Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'tito Berni', y otros imputados del caso Mediador se han unido a Marco Antonio Navarro Tacoronte en su lucha por anular toda la causa. El político se ha posicionado a favor de este empresario y reclama que se aporten las pruebas que solicita y que se esclarezca si la entrega de los teléfonos móviles fue o no voluntaria.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que se adhiere al incidente excepcional de nulidad que interpuso el mediador tras los continuos rechazos del juzgado tinerfeño a acceder a sus reclamos. Como informó este medio, el empresario emprendió una batalla a mediados del año pasado cuando, en un giro de 180 grados, pidió a la instructora del caso de 'tito Berni' que acordara una serie de diligencias y que le devolviera sus teléfonos.
Navarro Tacoronte sembró dudas acerca del consentimiento que prestó en un primer momento para que la Policía Judicial diseccionara los dos teléfonos convertidos en el pilar de la causa. Al respecto, aludió al cambio de defensa letrada y dijo que estos terminales los entregó únicamente con el fin de demostrar que la denuncia que había interpuesto contra él el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife era falsa.
La base del caso 'tito Berni'
Pero sus pretensiones no fueron acogidas ni por la Fiscalía Anticorrupción, ni por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife, ni tampoco por la Audiencia Provincial de Canarias. Los investigadores se han negado reiteradamente a devolverle estas fuentes de prueba insistiendo en que prestó el consentimiento hasta en tres ocasiones (dos de ellas en el marco de sus confesiones) haciéndolo además en presencia de su abogado.
Pese a ello, el mediador no está dispuesto a rendirse y ha interpuesto incidente de nulidad al que se han adherido otros imputados, entre los que se encuentra el exdiputado del PSOE en el Congreso. 'Tito Berni' expone en su escrito que está de acuerdo con el mediador en tanto se han podido vulnerar derechos fundamentales del empresario con las continuas negativas del juzgado. Un criterio que abriría la puerta a un previsible recurso en amparo ante el Tribunal Constitucional de negársele sus reclamos.
De entre las pruebas solicitadas, la declaración de los dos letrados que asistieron a Navarro inicialmente son especialmente importantesEscrito de 'tito Berni'
A su juicio, el auto del pasado 25 de enero de la Audiencia Provincial de Canarias "no justifica ni resuelve motivadamente la denegación de las pruebas propuestas" mientras que, por contra, entra en "una cuestión no exigida" como es el hecho de la validez de las intervenciones telefónicas realizadas.
Al respecto, el político expone que, para esclarecer si el mediador ofreció o no consentimiento voluntario para acceder a los teléfonos de los que parte esta investigación se hacen necesarias las diligencias de prueba que se le deniegan.
Cabe recordar que la entrega de estos terminales, que en un primer momento se facilitaron para demostrar que la denuncia interpuesta contra él por Ángel Luis Pérez Peña era falsa, dio pie al arranque del caso de 'tito Berni'. Esto es así porque el empresario atesoraba conversaciones, audios, informaciones, recibos y más pruebas relativas a esta presunta trama de corrupción de amaño de contratos y subvenciones de la Administración canaria a cambio de mordidas.
En busca de la nulidad de la causa
De hecho, de estos terminales se sustrajeron las fotografías sobre las famosas fiestas de la trama de tito Berni en las que participaban prostitutas y se consumía presuntamente droga en un hotel del centro de la capital, y cuya existencia ha confirmado recientemente un empresario salpicado en la trama. De igual modo, los dispositivos también contenían las fotografías de las visitas al Congreso de los Diputados que dirigía el entonces parlamentario del partido socialista.
"El rechazo a practicar estas pruebas no ha sido justificado ni motivado, especialmente cuando nos encontramos ante unas diligencias muy extensas, en el tiempo y en el contenido, y donde todas las pruebas solicitadas por la policía y el ministerio fiscal han sido admitidas. El rechazo de las pruebas propuestas por la defensa vulnera los derechos fundamentales de la parte", indica el escrito de 'tito Berni'.
Además de recuperar los teléfonos, el mediador reclamó que se tomara declaración al que fuera su primer abogado, Plácido Alonso Peña, o que se instara a la Policía Judicial a que informara sobre cada una de las visitas que el mediador realizó a la sede de la Policía en el marco de las confesiones que realizó al inicio del procedimiento.
Las "irregularidades" que denuncia el mediador
Del mismo modo, apeló a "irregularidades" producidas tras el estallido del caso y dijo que el cambio inicial de abogados que se produjo "en extrañas circunstancias". Además, apuntó a presuntas coacciones y sostuvo que había "fundadas sospechas" de que el acceso a los teléfonos se obtuvo "al socaire de la penosa situación personal a la que fue sometido".
En su respuesta inicial, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres descartó que se vulnerase derecho alguno de los imputados y precisó que las pruebas se obtuvieron de manera lícita. De igual modo, denegó retornar los terminales al mediador precisando que todavía quedaba mucha documental por analizar en el marco de este procedimiento que ha ido sumando más de una decena de delitos (entre ellos tráfico de influencias, cohecho, blanqueo y grupo organizado) y cuyo volumen supera los 4 terabytes.
Por eso el siguiente movimiento del mediador ha sido interponer recurso de nulidad al que no solo se ha adherido 'tito Berni', sino también otros imputados de primera fila como lo son el sobrino de este último, también del PSOE, y exdirector General de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes, y Celedonio Castro, antiguo concejal de Coalición Canaria y al que se le vincula con los negocios del mediador.
En paralelo a este nuevo frente que busca tumbar toda la causa de 'tito Berni', la juez ha decidido custodiar los terminales del mediador y de otros imputados incautados por la Policía en una caja fuerte del juzgado. El movimiento se produce después de que la Policía Judicial haya decidido entregar estos dispositivos (entre los que se encuentran también tarjetas SIM) tras la denuncia del inspector que arrancó el caso. En la misma expuso que de su caja fuerte habían desaparecido los dos terminales clave del mediador de la trama.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación