El juez del caso Villarejo ha abierto la puerta de la pieza separada Kitchen a la Abogacía del Estado. El magistrado incluye a los servicios jurídicos del Estado como personados en la pieza separada número 7 en la que se indaga sobre el espionaje policial al extesorero del PP Luis Bárcenas. Uno de los puntos sobre los que pivota este caso es el uso de fondos reservados para sufragar estas actividades sin control judicial por lo que considera perjudicado al Estado.
Así lo confirman a Vozpópuli varias fuentes de la investigación y del Ministerio de Justicia, del que depende orgánicamente la Abogacía del Estado. El magistrado de la Audiencia Nacional ya ha solicitado a este departamento que se pronuncie sobre la petición del que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez -investigado en la causa- de poder declarar sin los límites de la ley de secretos oficiales.
De este modo, el juez da un paso más para conocer qué sabía el Ministerio del Interior bajo el mando de Jorge Fernández Díaz sobre estos hechos acaecidos durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. En concreto, se indaga sobre el plan trazado en la cúpula de la Policía para arrebatar a Bárcenas información comprometedora sobre la financiación del PP. La llamada pieza Kitchen es una de las muchas que integran la macrocausa sobre las actividades del comisario José Villarejo.
"Personada en la presente pieza"
“Con carácter previo a resolver sobre las pretensiones deducidas por la representación procesal del investigado, Francisco Martínez Vázquez, dese traslado a la Abogacía del Estado, personada en la presente pieza separada número 7 del procedimiento para que con su conocimiento manifieste lo que a su derecho convenga”, indica el juez García Castellón en una providencia del pasado viernes a la que ha tenido acceso este periódico.
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El ex secretario de Estado ya fue citado junto a su abogado en la Audiencia Nacional en enero, pero en ese momento se negó a declarar. Dos meses después, envió un escrito al juez pidiéndole que solicitase al Consejo de Ministros autorización para hablar sobre hechos protegidos por la legislación que regula los secretos oficiales del Estado. Según avanzó este periódico, entre las normativas que aludía en su escrito se encontraba el artículo 5.1 que establece el carácter reservado de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que la postura que adopte la Abogacía del Estado no es vinculante, pero el juez tiene interés en conocer su opinión a la hora de acotar los límites legales de hasta dónde puede declarar Francisco Martínez. Fuentes del Ministerio de Justicia informan a Vozpópuli de que la Abogacía del Estado ya está personada en otras piezas del llamado caso Tándem, entre ellas la principal, conocida como King. Añaden que ahora, al levantar parte del secreto de sumario y teniendo en cuenta el tipo de actividades que se investigan, el juez abre la puerta a la Abogacía también en esta pieza separada.
La Abogacía en la pieza principal
Las mismas fuentes consultadas confirman que los servicios jurídicos del Estado ya cuentan con la documentación y la están estudiando. Su papel tiene que ver con los delitos de índole económica que atentan contra la Hacienda Pública o la malversación. En el caso de la pieza principal, fue un ofrecimiento que le hizo la Fiscalía el 21 de mayo de 2018, todavía con el Gobierno del Partido Popular y el ministro Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia. La Abogacía del Estado aceptó el 19 de junio, tras el cambio de Gobierno que llevó al Ministerio a Dolores Delgado, hoy fiscal general del Estado.
Ahora los servicios jurídicos del Estado tendrán que pronunciarse respecto a una de las declaraciones claves del caso. Francisco Martínez es hasta ahora el único político investigado entre las decenas de imputados por su relación con Villarejo. Alejado ya de la vida pública, asumió la Secretaría de Estado de Seguridad en 2012 y se convirtió en el número dos de Fernández Díaz. Por su mesa pasaron las operaciones más delicadas durante años.
Fuentes de su entorno niegan su vinculación con las actividades ilegales de Villarejo o la propia existencia de la operación Kitchen. Las crónicas judiciales de los últimos años dejan algunas muestras de relación entre el polémico comisario y el secretario de Estado como las dos llamadas entre ambos el día de la detención de el pequeño Nicolás, según recogieron los investigadores policiales en sus informes.
En mayo del año pasado, Villarejo remitió un extenso escrito al juez en el que, entre otras cosas, relataba una reunión en el despacho de Martínez en el que el secretario de Estado le avanzó en una reunión que se le iba a encargar “una misión que afectaba a las más altas instancias del Estado”. Consultado al respecto por este periódico, el ex secretario de Estado eludió valorar estas informaciones que tacha de falsas.
En marzo, el juez envió a la casa de Martínez a la Policía, que se incautó de un acta notarial en el que este excargo de Interior había registrado mensajes que se intercambió con el exministro Jorge Fernández Díaz. El año pasado le señaló en su declaración ante el juez uno de los policías investigados. Según su versión, entregó a Francisco Martínez un pendrive con el contenido de los móviles del extesorero Luis Bárcenas, que habían sido clonados por dos agentes de la Policía.
En el marco de la operación Kitchen está investigado el que fuera hombre fuerte del PP en la Policía entre 2012 y 2016, el director adjunto operativo Eugenio Pino. También el comisario Villarejo y algún habitual de la causa judicial como el comisario Enrique García Castaño, responsable de una de las unidades más sensibles de la Comisaría General de Información. Presuntamente captaron al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también investigado. A cambio le pagaban un sueldo de los fondos reservados y una plaza de funcionario en la Policía.
Nada a nombre de 'Kitchen'
Esta causa permanece secreta y el juez ha prolongado esta situación al menos hasta finales de julio. Pero se ha levantado parcialmente el velo en lo que afecta a la respuesta remitida a finales del año pasado por parte del Ministerio del Interior. El juez le pidió toda información que obrase en sus archivos o en los pagos de los fondos reservados relacionado con Kitchen. La respuesta del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska es que no consta ninguna evidencia con ese nombre.
Los policías investigados no han negado que hiciesen esos trabajos -que según el primero juez del caso se saldaron con éxito- pero lo enmarcan en una actividad legal de apoyo a las unidades investigadoras de la caja B del PP. El juez de la Audiencia Nacional al frente de esas pesquisas, en cambio, dice no haber recibido ninguna información de esas labores.
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