Varios exministros del Partido Popular y del PSOE -entre ellos Marcelino Oreja o José Luis Corcuera-, así como de UCD -Soledad Becerril, Ignacio Camuñas y Jesús Sancho- están entre los firmantes de un manifiesto político hecho público este martes en el que critican las "discrepancias internas" del Gobierno y le piden evitar las "divergencias expresadas en declaraciones públicas", en especial las realizadas por algunos ministros contra Felipe VI.
Este manifiesto cuenta con 360 adhesiones iniciales de miembros de la sociedad civil, entre los que se encuentras exparlamentarios del PP, PSOE y UPyD -los más significativos son Ignacio Astarloa, Juan José Laborda y Rosa Díez-, así como empresarios, catedráticos, diplomáticos y deportistas.
Los firmantes se muestran "preocupados" por las dificultades de las relaciones políticas e institucionales por las que atraviesa España, en un momento de "extrema gravedad" para los ciudadanos, debido a la pandemia que amenaza la salud y a los "negativos efectos" que la misma tiene sobre el futuro del bienestar de los españoles.
Por ello, hacen llamamiento a los poderes públicos para restablecer la "concordia democrática" en torno a los principios proclamados en la Constitución de 1978 y en el "ordenamiento jurídico vigente". Tras ello, piden a los responsables políticos que restituyan la "colaboración leal" entre los poderes públicos y recuperen el "respeto debido legalmente" entre las instituciones que conforman la estructura del sistema democrático ya que, en su opinión, son factores que han sido "esenciales" para la convivencia durante las últimas décadas.
A continuación, se dirigen al Gobierno de coalición, al que apelan para que "ponga fin a sus discrepancias internas" y evite las "divergencias expresadas en declaraciones públicas", en especial las realizadas "por algunos de sus miembros contra la Jefatura del Estado", en referencia a las palabras contra Felipe VI que tuvieron ministros como Alberto Garzón o Manuel Castells en los primeros días de octubre.
Los firmantes subrayan en ese punto que este tipo de manifestaciones "vulneran gravemente la voluntad del pueblo español que aprobó la Constitución, en la que se establece la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español". Tras ello, exhortan a todos los poderes públicos, "en particular al Gobierno de España", para que respeten al Rey como "símbolo de la unidad y permanencia del Estado, cuyas funciones constitucionales deben ser facilitadas".
En este sentido, hacen hincapié en que excluir a Felipe VI "de actos institucionales en los que su participación ha sido una constante en los años anteriores, es una forma de proceder que va contra los propios actos del Gobierno", una clara alusión al veto del Ejecutivo a la presencia del jefe del Estado en Barcelona en la entrega de despachos a los nuevos jueces.
Asimismo, reclaman a todas las instituciones el "máximo respeto" a los principios del estado social y democrático de derecho, "en especial al principio de legalidad", por lo que exigen "su estricta sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", tal como establece su artículo 9.1 de la Carta Magna.
"Intentos de desestabilizar la democracia"
Tras ello, el manifiesto insta al Gobierno "a que actúe de manera firme y terminante contra los comportamientos" que, desde determinadas instituciones autonómicas, siguen intentando "desestabilizar la democracia" y con ello "erosionando el sistema autonómico y la unidad de la Nación española".
Ante la pandemia de coronavirus que sufre el país, los firmantes exigen a todos los poderes del Estado un "urgente y firme compromiso" para coordinar las administraciones y sus recursos, particularmente los sanitarios. En el caso de los partidos políticos, reclaman que centren sus esfuerzos "en alcanzar los acuerdos necesarios para atender a los españoles, dejando a un lado sus intereses políticos y electorales".
Además, urgen a los poderes del Estado para que todas sus "actuaciones y decisiones" sean acordes con la Constitución, poniendo fin a su "utilización espuria" para lograr "fines distintos de los que exige la democracia".
Este manifiesto "no va contra nadie" y que su respaldo "tiene un carácter trasversal, aboga por la tolerancia y colaboración de todas las instituciones contempladas en la Constitución"
En último lugar, muestran su "decidido apoyo" a Felipe VI como "símbolo de la unidad y permanencia del Estado democrático", al igual que a todas las instituciones contempladas en la Constitución, "en cuyos principios y valores se han fraguado la libertad, la paz y el progreso que hemos disfrutado los españoles durante estas últimas décadas, tras la aprobación de nuestra norma fundamental".
Los promotores de esta iniciativa -sobre todo, los populares Javier Rupérez y Juan Van-Halen, y los socialistas Pedro Bofill y Fernando Sanz- subrayan en una nota de prensa que este documento "no va contra nadie" y que su respaldo "tiene un carácter trasversal, aboga por la tolerancia y colaboración de todas las instituciones contempladas en la Constitución, cuyos principios y valores ha hecho posible que los españoles hayamos vivido el periodo la libertad, de paz y progreso más amplio de nuestra historia".
Entre los firmantes del escrito (leer abajo) hay más de 50 catedráticos de universidad, una treintena de embajadores, así como una cifra similar de empresarios, periodistas, representantes de la cultura y más de un centenar de antiguos dirigentes y responsables políticos.
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Nota de prensa y manifiesto... by Vozpopuli
En agosto ya hubo una iniciativa similar de este grupo de exparlamentarios del PP y PSOE, en la que se puso en valor el reinado de Juan Carlos I tras la salida del país del Rey emérito, del que se defendía su presunción de inocencia. En aquella ocasión, el manifiesto contó con 75 firmas de exministros y altos cargos populares y socialistas.
Entre los firmantes del documento se encontraban el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra; exministros de UCD como Rodolfo Martín Villa, o del PP como Rafael Catalá, Jaime Mayor Oreja, Esperanza Aguirre, José Ignacio Wert o Ana Pastor, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión no aparecen entre las 360 personas que suscriben el nuevo manifiesto.
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