Las víctimas de ETA aseguran que no aceptarán al Gobierno de Pedro Sánchez un plan de acercamientos individuales como el que desde hace meses sí toleran en Francia. El ejecutivo galo lleva meses acercando etarras a sus prisiones más próximas al País Vasco siguiendo unos criterios que a las víctimas les parecen insuficientes para los reclusos en España. Tanto la AVT como COVITE no renunciarán a exigirle a Sánchez el requisito de que los terroristas que quieran ser acercados tengan que repudiar a la banda.
El Gobierno galo, por medio de su Ministerio de Justicia, se adelantó al Ejecutivo español y comenzó un plan aplicando tres condiciones: que el preso no tuviese delitos de sangre, que no contase con causas pendientes en España y que quedasen tres o menos años para agotar su pena. Una de las artífices de esta política es la exjueza de enlace francesa en España, Hele Davo, quien recibió en París a los responsables de las principales asociaciones de víctimas, entre ellos al expresidente de la AVT, Alfonso Sánchez, y a la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez. A su salida de la reunión, ambos se mostraron satisfechos con las explicaciones recibidas.
No obstante, tanto la mayoritaria AVT como COVITE entienden que el escenario en Francia no es igual que en España. “En Francia no tienen a nadie en los ayuntamientos ni en las instituciones que siga justificando a ETA”, dice a Vozpópuli la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, para quien las siglas de la banda se han disuelto, pero no su proyecto político. “Que repudien a ETA. Si cumplen ese requisito, nada que decir”, añade al tiempo que recuerda que su asociación nunca se opuso a los acercamientos de la ‘vía Nanclares’ con la que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero premiaba a los internos que rompían públicamente con la organización.
Francia los acerca a 234 kilómetros
Desde la AVT alegan que la cárcel más cercana a España es la de Mont-De-Marsan y está a 234 kilómetros. La otra en la que Francia está trasladando a los presos es Lannemezan, a 330 kilómetros de distancia con la frontera. “Aquí las cárceles están en los mismos barrios en los que viven las víctimas”, argumentan desde esta asociación de víctimas para subir el listón a Pedro Sánchez y exigir ese repudio a los internos de la banda. “El verdadero arrepentimiento pasa por la colaboración con la justicia”, sostiene la actual presidenta de la AVT, Maite Araluce.
Las víctimas son conscientes de que la cárcel en la que un preso cumple su pena es una decisión exclusiva del Gobierno. Asumen que la Ley no exige la colaboración o el arrepentimiento como sí sucede para acceder a beneficios penitenciarios como los permisos de salida o las progresiones de grado. Pero insisten en que el Ejecutivo debe tenerlo en cuenta antes de trasladar a un etarra al País Vasco. La AVT añade que en este caso no bastaría con firmar un documento y hacer una renuncia genérica como sucedía con los presos de la Vía Nanclares, quienes rara vez colaboraban luego con la Justicia.
Desde la asociación que preside Maite Araluce solicitarán una reunión con el presidente del Gobierno el lunes. Piden la misma transparencia que les brindaron en Francia y que les informen de los pasos que se van a dar. Lo hacen después de las últimas declaraciones de Sánchez en las que el presidente ya ha dicho que se atenderán criterios como la edad de los presos (mayores de 70 años) o los que estén enfermos graves. Actualmente, el Colectivo de Presos de ETA cuenta con al menos 13 internos que consideran afectados por dolencias graves y tres por encima de los 70 años, uno de ellos es el sanguinario Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’, condenado entre otras acciones por el atentado de Hipercor.
Enfermos y mayores de 70 como 'Santi Potros'
Posteriormente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que esos serán algunos de los criterios, pero matizó que habrá más como el tipo de delito cometido, los años de pena pendientes o la actitud en prisión, entre otros. Desde el Ministerio afirman que serán las juntas de tratamiento de las cárceles las que elaborarán informes que después se estudiarán individualmente. “No vamos a ver acercamientos masivos como los que se hicieron en la época de Aznar”, transmiten fuentes ministeriales consultadas por este periódico. Recuerdan que fue el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien dijo que “se modificaría la política de dispersión penitenciaria con carácter general el día en que ETA se disuelva”.
Actualmente ETA cuenta con cerca de 230 presos repartidos en 45 cárceles españolas. Las Juntas de Tratamiento de las prisiones las integran el director del centro penitenciario, un subdirector de tratamiento, un jurista, un psicólogo y un médico. Interior insiste en que ellos son los que mejor conocen a los presos porque conviven con ellos. Al mismo tiempo, las víctimas usan este argumento para defender que el Ministerio sabe qué presos se arrepienten y cuáles siguen convencidos de sus crímenes.
El plan del PNV y el PP
En esta ecuación también juega un papel determinante el PNV. Sánchez y el lehendakari Iñigo Urkullu abordaron la cuestión de los presos en su último encuentro en La Moncloa. Fuentes del partido nacionalista confirman a este periódico que desde su formación mantienen la propuesta que ya elevaron al expresidente Mariano Rajoy y que pasa por habilitar para los traslados la decena de prisiones que se encuentran a 250 kilómetros del País Vasco. Lo entienden como una medida intermedia provisional. También recuerdan que otro criterio al que se debe dar prioridad es el de las madres presas con hijos a su cargo. Los menores solo pueden permanecer con sus madres en las cárceles hasta los tres años.
Las palabras de Sánchez se produjeron apenas unas horas antes de que el Congreso de los Diputados celebrase el día de las víctimas del Terrorismo con un acto en el que tomó la palabra la hermana de Miguel Ángel Blanco, la presidenta de la Fundación de Víctimas, Mari Mar Blanco. “Ninguna hipoteca política puede saldarse a costa de las víctimas”, ha advertido en un auditorio en el que estaban juntos en buena sintonía representantes de víctimas, miembros de la seguridad del Estado, el ministro Grande-Marlaska y la nueva ministra de Justicia Dolores Delgado.
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