Noel López, exnúmero tres del PSOE en Andalucía, intentó evitar 'in extremis' su dimisión tras verse salpicado por el caso del secuestro de la concejal de Maracena. El político cargó contra el juzgado que pidió que se le investigara alegando que se enteró antes por la prensa de los hechos y que, cuando le notificaron formalmente el asunto, ya era "tarde para evitar un daño irreparable", en alusión velada a los comicios municipales del 28-M.
La causa, que ha sufrido un giro de 180 grados ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia andaluz de investigarle por falta de indicios sólidos, despeja el camino de López, al menos por el momento. Pero el exsecretario de Organización del PSOE andaluz trató de evitar una respuesta tardía y, por eso, no solo denunció la coincidencia del estallido del caso con las elecciones, sino que incluso se ofreció a declarar de "urgencia" para tratar de probar su inocencia.
Así se desprende del último auto de la causa, en el marco del cual consta que su defensa pidió el 31 de mayo poder comparecer ante el TSJ andaluz; órgano que entonces estaba estudiando si abrir una investigación contra los tres políticos por haber planificado, presuntamente, el secuestro de la concejal Vanessa Romero. "Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, por medio del presente escrito interesamos que con toda urgencia se libre exhorto para que se acuerde recibir declaración, igualmente a la mayor brevedad posible", pidió su defensa.
Declaración de urgencia
La petición se formuló el 31 de mayo, apenas días después de los comicios municipales y tan solo a horas de anunciar su dimisión como número 3 del PSOE de Andalucía. Sin embargo, la Justicia no atendió su petición ya que, antes de ofrecer su testimonio, debía resolver el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) si abría o no causa contra él, la alcaldesa, Berta Linares, y su mano derecha en el Ayuntamiento de Maracena, Antonio García Leyva, por inducción al secuestro.
La respuesta del órgano se ha conocido ahora y es contraria, por ahora, a abrir investigación penal contra ellos. Los magistrados del TSJ han devuelto las diligencias al Juzgado de Instrucción número 5 de Granada porque entienden que ha remitido las actuaciones sin pruebas de peso para actuar contra ellos. "No basta cualquier sospecha o conjetura. Es necesario que se detecten indicios de responsabilidad", alegan.
El conocimiento de esta causa llega a través de la prensa, como también la noticia de la elevación a la Sala del TSJ. Con posterioridad nos han notificado, pero vista la repercusión y las fechas, ya era tarde para evitar un daño irreparable
Sin embargo, el retorno del procedimiento se produce tras las dimisiones anunciadas por Noel López y su prima, Berta Linares, hasta ahora alcaldesa de Maracena. Los dos políticos junto con la mano derecha de Linares en el consistorio pidieron al juzgado que enviara toda la causa del secuestro al TSJ apelando a la "conexidad" de lo investigado.
El magistrado no actuó en ese sentido ya que remitió a este órgano solo la parte que afectaba a los políticos del PSOE por la condición de aforado de Noel López. No obstante, él seguía adelante con las diligencias en las que por ahora solo figura un único imputado: el autor material de la detención ilegal, Pedro Gómez. Tanto este como la víctima han declarado ya sobre el asunto. Con sus testimonios, las evidencias telefónicas y los informes policiales el juez consideró pertinente enviar la exposición razonada, pero el TSJ le pide que practique más diligencias.
Las drogas del secuestro
Ante la negativa del juez de enviar la causa compacta al órgano superior, los afectados pidieron personarse en las diligencias de Granada. Al respecto argumentaron que querían tener acceso a estas actuaciones ya que lo investigado en este juzgado tendría incidencia directa en esta segunda vía que se podría abrir para ellos. La defensa de López, además, respaldó la pericial del análisis del cabello del presunto secuestrador para probar que él no le facilitó estupefacientes.
"Entendemos trascendental para la defensa de nuestro cliente, pues refuta taxativamente las afirmaciones vertidas en el juzgado a si se facilitaron sustancias psicotrópicas al encausado principal y que ahora se acredita que no los consumió al menos en los tres últimos meses a la toma de la muestra", alegó hace apenas unos días su defensa al juzgado, la cual denunció también que no se diera traslado de este asunto al TSJ que tenía pendiente responder acerca de si abrir o no causa contra ellos.
Pese a los intentos de los políticos por entrar en la causa el magistrado se niega y ratifica su criterio inicial. El motivo esgrimido en su último pronunciamiento de este mismo miércoles es que ni tan siquiera explican en qué condición quieren personarse en la causa.
Para empezar, expone, no están imputados en la causa. Tampoco son acusaciones populares o particulares. "No ostentan la condición de investigados ni de ninguna de las otras figuras previstas procesalmente para ser parte procesal, de modo que no parece que tengan la posibilidad de instar a la práctica de diligencias ni de intervenir", responde el instructor Josep Solà.
Pendientes de la Audiencia
De esta manera cierra la puerta a la personación de los tres políticos, por lo que seguirán sin tener acceso a las actuaciones, al margen de lo que responda la Audiencia Provincial sobre el recurso interpuesto contra el auto del juez por el que se pedía investigarles. El magistrado se amparaba principalmente en el testimonio de Gómez, el cual dijo que actuó tras el plan urdido por los tres políticos y ante la enemistad manifiesta de la alcaldesa de Maracenas (y novia suya en el momento de los hechos) con la otra concejal.
Gómez dijo que el objetivo era "darle un susto" y robarle el móvil para requisarle la información que tenía sobre presuntas irregularidades en el área de Urbanismo bajo la alcaldía de Noel López. Sin embargo, la concejal no ocultaba dichos expedientes en el móvil; sino en el maletero de su coche donde sufrió el secuestro. El magistrado ya ha ordenado a la Guardia Civil que los investigue de cara a esclarecer si se vislumbra la comisión de algún delito.
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