La defensa de una de las dos españolas repatriadas hace un año desde Siria junto a sus hijos ha recurrido la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar a la joven por un delito de integración en la organización terrorista Daesh. En el auto objeto del recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado de la Audiencia Nacional detalla que ambas participaron en España en actividades en favor de la organización yihadista, "previamente a su desplazamiento voluntario a la zona de conflicto sirio-iraquí junto a sus maridos".
Yolanda Martínez intentará demostrar que llegó al país de Medio Oriente bajo el engaño de su marido. Desde el inicio del proceso, la acusada ha defendido que no existen pruebas para determinar que se desplazarse voluntariamente a la zona de conflicto, ya que viajó con un billete de ida y vuelta.
Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional entiende que tanto ella como Luna Fernández viajaron a Siria con sus maridos, "compartiendo y aceptando el mismo destino que ellos, una vez proclamado el pseudocalifato en junio de 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi" con plena voluntad de mantener su integración la organización terrorista.
El juez mantiene que Martínez "compartía la ideología de su esposo, mostrándose de acuerdo en no permanecer estática ante el conflicto sirio y pasar a la acción". Como prueba clave, el juez hace referencia al hallazgo de una carta manuscrita que la mujer habría escrito antes de marcharse de España hacia la zona de conflicto.
Informes sobre la autoría de la carta
La carta fue hallada en el registro practicado en el domicilio de M.K., después de que la Policía le investigase como parte de la autodenominada Brigada Al Andalus. Ante las pruebas señaladas por el magistrado, la defensa intentará poner la autoría de la carta en el centro de la diana, ya que entiende que tras dos informes periciales caligráficos no se ha podido determinar con absoluta certeza que la procesada sea la autora de la misma.
El argumento de la defensa se basa en las apreciaciones del propio juez: "Pese a lo alegado y aceptándose que pudiera no haber realizado la carta y que los hijos no hubieran sido adoctrinados o su participación más liviana, que eran cosas que yo alegaba, lo cierto es que acudir voluntariamente a un territorio dominado por una organización terrorista implica una membresía o simple pertenencia que no exige actividad concreta", matiza en un auto anterior.
No obstante, esta no es la única prueba que existe contra Yolanda Martínez. En el auto emitido por la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que los magistrados expusieron en el mes de octubre su decisión de mantener a la española en prisión, no sólo se hace mención a esta carta manuscrita, sino que también se hace referencia a la existencia de grabaciones de vídeo y conversaciones de las que se desprenden "suficientes indicios" de su adhesión ideológica al Daesh.
El juez defiende en dicho escrito, no obstante, que "no constituye obstáculo alguno a esta conclusión la falta de prueba de la autoría -no la constancia de que la recurrente no sea la autora- de la carta manuscrita en la que tal adhesión y voluntad claramente se hacen patentes".
La defensa de Martínez sostiene que los hechos en los que se basa el magistrado para procesar a su representada no han quedado acreditados en la instrucción. Subraya que "ni se le ha podido atribuir la autoría de la carta, ni se ha podido acreditar en modo alguno que los niños estuvieran adoctrinados", lo que -según el recurrente- fue de alguna forma reconocido en una resolución judicial anterior de este mismo jugado.
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