"No estamos cometiendo ningún delito pero estamos sobornando". Con esta frase los implicados en el caso Mediador relatan la actuación de esta presunta organización criminal integrada por el exdiputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que habría sobornado a empresarios a cambio de subvenciones a cambio de importantes partidas en metálico. Para contentarles les llevaban de visita al Congreso de los Diputados y también a clubes de alterne en la capital.
Los hechos se remontan a hace más de un año y salpican no solo al exedil socialista, sino también a una decena de personas, entre los que se encuentran el bautizado como "mediador" de la trama Marco Antonio Navarro Taraconte; el guardia civil retirado Francisco Espinosa Navas o el Director General de Ganadería, Taiseht Fuentes. La Fiscalía Anticorrupción constata que todos ellos -imputados en una causa que se sigue en el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife- se aprovecharon de sus cargos públicos para conseguir sus objetivos.
La dinámica era la siguiente: ofrecían a los empresarios la posibilidad de obtener "privilegios" en adjudicaciones y subvenciones, todo ello a cambio de "regalos, dádivas, entregas de dinero y otros objetos", sostiene la Fiscalía Anticorrupción. Sus conclusiones se producen un año después del inicio de estas pesquisas que nacieron a tenor de la denuncia interpuesta por Luis Pérez Peña acerca de que el mediador de la trama efectuó cargos a su tarjeta de crédito sin su consentimiento. Ello propició la comparecencia ante los investigadores del propio Navarro.
Alcohol, cocaína y viagra
De acuerdo con las declaraciones del 'mediador', el Congreso de los Diputados habría sido uno de los escenarios principales donde la red encabezada por el exparlamentario socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo -quien presentó su renuncia al cargo pocos días antes de su detención- urdió la trama de mordidas a empresarios canarios. Según la versión de Navarro, “se iban con los empresarios al Congreso, se hacía una visita por el Palacio, se hacían fotos… para facilitarles la entrada en Canarias a través de la Gestoría propiedad de Curbelo, procurando una adjudicación directa de algún convenio”.
En concreto -y siempre siguiendo la declaración de Antonio Navarro recogida en el informe que adelanta ABC y al que ha tenido acceso Vozpópuli-, Fuentes Curbelo o el propio declarante cobraban una comisión, mediante una transferencia bancaria de 5.000 euros a la Asociación Deportiva Tetir, que presidía el exdiputado socialista.
Los empresarios que visitaban el Congreso se iban después a “almorzar y seguían de fiesta el resto del día”, con unos gastos diarios que oscilaban entre los 3.000 y los 3.500 euros “de media por noche”. De hecho, según consta en las declaraciones efectuadas durante la instrucción, en dichas fiestas "eran protagonistas el consumo de alcohol, de cocaína, la contratación de prostitutas y el consumo de viagra".
Blanqueo de capitales
Unas jornadas que, a juicio de los agentes, dieron sus réditos económicos a la red investigada: “Tanto el propio declarante [en referencia a Antonio Navarro], como Juan Bernardo, su sobrino Taishet [quien ocupó el cargo de Director General de Ganadería], el abogado Plácido Alonso Peña Fumero y Miguel Ángel Robayna García consiguieron que siete queserías y ganaderías de Canarias efectuasen pagos, bajo la promesa de conseguir ciertas subvenciones o el archivo de sanciones, y bajo la amenaza de quedarse sin ayudas si no entraban en el juego”.
Los investigadores sospechan que, para blanquear los ingresos, el empresario Miguel Ángel Robayna García, administrador único de la entidad mercantil Hispano Robysa SLU, emitía facturas ficticias. De ese modo obtendría una cobertura legal a los pagos efectuados por los empresarios que buscaban beneficios a través de esta red.
El general de la Guardia Civil
Del mismo modo, el informe recoge las gestiones realizadas por el general de la Guardia Civil Francisco Navas Espinosa, a quien también se le atribuye un papel destacado en la red. Según las pesquisas de los investigadores, el general, en connivencia con otros investigados, recibía en la Dirección General del Instituto Armado de Madrid -ubicada en la calle Guzmán el Bueno- a los empresarios captados: "Era fundamental para dar una apariencia de seriedad y poder a la trama delictiva y generar confianza a los empresarios".
"Era un proceder habitual e idéntico al desplegado por los otros dos principales investigados en la trama en cuanto a su posición dentro de la investigación, quienes recibían a los empresarios en el entorno del Congreso de los Diputados o directamente en las dependencias de la Dirección General de Ganadería y Agricultura del Gobierno de Canarias", concluye el informe.
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