La Policía y la Guardia Civil investigan, de forma "exhaustiva", las fuentes de financiación de las que dispone actualmente la banda terrorista ETA para la manutención de los miembros de la organización en la clandestinidad y si alguna de ellas procede de Sortu, Bildu o Amaiur.
Con este objetivo, los investigadores están intentando averiguar si, a pesar del alto el fuego, la banda sigue cobrando el impuesto revolucionario, tanto de particulares como de empresas o entidades bancarias, y si desde los partidos y coaliciones como Bildu, Sortu o Amaiur se está destinando alguna partida a esos fines.
El resultado de esta investigación, que presenta "no pocas dificultades", serviría como indicio para instar una eventual ilegalización de estas formaciones, han informado a Efe fuentes de la investigación.
Este mismo lunes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, advirtió de que se están recabando datos para, "en un momento determinado", poder solicitar la ilegalización de Sortu, teniendo en cuenta la intervención de miembros de esta formación en actos de homenaje al dirigente etarra fallecido Francisco Javier López Peña, "Thierry", que pudieran ser constitutivos de enaltecimiento del terrorismo.
Las fuentes consultadas por Efe creen que por el momento no se va a pedir esa ilegalización, aunque aseguran que es cierto que se está recabando información al respecto, y han manifestado su preocupación por la parálisis en la que se encuentra el proceso para que el fin de ETA culmine con el abandono de las armas.
Se ha llegado a una especie de punto muerto, ya que ETA quiere que antes se produzca algún gesto hacia los presos de la organización, lo que la banda denomina como "el frente makos".
Sobre la mesa se ha planteado la posibilidad de un indulto como el que en su día se hizo con los presos de ETA político-militar, pero aquellos no tenían delitos de sangre como sí los tienen la mayor parte de los presos etarras que actualmente cumplen prisión.
Esta situación de no retorno hace a los investigadores temer que ETA quiera romper la parálisis con un atentado, eso sí, sin víctimas, o bien que se produzca una escisión como ocurrió con el llamado IRA auténtico.
Ese temor tiene su base en las últimas detenciones de etarras, algunos de los cuáles han sido arrestados con armas y explosivos, como ocurrió el pasado mes de febrero con los presuntos miembros de ETA Oier Ibarguren Sarasola y Montxo Arkaiz Varea Echevarría.
Ambos, detenidos en Francia, están supuestamente encuadrados en la estructura encargada de custodiar el arsenal de armas y explosivos que la banda mantiene en el país galo.
De hecho, en el juicio a diez etarras en París el pasado marzo, entre otros al ex jefe militar Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", un representante de la Policía antiterrorista francesa advirtió que ETA dispone aún en ese país de muchas armas y explosivos para cometer atentados.
Teniendo en cuenta las reservas acumuladas de robos que ha realizado, en particular de polvo de aluminio, ETA "tiene capacidad" para confeccionar y utilizar "artefactos explosivos", destacó el comandante de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) Laurent Hury.
Preguntado por la abogada de los acusados sobre las informaciones que hablan de negociaciones para un posible desarme, el oficial antiterrorista respondió: "eso por ahora no son más que rumores. Nosotros esperamos a que se materialice", e insistió en que la actividad clandestina de la organización terrorista no ha parado en Francia, donde se siguen constatando robos de coches.
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