La amplia documentación relacionada con la trama Gürtel que maneja el juez Pablo Ruz está dando para mucho. Según los múltiples documentos de la empresa Easy Concept, propiedad del presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, infló más del doble -en más de 50.000 euros- el coste de la toma de posesión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en 2007, al igual que hizo con otros actos institucionales del gobierno regional.
Según uno de esos documentos notificados este martes a las partes, denominado "hoja de costes" y "fechado los días 20 y 21 de junio de 2007 en el Edificio del Reloj de la Puerta del Sol", sede de la Comunidad de Madrid, el coste de la organización del acto de toma de posesión fue de 46.410 euros. Sin embargo, indica el documento, lo facturado se elevó a 96.764 euros, por lo que el beneficio ascendió a 50.354, lo que equivale a un 52%. En la llamada "hoja de costes" se desglosa el precio de los elementos utilizados en el acto de toma de posesión, tales como cartelería (1.500 euros), luz y sonido (4.256), audiovisuales (6.000), arte floral (3.323 ) o tapicería (2.212), entre otros.
La misma dinámica se observa con otros actos como un homenaje "al deporte madrileño", el 26 de febrero de 2007, que costó 18.680 euros y por el que Easy Concept facturó 37.533 o el acto de inauguración de la nueva carretera M-407, el 3 de mayo de 2007, que tuvo un coste de 19.474 euros y por el que la empresa de Correa se embolsó 39.179.
López Viejo, identificado como el "conseguidor"
De lo investigado en la causa, se ha deducido que el "conseguidor" de estos contratos para la red Gürtel era el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. De hecho, un informe de la Intervención General del Estado enviado a Ruz el pasado julio afirmaba que empresas del Grupo FCS (las iniciales de Francisco Correa Sánchez), vinculado a la trama Gürtel, pagaron 290.004 euros entre 2004 y 2007 a "ALV", a quien la Policía identifica como Alberto López Viejo.
El informe también analizaba el coste de estos servicios prestados por el grupo de empresas vinculado a Gürtel a la Comunidad de Madrid, que sería de un total de 2.079.130 euros, lo que significa que el margen que obtuvieron las adjudicatarias de estos 348 actos ascendería a un 128%. "Es decir, sobre un importe facturado a la C.A.M. de 5.144.257,07 euros, han obtenido un beneficio de 2.662.785,41 euros", concluía.
Estos datos son los que han determinado que el juez haya pedido la declaración como testigo de Esperanza Aguirre, ya que considera que su testimonio es necesario para confirmar las manifestaciones que realizó ante distintos medios de comunicación sobre la prohibición que habría efectuado a López Viejo de contratar con Easy Concept.
Aguirre decidió acogerse a su derecho a prestar declaración por escrito, y ahora las fiscales del caso han propuesto al juez que lo haga en presencia del secretario judicial, y que no se le permita consultar documento alguno ni comunicarse con terceros, aunque Ruz todavía no ha puesto fecha para cumplimentar esta diligencia.
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