El que fuera embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y su hijo Alejo Morodo, están a un paso del banquillo por presunto fraude fiscal. El magistrado Alejandro Abascal les acaba de procesar por ocultar al fisco cuantías que habrían percibido desde PDVSA mediante contratos de asesoría de dudosa realidad. Los investigadores apuntan que Alejo Morodo canalizó 6,6 millones de euros de la petrolera estatal a través de sociedades pantalla.
Así lo refleja el juez en un auto mediante el cual procesa a Morodo, su hijo y a la mujer de éste, Ana Catarina Varandas. El magistrado considera que hay indicios suficientes para enviar a estos imputados al banquillo por defraudar al fisco entre los años 2013 y 2017. No obstante, continúa las diligencias contra otros exaltos de PDVSA imputados en el procedimiento que se abrió por presunto blanqueo de capitales.
En lo que respecta al exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, el juez precisa que fue beneficiario directo de parte de las comisiones que percibió su hijo a través de sociedades interpuestas. La Fiscalía Anticorrupción acotó que Alejo Morodo se valió de las firmas Aequitas Abogados y Consultores, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados S.L para percibir más de 6 millones de euros de PDVSA, petrolera de Venezuela salpicada en varias de causas de corrupción.
"Entre 2007 y 2014 Aeljo Morodo Cañeque inició una aparente relación contractual con PDVSA a través de sus sociedades Aequitas y Furnival para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional por lo que estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron un total de 6,69 millones de euros de euros", indica el juez. Cerca de cuatro millones de esa cuantía total, la ingresaron solo entre los años 2013 y 3014. Además, a esa cifra hay que añadir otros servicios que se facturaron esos mismos años por cerca de medio millón de euros más.
Dinero de Venezuela
Tanto Anticorrupción como el juez sostienen que el que fuera diplomático de Zapatero se benefició de manera directa de estos pagos y los canalizó en su patrimonio sin declararlos a Hacienda. "De los ingresos percibidos a través de Aequitas y Morodo Abogados también se benefició su padre, el investigado Raúl Morodo que recibió 357.970 euros y los integró en su patrimonio ocultándolos a la Hacienda Pública", reza el juez.
La investigación pone en evidencia que cabe diferenciar dos bloques, uno es el 'caso Morodo' y otro el 'caso venezolanos', ya que están perfectamente diferenciadosFiscalía Anticorrupción
El magistrado actúa en consonancia con lo dispuesto por la Fiscalía Anticorrupción la cual, en un escrito al que ha tenido acceso este medio, solicitó que se abriera una pieza separada dentro del caso Morodo para poder actuar contra el embajador, su hijo y la mujer de este segundo. La Fiscalía recuerda que estas diligencias se incoaron hace ahora cuatro años como consecuencia de la querella presentada por este mismo órgano para investigar presunto delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública entre los años 2011 y 2015.
En el marco del procedimiento se imputó no solo a la familia del exembajador de Zapatero, sino también a ciudadanos venezolanos para los que sigue la causa. Se trata de los empresarios Carlos Adolfo Prada Gómez y el exdirectivo de PDVSA Juan Carlos Márquez Cabrera, a quien encontraron ahorcado poco después de iniciarse esta causa en la Audiencia Nacional.
La causa se parte en dos
"La investigación practicada hasta la fecha evidencia que dentro de los hechos investigados en esta pieza cabe diferenciar dos bloques, uno que podría identificarse como “caso Morodo” y otro como “caso Venezolanos” que, si bien mantienen su conexidad inicial, están perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios que aconsejan su enjuiciamiento por separado", reza Anticorrupción.
Con todo, la investigación en lo que respecta a los ciudadanos de Venezuela también está "muy avanzada", según desgrana la propia Fiscalía. En concreto, tan solo falta cumplimentar algunas diligencias como los informes relativos a las regularizaciones tributarias de la familia de Márquez Cabrera y Carlos Adolfo Prada en aras a que el magistrado instructor resuelva sobre el decomiso de los bienes para el último de ellos.
En el marco de estas diligencias Hacienda detectó que la Consultora Alcander -ligada a ambos venezolanos- canalizó 9 millones de euros entre los años 2011 y 204 entre aportaciones de sus socios y de una empresa radicada en el Caribe que transfirió el dinero en apariencia de préstamos. Del mismo modo las comisiones rogatorias a Suiza permitieron acotar que los socios de Morodo desviaron 5,7 millones de dólares a la Fundación Ayacucho, firma cuyo patrimonio acabó bloqueando la Fiscalía de Berna.
Tanto en este caso como en lo que respecta al exembajador de Venezuela el dinero provenía de PDVSA. La petrolera estatal, salpicada en casos de corrupción por el presunto saqueo al que se vio sometida durante décadas, habría sido el ente desde el cual el hijo de Raúl Morodo percibió cuantías que superan los 6 millones de euros. Su ocultación al fisco y su tributación irregular llevan ahora al juez a dictar auto de procesamiento contra el exdiplomático, su hijo y la mujer de este último.
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