Sin hacer demasiado ruido. Así han regresado en el último año a España "una buena parte" de los miembros de ETA huídos que no tienen ninguna cuenta pendiente con la Justicia. ¿Cuántos? Nada menos que 125. Una cifra que supone cerca de la mitad de los aproximadamente tres centenares de militantes de la organización que se encuentran en esta situación, según las estimaciones del propio Gobierno de Mariano Rajoy. Un importante movimiento que se conoce gracias a que todos ellos se han visto obligados a acudir a las embajadas y consulados de España en el extranjero para cumplir el trámite administrativo de solicitar nuevos DNI y pasaportes. La gran mayoría lo ha hecho en Francia, aunque también se han dado casos de etarras que han acudido a las legaciones diplomáticas de nuestro país en Bélgica, Cabo Verde, Cuba y Reino Unido.
El Gobierno conoce su número porque todos ellos han acudido a embajadas y consulados españoles en el extranjero a solicitar nuevos DNI y pasaportes
Estos datos aparecen recogidos en la Memoria que la Fiscalía General del Estado ha hecho pública recientemente y en la que se señala a la "Comisaría General de Información de la Policía y al Servicio de Información de la Guardia Civil" como fuente de los mismos. En este mismo documento, el equipo de Eduardo Torres-Dulce muestra su recelo hacía dicho regreso masivo y alerta que "no sería descartable la convocatoria de algún tipo de acto propagandístico protagonizado por éstos [retornados] y dirigido también a aumentar la presión sobre los gobiernos español y francés". El documento recalca que este movimiento será, de hecho, una de las dos líneas en las que ETA pretende avanzar en los próximos meses. La otra tiene como objetivo "conseguir mejoras parciales en la situación penitenciaria de sus presos" como su reagrupamiento en cárceles del País Vasco y Navarra, y la puesta en libertad de los enfermos y de los que hayan cumplido tres cuartas partes de sus condenas.
La decisión de los 125 huidos de la banda sin reclamaciones judiciales en vigor se produce casi dos años después de que la propia ETA diera luz verde a una iniciativa de sus militantes en este sentido. Fue el 3 de noviembre de 2012 cuando el autodenominado Colectivo de Refugiados y Deportados (EIPK en sus siglas en euskera) hizo público un comunicado en el que anunciaba su intención acabar con su exilio. Era la primera vez que dicho grupo y, con él, la propia organización terrorista levantaba las trabas que históricamente había puesto a los huidos de la organización que deseaban regresar al País Vasco con normalidad. Días después de aquel pronunciamiento, abogados de la izquierda abertzale acudieron a la Audiencia Nacional a realizar consultas sobre la situación legal de aquellos etarras que permanecían en el extranjero. Querían conocer si mantenían causas pendientes o si los delitos por los que huyeron habían sido ya declarados prescritos.
Los 30 de Bayona
Cuatro meses más tarde, el consulado de España en la localidad francesa de Bayona recibía la petición de una treintena de estos etarras para que los registrara y les facilitara documentación en regla. La mayoría de aquellos eran colaboradores de la banda que en los años 80 pasaron a la cladestinidad cuando cayeron los miembros activos de la organización a los que prestaban ayuda. Algunos de ellos ni siquiera residían en Francia, sino que se habían trasladado al país vecino para realizar dicho trámite desde otros estados europeos e, incluso, desde Latinoamérica, donde habían permanecido ocultos durante años. Éste ha sido el único gesto de estas características conocido hasta ahora, aunque en otras dos ocasiones la propia izquierda abertzale ha intentado sacarle rédito propagandístico escenificando el retorno de exiliados en actos públicos.
La Fiscalía General recela de este movimiento y alerta de que los retornados pueden protagonizar "actos propagandísticos" para presionar a Madrid y París
La primera vez fue en junio del año pasado precisamente en Bayona, en una convocatoria en la que participaron algunos de estos exiliados que deseaban volver. El segundo, el pasado mes de marzo en la localidad navarra de Alsasua. Desde entonces, sin embargo, nada más se había vuelto a saber sobre el regreso de estos etarras sin causas pendientes. Hasta el documento de la Fiscalía General del Estado, tampoco nadie había cuantificado el número de los que habían dado el paso. Un silencio explicado en parte por la decisión de algunas asociaciones de víctimas de reactivar, precisamente, casos archivados y reclamar la imputación de delitos prescritos a miembros de ETA.
Por parte del Gobierno de Rajoy y, en concreto, del Ministerio del Interior, la postura hacia este retorno ha sido ambigua. El equipo de Jorge Fernández Díaz llegó a estudiar una iniciativa para faclitar la vuelta a casa de los que carecieran de reclamaciones judiciales pendientes si manifestaban públicamente su desvinculación de ETA. El plan planteaba la necesidad de establecer un canal de información para que los huidos pudieran conocer su situación judicial en España y qué les esperaba si regresaban. Sin embargo, nunca se formalizó la puesta en marcha del mismo ante la abierta oposición de ciertos colectivos de víctimas.
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