A Esperanza Aguirre le espera el próximo 17 de diciembre una larga jornada judicial. Después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, fijase el pasado lunes las condiciones en que deberá prestar su declaración, tras acogerse la expresidenta de la Comunidad de Madrid al privilegio de los mandatarios autonómicos de hacerlo por escrito, el magistrado dictó este martes dos providencias en las que admitía casi todas las preguntas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, tres defensas y otras tantas acusaciones. De hecho, el juez sólo ha desetimado por "irrelevantes", "reiterativas", "por su carácter sugestivo" o por haber sido presentadas fuera de plazo 84 de las cuestiones, todas ellas contenidas en el pliego planteada por una de las acusaciones, la que ejerce el PSOE de Boadilla del Monte, una de las localidades madrileñas epicentro de la trama. De las formuladas por el resto, la dirigente del PP deberá responder a todas, dirigidas principalmente a que aclare las relaciones de uno de los miembros de su Gobierno, Alberto López Viejo, con la trama Gürtel y el supuesto conocimiento que ella misma podía tener de sus actividades irregulares.
Catorce preguntas de los socialistas madrileños quedan fuera por haberse planteado fuera de plazo. Otras 62, por "irrelevantes, reiterativas o sugestivas". Sobre 8, el juez tomará una decisión definitiva en breve
En concreto, el juez ha admitido la totalidad de las preguntas presentadas por las acusaciones que representan a los socialistas valencianos y a la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), así como las formuladas por las defensas del 'número 2' de la trama y exdirigente del PP gallego, Pablo Crespo; la de Felisa Isabel Jordan, empleada de la trama, y la del empresario Juan Ignacio Hernández, también imputado, así como las que han planteado las dos fiscales del caso. Sin embargo, el juez ha puesto numerosas objeciones a las que pretendían realizar los abogados personados en nombre del PSOE de Boadilla, que llegaron a presentar hasta tres pliegos distintos de preguntas. El primero, Ruz lo rechazó íntegro ya que las cuestiones no habían sido numeradas, como él había fijado en el escrito con el que pidió a las partes que presentaran por escrito las cuestiones que quisieran que contestara la dirigente del PP.
"Carácter sugestivo"
El segundo escrito, presentado seis días después, ya presentaba las cuestiones con ordinales y recogía 173 cuestiones. Un día después, presentaba uno nuevo en el que el número de preguntas ascendía a 187, catorce más de las inicialmente propuestas. En las providencias de este martes, el juez Ruz deja claro que este último pliego lo rechaza por haberse presentado fuera de plazo y, por tanto, quedan fuera las 14 cuestiones añadidas a última hora. Del segundo, el único que cumplía con las condiciones fijadas por el Juzgado, considera que no todas son pertinentes. De hecho, de las 173 del mismo, desestima 62, "por resultar irrelevantes para el objeto de la instrucción, o bien reiterativas con otras incluidas en el pliego o bien por su carácter sugestivo o indebida formulación". De una de ellas, la número 50, sólo anula el segundo párrafo de la misma, según detalla el escrito del magistrado. Además, otras ocho las deja en duda a la espera de que los socialistas madrileños aclaren cuál es "la fuente de conocimiento de las afirmaciones efectuadas" en las mismas. Sólo entonces decidirá si permite que se planteen a Aguirre en su comparecencia como testigo.
Una parte importante de las cuestiones rechazadas se refieren al célebre "yo destapé la Gürtel" que Aguirre pronunció en 2010 en la Asamblea de Madrid
Fuentes jurídicas señalan a este diario que una parte importante de las preguntas rechazadas se refieren a una intervención parlamentaria que Esperanza Aguirre realizó el 8 de abril de 2010 en la Asamblea de Madrid y en la que afirmó: "Yo destapé la trama Gürtel". Los representantes del PSOE de Boadilla del Monte querían saber por qué entonces no paralizó las diferentes operaciones supuestamente irregulares que se desarrolaron en los distintos municipios madrileños afectados de la trama. Otra parte de las cuestiones que finalmente no tendrá que contestar se refieren al conocimiento que pudo tener de la llamada 'Operación Arganda', el mayor 'pelotazo' de la red de Correa. Luis Bárcenas aseguró en una de sus últimas comparecencias ante el juez Ruz que la expresidenta madrileña había participado en una reunión en la que se habló de dicho negocio y en la que también participó Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición.
López Viejo no podrá preguntar
En total, 84 preguntas han quedado fuera de un interrogatorio en el que tampoco podrá realizar preguntas los abogados de López Viejo, el miembro del Gobierno regional acusado de haber recibido "cuantiosos pagos" efectuados desde el entorno de Francisco Correa a cambio de la "adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid". Los letrados del que fuerza exconsejero y, para muchos, 'delfín' político de Aguirre solicitaron al magistrado conocer previamente cuáles iban a ser las preguntas que planteaban las acusaciones para, posteriormente, presentar ellos las suyas. Para ello, solicitaba que se les concediera a ellos "un plazo adicional" para formular su pliego de preguntas. Esgrimían que si no se hacía así se vulneraba su derecho de defensa. El juez, con el respaldo de la Fiscalía, rechazó la petición y el posterior recurso de reforma. Finalmente, Aguirre no deberá responder a ninguna pregunta de López Viejo, cuyas actividades presuntamente irregulares le han llevado precisamente a declarar.
Pese a ello, el interrogatorio de la expresidenta de la Comunidad de Madrid se augura largo ya que el número de preguntas que deberá responder superará "de largo" los dos centenares, según fuentes decl caso. Además, Aguirre no podrá preparar previamente sus respuestas, ya que no conocerá el contenido de las preguntas hasta el mismo momento de prestar declaración. Ésta se producirá el próximo martes en un despacho que ella debe designar y que el magistrado sugiere que sea "preferentemente profesional". Lo hará ante un secretario judicial que antes de entregarle el pliego de cuestiones le apercibirá de la obligación de ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal si no lo hiciera. Además, la declaración se realizará en una unidad de acto, en presencia únicamente del secretario, y con el único apoyo de una persona "ajena al ejercicio profesional del derecho" que transcribirá su respuestas. La política tampoco podrá comunicarse por vía telefónica ni consultar documento alguno salvo algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar.
