia presentada ante la Audiencia Nacional. Asimismo, los denunciantes apuntan a este empresario como administrador único de numerosas mercantiles relacionadas con la trama, como por ejemplo Selvatic Fest 2 (organizadora del festival de Málaga), señalada por el propio Álvaro Romillo en un escrito remitido al juez Calama para que interviniera varias empresas y, así, poder resarcir su deuda con los afectados.
Asimismo, otra de las empresas señaladas por estar administradas por este empresario es Residencial Juan de Olías 10, S.L., la cual aparece como dueña de 10 plazas de garaje ubicadas en distintos edificios de la capital y cuyo valor va desde los 5.000 euros hasta los 9.000 euros.
La última de las sociedades incluidas en la ampliación de denuncia es Masterforma, S.L., una empresa ya disuelta, pero que como última administradora aparece Mihaela M., a quien las víctimas de la presunta estafa piramidal del MIC piden embargar una dos pisos, cuyo valor supera el medio millon de euros.
Otras de las empresas que desde el inicio del caso han estado en el centro del huracán es PKW Italen SL, la empresa detrás de un concesionario de coches de lujo, situado en la conocida calle de Madrid Príncipe de Vergara, que desde hace pocos días permanece vacío. El desalojo de uno escaparates más llamativos del 'imperio' financiero de 'Cryptospain' hizo saltar todas las alarmas. Poco después, el empresario anunciaba la caída de Madeira Invest Club, con el consecuente bloqueo de cuentas millonarias.
'Chiringuito financiero' con conexiones fuera de España
El entramado empresarial relacionado con el empresario que reconoció haber financiado al líder de Se Acabó la Fiesta con 100.000 euros en efectivo, no sólo se ubica en España, sino que se extiende por países como Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania. Así lo destacó el pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en su auto, donde atisbaba una compleja instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales.
Por el momento, el magistrado ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y ha desestimado la ampliación de denuncia presentada por una de las acusaciones contra Alvise Pérez. El juez subrayó, en su escrito, que no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado, sino que "ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".
