"Bajo mi punto de vista yo pienso que el comité ejecutivo podía haber evitado el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Prácticamente estaba sentenciado desde su secuestro". En estos términos se pronunció uno de los etarras arrepentidos en el testimonio que prestó como testigo protegido ante la Guardia Civil. Se trata de los primeros exmiembros de ETA que confiesan en una causa judicial el papel de mando que tuvo la cúpula de la banda terrorista en los asesinatos que cometió en las últimas décadas.
Su testimonio, en el marco del cual incriminaron a una docena de jefes de ETA, es especialmente valioso para los investigadores, los cuáles han reabierto en los últimos meses cerca de una decena de causas de atentados terroristas para actuar contra los jefes por su autoría intelectual en estos hechos. Estos testimonios, en concreto, se prestaron en el marco del procedimiento por el asesinato de Gregorio Ordóñez, aunque ya se ha adherido al sumario de la casusa sobre Miguel Ángel Blanco y se espera que se sume a otros más.
Los etarras confesos declararon en las dependencias de la Guardia Civil a comienzos de año y en marzo corroboraron su testimonio en la Audiencia Nacional. Identificados como 001 y 002, los testigos matizaron que actuaban de manera "libre y voluntaria". También dejaron claro que están "en desacuerdo con todo lo que hizo la organización en su momento en cuanto a la comisión de asesinatos y atentados", según confirman fuentes de la investigación a Vozpópuli.
"Se necesitaba la autorización de la cúpula"
Al respecto los dos antiguos etarras (ambos pertenecientes a comandos de la banda) detallaron el 'modus operandi' de su actuación, así como de la estructura jerarquizada de ETA. "Las órdenes de la comisión de los atentados procedían del comité ejecutivo y nos la trasladaban a través de su responsable", expuso uno de ellos ante los agentes. En su relato dejó claro que "se necesitaba autorización de la cúpula" para atentar y que el material lo suministraba un intermediario.
Necesitábamos autorización para realizar atentados contra traficantes de droga pero no contra guardias civiles o policías, que eran considerados por la organización como objetivos permanentesDeclaración de uno de los testigos protegidos
"Nos entregaban el material mediante un enlace, cita que había sido previamente concertada a través de mi responsable en Francia", explicó uno de ellos. Según recalcó, los comandos de ETA necesitaban autorización para realizar atentados contra "traficantes de droga", pero no contra guardias civiles base o policías, ya que estos últimos eran considerados por ETA "como objetivos permanentes".
Preguntados por nombres concretos, los dos etarras confesos apuntaron a históricos de la banda terrorista desde hace tres décadas. En concreto, uno de ellos, que integró un comando en la década de los ochenta, apuntó al exlíder José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, a Santiago Arróspide 'Santi Potros'; a José Javier Zabaleta 'Baldo'; a Francisco Múgica 'Pakito', a Eugenio Etxebeste Arizkuren 'Antxon' y Domingo Iturbe Abasalo 'Txomin'.
La Zuba de ETA
El segundo, que perteneció desde 1993 hasta su detención en 2001, señaló a los que fueran últimos dirigentes de la organización terrorista. Se trata de José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri'; Ignacio Miguel Gracia Arregui 'Iñaki de Rentería'; María Soledad Iparraguirre 'Anboto'; Miguel Albisu Iriarte,'Mikel Antza'; Javier García Gaztelu 'Txapote' y Julián Achurra Egurola, alias 'Pototo'.
Su relato va en la línea con las investigaciones impulsadas en varios juzgados de la Audiencia Nacional y en lo recogido por los últimos informes de la Guardia Civil sobre la autoría intelectual de la cúpula. Así, por ejemplo, la Policía Judicial concluyó el año pasado que el comité ejecutivo de ETA planificó y orquestó el asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.
Los agentes estrecharon el cerco en cuatro exjefes concretos: 'Kantauri', 'Anboto'; 'Iñaki de Rentería' y Mikel Albisu 'Antza'. Según el informe, los máximos responsables de ETA desde mediados de 1993 fueron los únicos que tuvieron capacidad de tomar la decisión de secuestrar y asesinar al concejal del PP en Ermua. También detallaron que, con el cambio de estrategia de 1992 (consecuencia de la caída de la cúpula en Bidart), los objetivos de la banda pasaron a ser, además de guardias civiles y policías, también políticos del PP y del PSOE.
Al hilo, todas las causas reabiertas en la Audiencia Nacional por la autoría intelectual de los atentados cometidos entonces, apuntan a la cúpula. Así por ejemplo, en la causa sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez y en el marco de la cual han declarado estos etarras arrepentidos, el juez mantiene imputados a 'Kantauri'; 'Iñaki de Rentería'; 'Mikel Antza', Julián Achurra Egurola, 'Pototo' y Juan Luis Aguirre Lete, conocido como 'Isuntza'.
Además de la causa por los asesinatos de los dos concejales del Partido Popular, la Audiencia Nacional ha reabierto en los últimos meses diligencias por el atentado de la T-4 en 2006, el que efectuó la banda a un cuartel de la Ertzaintza en Ondarroa en 2006; el del asesinato al magistrado del Tribunal Supremo Francisco Querol, el del que fuera concejal del PP Jesús María Pedrosa Urquiza o del atentado en la ciudad navarra de Sangüesa.
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