El despliegue de mercenarios de la compañía rusa Wagner ha sacudido el tablero de Mali. España, que cuenta con una presencia de 601 efectivos en el país, ha protestado formalmente junto a otros 15 países aliados por una decisión que, a su juicio, sólo puede conducir a un “agravamiento de la situación de los derechos humanos” en la región, y apunta directamente a Moscú en la prestación de apoyos a los contratistas: “Pedimos a Rusia que vuelva a adoptar un comportamiento responsable”.
La situación que atraviesa Mali dista mucho de la estabilidad pretendida por la comunidad internacional y por el gobierno oficial del país. La región se sume en un cóctel de amenazas, entre las que destaca la constante presencia de organizaciones terroristas de corte yihadista, los levantamientos tuaregs en la zona norte y la lucha constante de líderes criminales -dedicados al tráfico de estupefacientes o seres humanos- que arrastran a la población a una guerra sin fin. Amenazas que no son compartimentos estancos, sino que muchas veces se retroalimentan entre sí y cuentan con vasos comunicantes.
La Unión Europea, a petición del Gobierno maliense, mantiene un despliegue militar conocido con el nombre de EUTM Mali, para el asesoramiento e instrucción de las fuerzas locales en su lucha contra estas inestabilidades. España participa con un contingente de 601 efectivos, de acuerdo a los datos ofrecidos por el jefe de la misión en la videoconferencia celebrada este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de las fiestas navideñas; la mayoría de ellos en la base de Koulikoro, en el centro del país, pero también con presencia en la capital, Bamako, y en Sevare, en la región de Mopti. Pese a no ser una misión de confrontación directa, los militares españoles sí que han tenido que enfrentarse en varias ocasiones a las embestidas de los terroristas.
Un esfuerzo considerable para la Unión Europea, a tenor de la cantidad de recursos materiales y humanos movilizados. Sin embargo, la ansiada estabilización aún está lejos de lograrse. Las milicias rebeldes y fuerzas terroristas logran mantener su presión contra unas estructuras de Estado debilitadas, con sus propias fisuras internas: en 2020 y 2021 se han vivido sendas asonadas militares que han propiciado cambios en la cúpula gubernamental.
La contratación de Wagner
Y en la lucha contra esas inestabilidades, el actual Gobierno de Mali ha recurrido a la contratación de los servicios de Wagner, una empresa militar privada que muchos catalogan como un instrumento al servicio más directo del Kremlin, para llevar a cabo intervenciones directas en las regiones donde no llega el ejército oficial ruso. A los contratistas se les ha vinculado, entre otros escenarios, con Ucrania o Siria.
La irrupción de Wagner en el territorio maliense ha soliviantado a las fuerzas internacionales que desde hace años tratan de mantener la estabilidad en la región. Porque además de la misión EUTM Mali de la Unión Europea, Francia lidera la Operación Barkhane, de lucha directa contra los grupos terroristas en el Sahel. España ayuda a las tropas francesas con aviones del Ejército del Aire desplegados en Senegal, que colaboran en misiones de transporte logístico y de personal en el teatro de operaciones. Un contingente que recibió en fechas recientes la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Los países que firman la carta contra la presencia de los mercenarios rusos en Mali son Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumania, España, Suecia y Reino Unido. “Lamentamos profundamente la decisión de las autoridades de transición de Mali de utilizar fondos públicos ya escasos para pagar a mercenarios extranjeros en lugar de apoyar a las Fuerzas Armadas y los servicios públicos en beneficio del pueblo”, reza el texto conjunto.
Los firmantes aseveran que son “conscientes” de “la participación del gobierno de la Federación de Rusia en la prestación de apoyo material al despliegue del grupo Wagner” en Mali, al que acusan de estar involucrado “en graves abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura, y ejecuciones y asesinatos extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, o en actividades desestabilizadoras en algunos de los países en los que operan”.
Pese a que los firmantes de la queja formal abordan su intención de mantener activos sus esfuerzos “por atender las necesidades de la población de Mali”, instan al gobierno del país africano a que “emprenda reformas” y “restablezca el orden constitucional”, quebrado tras el último golpe de Estado, y que también convoque elecciones, “como se comprometieron ante el pueblo de Mali y la comunidad internacional”.
