Si los presos de ETA quieren beneficios penitenciarios, deberán romper de formar pública con la banda terrorista y acogerse explícitamente a los beneficios que prevé la reinserción para cualquier preso que exprese arrepentimiento y quiera reinsertarse. Es la política oficial del Gobierno de Rajoy fijada ante una pregunta parlamentaria del diputado de Amaiur por Álava Iker Urbina.
El diputado abertzale quería que el Gobierno del PP fijara una nueva posición respecto a los presos de ETA ahora que la banda dice que está procediendo a su desarme -“verificado”, dicen, por un comité internacional que el gobierno español no reconoce- y cuando desde el gobierno vasco se estaba ultimando la propuesta que el lehendakari Íñigo Urkullu acaba de presentar públicamente hace tan sólo unos días.
Vozpópuli ha podido saber que desde hace al menos un año, representantes de los partidos coaligados en Amaiur mantienen encuentros esporádicos en Euskadi con representantes del ala más liberal del Partido Popular vasco. Su objetivo es abrir un cauce de interlocución con el PP a nivel nacional y especialmente con el Gobierno del Estado, con el fin de acabar definitivamente de resolver los flecos pendientes para la disolución de ETA.
Sin embargo, pese a haber encontrado –reconocen fuentes abertzales a Vozpópuli- una buena acogida en esos sectores más aperturistas del PP vasco, en Madrid se han cerrado en banda porque temen a los halcones del Ministerio del Interior –empezando por el propio ministro, Jorge Fernández Díaz- y especialmente a la reacción de las asociaciones de víctimas del terrorismo. El tema, por tanto, había quedado cerrado en cuanto a la vía del PP vasco.
Pero Amaiur ha tanteado una nueva vía en Madrid, a través de preguntas al Gobierno para respuesta escrita como la citada del diputado y abogado abertzale Iker Urbina. No obstante, la respuesta oficial del Gobierno no ha dejado lugar a dudas: no habrá medidas extraordinarias para los presos de ETA, ni mucho menos para los terroristas que aún están libres dentro o fuera de nuestra fronteras.
El Gobierno ha respondido a Urbina con un documento en el que fija una posición inequívoca: “La dispersión [de presos] nace de la potestad exclusiva de la administración penitenciaria para fijar el centro de cumplimiento de la condena de cualquier recluso. Se aplica a presos terroristas y de organizaciones criminales y es una medida acorde con la legislación española”, dice inicialmente el documento.
Posteriormente fija la posición final: “El objetivo de la dispersión es propiciar la reinserción y el abandono de la disciplina de la organización criminal. De tal manera que cualquier preso de una organización terrorista puede poner fin a su situación de dispersión acogiéndose a los itinerarios de reinserción y a los mecanismos compensatorios que la legislación prevé para aquellos miembros que rompen con la dependencia de la organización terrorista o criminal a la que se ven sometidos”.
Este documento constituye, por tanto, una respuesta oficial y definitiva tanto respecto a las peticiones de los abertzales de izquierda de dar una salida a los presos etarras como al último plan de Urkullu: significa la constatación oficial de que no hay ni habrá en el futuro inmediato beneficios penitenciarios en bloque, y que si los etarras presos quieren tales beneficios deben repudiar a la banda e iniciar el camino habitual en los presos comunes para su reinserción social.
Por otro lado, ninguna formación ha mostrado su apoyo a la nueva hoja de ruta fijada por la Lehendakaritza vasca: EH Bildu, el primer partido de la oposición en el Parlamento vasco, ha dicho que la "actuación de Lakua es inoportuna y absolutamente criticable". Los socialistas vascos creen que la propuesta del Gobierno vasco "no ayuda en nada" a la disolución de la banda y supone "un afán nada disimulado de fotos y protagonismo en este momento". UPyD ha calificado la propuesta de "patochada". Sólo el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, cree que la propuesta del Gobierno vasco para un desarme rápido y unilateral de ETA puede ser "un punto de partida" para lograr "un consenso político y social amplio".
