Juan Carlos Campo se convertirá, junto a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez, en nuevo miembro del Tribunal Constitucional cuando el TC, a la espera de los candidatos del CGPJ, dé el placet a los nombres propuestos por el Gobierno. La elección del exministro de Justicia por parte de Pedro Sánchez ha provocado toda una tormenta política por poner en entredicho el principio de separación de poderes. Pero, más allá de ese debate, lo cierto es que, en su etapa en el Ejecutivo, protagonizó importantes enfrentamientos y derrotas frente al Tribunal del que va a formar parte.
Los dos principales varapalos que Campo se llevó del TC fueron las sentencias contra el primer y el segundo estado de alarma. La medida excepcional, que en ambos casos se aprobó por decreto en un texto revisado y avalado por el Ministerio de Justicia que él dirigía, fue considerada inconstitucional por el Tribunal, al considerar que el Gobierno incumplió la Constitución en las esas dos ocasiones.
Así, según el Tribunal Constitucional, el confinamiento impuesto en el primer estado de alarma es un derecho fundamental que solo se puede limitar en un estado de excepción, por lo que el Ejecutivo hizo una mala interpretación del artículo 116 de la Carta Magna.
Respecto al segundo decreto declarado inconstitucional, el TC destacó que con el texto avalado por Juan Carlos Campo quedó "cancelado el régimen de control" que corresponde al Congreso de los Diputados y consideró "inconsistente" la prórroga de seis meses del estado de alarma. De hecho, en esta segunda ocasión, el Tribunal sí dejó abierta la posibilidad a que los ciudadanos pudieran acudir a la vía legal para reclamar los daños y perjuicios que les hubieran podido ocasionar las medidas restrictivas de derechos fundamentales.
El 'control' de Iglesias en el CNI
Más allá de la inconstitucionalidad de los dos primeros estados de alarma, las fuentes consultadas por Vozpópuli destacan que el TC también tumbó la disposición que blindó la presencia del entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión de control del Gobierno al CNI.
Esa disposición formaba parte de un real decreto-ley que contemplaba una serie de medidas de carácter económico, social y sanitario dirigidas a atender de forma inmediata las consecuencias provocadas por la pandemia del Covid-19 y, según la oposición, Moncloa, con el aval de Justicia, la metió "de tapadillo" en el texto final.
La maniobra, sin embargo, fue rechazada por el Tribunal Constitucional, que destacó que no resultaba posible determinar la conexión que pudiera existir entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia, y la modificación de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que propició la integración en la misma del entonces vicepresidente segundo.
La disposición adicional segunda incluida por el Gobierno, supervisada por Juan Carlos Campo y declarada inconstitucional rezaba: "La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior, y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria".
Clases pasivas en la Seguridad Social
En enero de 2021, apenas unos meses antes del cese de Juan Carlos Campo, el Tribunal Constitucional también tumbó varias disposiciones del Real Decreto de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno integró la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.
En la sentencia el TC señaló que "el Gobierno hizo un mal uso del real decreto" pues "el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad".
El 'sí es sí' y los indultos
Además de estos cuatro varapalos del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo también fue protagonista de otras medidas polémicas del Gobierno, algunas de gran actualidad como la ley del 'solo sí es sí' o los indultos a los presos del procés.
Sobre la ley que está provocando la reducción de penas a violadores y agresores sexuales, las fuentes consultadas recuerdan que "Juan Carlos Campo, como titular de Justicia, es el autor del catálogo de penas de la Ley del sí es sí" y, por tanto, el autor del principal problema que está generando esta norma.
El exministro, además, tramitó los indultos a los condenados por el 1-O, en el primer gesto del Gobierno a los independentistas, y que vuelve a estar de actualidad tras la maniobra del Ejecutivo para acabar con el delito de sedición en el Código Penal.
"Vulnera la separación de poderes"
La elección de Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno confirma las sospechas del PP sobre la nula voluntad de Pedro Sánchez de pactar una reforma del sistema judicial que impidiera este tipo de nombramientos de políticos.
Desde la dirección del PP destacan, además, que Moncloa ha acelerado este anuncio para tratar de tapar otros escándalos que salpican al Ejecutivo, como las nuevas revelaciones sobre la valla de Melilla que demuestran que Marlaska mintió, o la guerra abierta entre José Luis Escrivá y Yolanda Díaz a cuenta del cómputo para calcular las pensiones.
Los dirigentes populares consultados por Vozpópuli censuran, en todo caso, el "currículum lleno de inconstitucionalidades" del exministro Campo y la "vulneración de la separación de poderes" que supone su nombramiento: "El Gobierno nombra a un exministro para que vigile la constitucionalidad de las decisiones del Gobierno. Es un hecho sin precedentes".
En la rueda de prensa ofrecida en Génova en la tarde de ayer, Esteban González Pons advirtió, además, que el hecho de que "miembros del Gobierno pasen al TC va a llamar la atención de Europa" y la decisión "va a salir en el informe jurídico de junio que puede condicionar la presidencia europea de turno para España".
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